EDITORIAL

Unos meses atrás, cuando las elecciones internas recién entraban en su etapa de definición, Búsqueda publicó un informe que destacaba el abundante uso (y abuso) de las cadenas nacionales de radio y televisión y campañas públicas por parte del Poder Ejecutivo, un regalito extra que vino con la Ley de Medios. A junio de este año el gobierno de Vázquez ya había emitido 61 mensajes de promoción de su gestión.

El artículo 95 de esa Ley, aprobada con los votos exclusivos del Frente Amplio, habilitó al Poder Ejecutivo a imponer hasta 15 minutos diarios de emisión gratuita en todos los medios audiovisuales "para realizar campañas de bien público sobre temas tales como salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, seguridad vial, derechos humanos y combate a la violencia doméstica y la discriminación, por parte de organismos públicos y personas públicas no estatales".

El primer problema es que la definición de lo que es una campaña de bien público corre por cuenta del propio Poder Ejecutivo. El segundo, es que cada vez se usa más ese instrumento, en los horarios que libremente elige el gobierno, que gasta implacablemente (por lo menos en los canales de aire) sus 15 minutos por día y que casualmente son los de mayor audiencia y mejor cotizados. Y el tercero es que las campañas de bien público han tenido desde un principio un perfil político-publicitario, que se ha agravado con la cercanía del acto electoral.

La desesperación hace perder la noción de los límites. Como dijo el senador Pablo Mieres, “es inevitable vincular el incremento de este instrumento abusivo y antidemocrático con la creciente pérdida de apoyo a la gestión gubernamental y al partido de gobierno” (Montevideo Portal).

Esto, además, viene de la mano con un grave perjuicio para los canales: se estima que el uso de estas “emisiones oficiales de trasmisión simultánea” les cuesta a cada uno alrededor de 800.000 dólares por año porque son espacios (los mejores espacios) de los cuales no pueden disponer. Y a las radios, grandes, medianas o pequeñas, ¿cuánto les significa esta intromisión?

En estos meses ha estado en el aire ese apóstol del clientelismo que es el Mides en una campaña por nuevos voluntarios y el Sistema Nacional de Cuidados, pero también desfiló gente sollozando de felicidad porque OSE le conectó el agua, o UTE le llevó la luz (de apagones mejor no hablar) o algunos famosos contentísimos porque la ma-rihuana iba a eliminar el narcotráfico y, obviamente que entonces la inseguridad iba a desaparecer. El “hito” de los últimos tiempos ha sido la campaña de la OPP por “1.500 obras en 1.500 días” donde no tuvieron el mínimo rubor en incluir obras llevadas adelante por los gobiernos departamentales, ante el estupor y la bronca de los intendentes y ahora un aluvión de propaganda sobre los logros de la educación.

No sorprende entonces la molestia y la crítica de la oposición: de “indecorosa y abusiva publicidad oficial” la calificó el expresidente Julio María Sanguinetti, en tanto para el senador nacionalista Javier García “es un escándalo la utilización de medios y recursos del Estado, con avisos lacrimógenos que está poniendo el oficialismo de manera camuflada en la campaña para el partido de gobierno”.

Pero, para el FA, todo vale. El problema es que las dificultades en ponerse de acuerdo en lo que quiere y piensa impulsar con Daniel Martínez no convence a nadie y está encorsetado por un programa de gobierno, manejado por los sectores más radicales, que apuesta entre otras cosas, a aumentar los impuestos -con o sin “interpretólogo”, lo dice el programa de su partido- y a intentar vender como buenos cinco años de gobierno donde no se hizo absolutamente nada y dejan el país muy cercano al precipicio.

Apelar a las “ventajas” del poder para su propio beneficio no es nada nuevo para el trasnochado oficialismo. El abuso de las campañas de radio y televisión o las publicidades oficiales (que no son nada nuevo y repiten lo de 2014 con las maravillas de Ancap que nos trajeron a Sendic), se lleva a cabo en momentos en que los partidos políticos están impedidos por ley de realizar publicidad electoral hasta 30 días antes de las elecciones, pero eso no incluye al Frente Amplio. Está a la vista y no se necesita ser demasiado astuto para llegar a la conclusión de que aquí hay trampa. Muy parecida a la que hace Nicolás Maduro en Venezuela.