La distancia entre la ética y la política no puede existir. Ambas deben ir juntas, porque una sociedad no será sana si los ciudadanos no saben distinguir entre las prácticas de corrupción de los gobernantes y las de aquellos que cumplen con honestidad sus obligaciones públicas.

Esto relaciona a las personas con la forma en que encaran el ejercicio de sus funciones; y si bien no es nada nuevo en la historia, la única respuesta es la transparencia de la gestión porque los más perjudicados siempre serán los que pagan tarifas e impuestos, sin recibir del Estado los servicios a los que tienen derecho.

Hace unos años, el recientemente fallecido exsenador Fernández Huidobro y el entonces senador Enrique Rubio escribieron un libro de denuncias contra las autoridades de Ancap de la época, lo que motivó la creación de una Comisión Investigadora con el voto favorable de la oposición. Las conclusiones no tuvieron consecuencias políticas ni determinaron la intervención de la Justicia.

Los tiempos cambiaron, el Frente Amplio con mayorías parlamentarias impuso leyes votadas con "brazo enyesado", de pésima técnica legislativa y variados artículos declarados inconstitucionales, total o parcialmente, en diversas ramas del Derecho.

Es así como la corrupción ganó su espacio en pequeñas y grandes decisiones. Los conocidos escándalos en la Dirección de Casinos Municipales (persona de confianza del ministro Astori) y de Pluna derivaron en los procesamientos del director Bengoa, del ministro de Economía y del presidente del Banco de la República, que se vieron envueltos en una de las tantas marañas de Mujica. Este "salvó el pellejo" porque sus jerarcas negaron que el presidente fuera el gestor de todo un andamiaje de reuniones informales, amenazas y decisiones tan ilegales como inoportunas.

Pero Mujica sigue respondiendo con ironías a todos los señalamientos que lo hacen responsable de la destrucción de los valores de nuestra sociedad. Peor aún, se muestra ante el mundo como un personaje de ficción, un "Topo Gigio" desaseado, inventor de expresiones como la de "como te digo una cosa te digo la otra", o que "lo político prevalece sobre lo jurídico".

En consecuencia, y volviendo a lo del principio, el "folletín" de Fernández Huidobro y Rubio pasó a ser una tira cómica a partir de que el Sr. Sendic, al sustituir en la presidencia de Ancap al inefable "planificador estratégico" Daniel Martínez (actual Intendente de Montevideo), en su ignorancia intelectual lanzó su idea de que el motor del desarrollo del país eran las Empresa Públicas.

Los resultados están a la vista y la Justicia, seguramente en poco tiempo, identificará responsabilidades penales y civiles originadas en la "orgía" asociativa que mezcló a Ancap con la Pdvsa de Chávez y con empresas brasileñas, que derivó en la construcción del costoso castillo de naipes de ALUR, surgida como sociedad de derecho privado para evitar el contralor del Tribunal de Cuentas.

El propio Mujica, con su usual descaro, justificó tales aberraciones fundando la necesidad de un "Estadito paralelo" para eludir las "trancas burocráticas"; y tan poco respetó la Constitución y la ley que desde su "quincho" ecuménico, propio del tango "Cambalache", llegó a afirmar que los procesados por su responsabilidad directa, si de él dependiera, volverían a sus cargos.

Mientras tanto, el falso licenciado, actual vicepresidente, transformado en un criollo Marco Polo, se mantiene inmutable ante las destituciones de gerentes de su confianza y de las pruebas que confirman su caótica gestión. Lo mismo sucede con la Sra. Cosse —quien saltó a la fama como presidenta de Antel y hoy está en el gabinete con ínfulas de convertirse en primera ministra—, quien estaba al tanto pero nada dijo sobre el acuerdo en ALUR de los aumentos salariales cada dos meses, y que ahora ha sido citada por la Comisión de Industria del Senado para que explique qué se ha hecho en Ancap luego de las "irregularidades" y "problemas de gestión" constatados en la Investigadora. El auxilio del gobierno central y los sobrepecios por los combustibles que cobra directamente Ancap han disimulado los números. ¿Pero eso es suficiente? El reciente episodio de ALUR (y el reiterado exceso de generosidad con los dineros ajenos) parece indicar que hay cosas que siguen igual.

Ética y política son inseparables como se ha dicho, por lo que aquel libro de los senadores del Frente Amplio publicado en el año 2004 no tendrá otra edición. En todo caso, a la Justicia corresponderá escribirlo, aunque seguramente habrán nuevos capítulos a desarrollar en varios tomos.

EDITORIAL