Aun cuando las encuestas sigan dando buenos niveles de aprobación al gobierno, la puja por no derogar la Ley de Urgente Consideración no puede darse por ganada.

En primer lugar aún faltan varios meses para que la consulta se haga, una vez confirmado que las firmas están. La situación del país puede variar de aquí a entonces; los humores ciudadanos también. Por lo tanto, sería tonto confiarse en que el resultado de una encuesta hecha hoy asegura una votación favorable para mañana.

En segundo lugar, es necesario tener en cuenta la formidable capacidad que tiene el Frente Amplio para remontar situaciones adversas. Eso se observó en la segunda vuelta de las elecciones de 2019 donde si bien no logró ganar, obtuvo más respaldo que en la primera vuelta. Algo similar ocurrió con la recolección de firmas para habilitar esta consulta. Algunos creían que no llegarían y sin embargo en el tramo final y casi sobre el plazo, se lograron.

Esa capacidad de “remontada” está ligada a su método de trabajo. No gol-pean puertas al azar. Saben qué puertas tocar y saben sobre qué sensibilidades presionar. Tienen un objetivo y buena puntería.

En tercer lugar, la oposición no irá contra lo que la ley dice, sino contra lo que ellos quieren que la ley diga. Esto complicará cualquier debate y pondrá a la coalición de gobierno en una posición defensiva, aclarando permanentemente que las cosas no son como dicen los que quieren derogar la ley. En esa trampa no hay que entrar. El Gobierno y los partidos de la coalición deben tomar la ofensiva y arrinconar a sus adversarios, demostrando que la ley es buena y que los argumentos opositores son endebles.

Hay entusiasmo en todos los partidos socios y si algo hizo esta consulta, es darle a la coalición una causa común que los unifica y tonifica. Esa realidad necesita ser potenciada.

Como ya se dijo tantas veces, es dudoso que los debates televisados sirvan para algo. Esta no es una campaña para promover figuras a cargos electivos y por lo tanto no se trata de lucirlos frente a sus contrincantes. El objetivo es otro: es convencer a la gente que el gobierno va por buen camino y la ley funciona. Ese trabajo de persuasión debe hacerse sin las interferencias y ruidos típicos de los debates televisados.

Hay que hablarle directo a la gente usando todos los medios: los tradicionales, las redes y el puerta a puerta. Hacerlo en los pueblos más alejados y también en los barrios capitalinos más complicados.

No es cuestión de sentir que el calor de la gente que no vive en Montevideo los arropa. Hay que salir a la intemperie, a las zonas que a primera vista aparecen como políticamente más hostiles. Quizás así se descubra que no lo son tanto.

La ley lleva ya un año de vigencia y en muchos aspectos ya demostró su eficacia. Reordenó la administración de la educación dejando como forma colegiada solo a su Consejo Directivo Central y transformando en unipersonal la dirección de cada una de las tres ramas, lo cual las ha hecho más eficaces.

La oposición y los sindicatos dicen que la ley privatiza la enseñanza pública. No es cierto. No hay un solo artículo que siquiera insinúe tal cosa. En todo caso, privatizada estaba antes cuando los sindicatos marcaban presencia en todos los consejos. ¿O es que alguien cree que los sindicatos son instituciones del Estado?

Gracias a la ley, la actuación contra la delincuencia es mucho más eficaz. Se ven los resultados y se espera aún más avances en el futuro, en la medida que la ley siga vigente.

A los sindicatos les enoja esto de que el derecho de la huelga sea respetado pero que ese derecho excluya la pretensión de ocupar los lugares de trabajo y reconozca el derecho a trabajar de quienes quieren hacerlo. Eso les quita la posibilidad de presionar con su tradicional lógica patotera, y por esa vía siente que flaquea su presunto poder.

Sin embargo todo indica que el movimiento sindical ya viene perdiendo prestigio y espacio ante la opinión pública. Su estrategia de plantear paros agresivos es muy irritante y ante esos abusos mucha gente trabajadora piensa que la LUC defiende sus legítimos derechos.

Todo indica que el humor del país que llevó en 2019 a un cambio de gobierno, persiste. Sin embargo, ese humor por sí solo no es suficiente para defender la ley y decirle no a su derogación, pero es un punto de partida interesante.

El resto se conseguirá gracias al esfuerzo desplegado por la coalición con inteligencia, buena estrategia y clara empatía con el sentir de la población.