EDITORIAL

No solo no vamos bien, sino que los asesinatos son más numerosos que antes, la mitad de ellos quedan impunes y casi dos tercios se cometen contra personas sin antecedentes penales.

Las estadísticas del Ministerio del Interior sobre asesinatos debieran realmente alertar a toda la opinión pública. En los primeros 50 días de 2018 hubo 58 asesinatos en todo el país. Durante el 2017, fueron 283 homicidios en total, es decir, 15 más que en 2016. Evidentemente, la inseguridad no mejora sino que está cada vez peor.

Hay tres datos generales que pintan el desolador panorama de inseguridad generado por esta verdadera epidemia de asesinatos. El primero es cuándo fue que se inició este proceso de mayor cantidad de homicidios. En efecto, a partir de 2012, y sobre todo por el aumento de crímenes en Montevideo, las muertes violentas pasaron a ser siempre superiores a los 260 casos por año. El segundo es qué antecedentes tenían las víctimas: la verdad es que prácticamente dos de cada tres de los muertos no contaban con antecedentes penales. El tercero es qué edad tenían las víctimas: eran sobre todo jóvenes. En concreto en 2017, en 161 casos los muertos tenían entre 18 y 38 años.

Es más, desde 2013 el peso relativo de ese grupo de edad pasó de 49% a 57% del total de los homicidios.

Hay otro dato llamativo que surge de las estadísticas oficiales, y es que el gobierno ha pasado a aceptar casi que con total naturalidad los homicidios dentro de las cárceles. A partir de 2013-2014, se pasó de tres homicidios a nueve en total en las cárceles; fueron 16 en 2016 y pasaron a ser 18 en 2017: en Uruguay por tanto, en promedio muere violentamente un preso cada 20 días.

En lo que va de este año, ya van tres muertos: dos en la cárcel de Canelones y uno en el Comcar. Por la vía de los hechos, el gobierno decidió dejar así instalada una pena de muerte tácita y salvaje en los establecimientos carcelarios, esos que en pura teoría es su obligación custodiar. Sin juicio ni garantía alguna, ha dejado que prime la feroz ley del más fuerte.

Pero las cifras más graves son las de la inseguridad en la capital del país. La estadística oficial señala 161 asesinatos en Montevideo en 2017. En comparación, son muchos más que los homicidios que hubo en el mismo año en París (42) o en Roma (37), capitales con poblaciones que prácticamente duplican la nuestra. Pero si queremos compararnos con la región, la estadística de Montevideo lleva a que tengamos una tasa de homicidios de cerca de 12 cada 100.000 habitantes, es decir, casi cuatro veces superior a la de Ciudad de Buenos Aires.

Dentro de Montevideo hay diferencias por zonas, muy notorias, que también muestran hasta qué punto vivimos en una sociedad geográficamente partida. Por un lado, en Malvín, Pocitos o Punta Carretas se registró solo un homicidio en cada barrio en todo 2017. Pero por otro lado, si sumamos los asesinatos ocurridos en los barrios Casavalle, Tres Ombúes-Pueblo Victoria, La Paloma-Tomkinson, Flor de Maroñas, Colón-Abayubá y Malvín Norte, se alcanza la cifra de 64 homicidios en total. Es un dato impactante: representa cerca del 40% del total de Montevideo y lleva a que en ella la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes sea equiparable a la de las peores ciudades del mundo.

Evidentemente, aquí no hay posibilidad de echar culpa alguna a una supuesta herencia maldita de décadas anteriores, ya que el salto en mayor inseguridad se dio a partir de la administración de Mujica. Todo es, pues, responsabilidad del Frente Amplio en el gobierno y en particular del fracaso del equipo de Bonomi a la cabeza del Ministerio del Interior. Un fracaso que queda claramente reflejado en esta otra pavorosa cifra de las estadísticas de 2017: del total de asesinatos, prácticamente la mitad, 141 en total, no fueron aclarados, es decir, quedaron impunes.

Hace algunas semanas que el oficialismo y los comentaristas afines a la izquierda están tratando de hacernos creer que estamos mejorando en la situación de inseguridad que sufre el país. Sin embargo, cuando se analizan las cifras oficiales queda claro que la realidad es bien diferente: no solo no vamos bien, sino que los asesinatos son más numerosos que antes, la mitad de ellos quedan impunes y casi dos tercios de ellos se cometen contra personas sin antecedentes penales. Como con los casos de hurtos y rapiñas, el mapa del delito muestra una sociedad geográficamente partida en la que los más pobres, y también los más jóvenes, son los que sufren relativamente una mayor inseguridad.

Los datos que arrojan las estadísticas del Ministerio del Interior son muy preocupantes. Estamos sufriendo una epidemia de asesinatos.

Ya es hora de que dejen de intentar hacernos creer lo contrario.