La ministra de Economía, Azucena Arbeleche planteó en la Asamblea del BID que Uruguay, con ayuda del organismo y el PNUD, piensa en emitir un bono soberano indexado a indicadores ambientales.

Ya la Unidad de Gestión de Deuda había adelantado que exploraba la factibilidad de lanzar un “bono verde” o “bono social”. El gobierno uruguayo busca capitalizar y potenciar las fortalezas de nuestro país en aspectos (ESG) ambientales, sociales y de gobernanza. A su vez, la filial del Banco español BBVA en Uruguay anunció la semana pasada, la emisión del primer bono sostenible en el mercado financiero uruguayo, a 10 años y por un monto de hasta US$ 15 millones. El título pagará una tasa variable Libor y la operación apunta a financiar hasta en un 40%, proyectos con un enfoque en temas ambientales, como eficiencia energética, transporte, agricultura y construcción sostenible. El otro 40% se destinará a las “mipymes”, a la disminución de la brecha de género y a jóvenes emprendedores. El 20% restante se asignará de forma discrecional a uno u otro sector. Uruguay es una de las 10 naciones de América Latina, comprometida a descarbonizar la economía y ya es un referente, junto con Costa Rica, en transición energética. Lo cual abre la oportunidad de recibir inversiones, puesto que las economías bajas en carbono y la inclusión social económica, son poderosos atractivos

Pero no solo el Estado o la banca internacional se interesa en los bonos verdes. Hace muy poco, Francisco Bonino, de la empresa forestal AF, concretó la venta al exterior de 210 mil toneladas en bonos de carbono a dos compradores europeos. La cantidad de dióxido de carbono (CO2) que se compensa con la venta de estos papeles, para dar una idea, equivalen a 400 mil vuelos Montevideo-San Pablo ida y vuelta, según ejemplificó el empresario. Los bonos de carbono son una herramienta internacional para compensar voluntariamente las emisiones de gases de efecto invernadero de parte de empresas autorizadas a usar este mecanismo a fin de cumplir con las metas ambientales de Kioto.

Las plantaciones forestales con las que hoy cuenta Uruguay abarcan 1.000.000 de hectáreas. Ocupan un 7% de la superficie destinada a producción agrícola ganadera, mientras en Nueva Zelanda, nación referencial, son un 12%. Estas arboledas, sumadas al monte nativo que a diferencia de la mayor parte del mundo, ha ido en aumento, permiten el secuestro de CO2 de la atmósfera. Esto lleva a que Uruguay esté muy bien considerado por su balance neto negativo, respecto de ese gas.

Sin duda, una interesante situación luego de la mala fama adquirida por la ganadería, nuestro principal y emblemático rubro de exportación, en épocas de más conciencia ambiental. La actividad forestal, que hoy ocupa el segundo lugar en el sector exportador, tiene varios efectos positivos, aparte de ser una gran generadora de empleo. Hoy ocupa a 18.000 personas y son 25.000, con indirectos. Para 2024 se calcula que representará el 6% del PBI, siendo esto posible gracias a una política de estado mantenida en el tiempo a partir de la ley N° 15939 de 1987 e impulsada activamente en los 90.

Según lo afirmado por el académico García Prechac, exdecano del MGAP, “los suelos forestales ganan contenido de carbono orgánico, el indicador más importante de la calidad del suelo”. Baja la erosión que afecta directamente a la productividad y ayuda a la remisión de CO2. A la vez, se da una menor sedimentación en las fuentes de agua debido al menor corrimiento de la misma. Los bosques intervienen en el ciclo hidrológico pero de acuerdo a un estudio técnico, la afectación no resulta en una amenaza o restricción de la disponibilidad de agua para el consumo humano ni otros usos (riego, actividad agropecuaria, energía hidroeléctrica) ni tampoco se encontraron diferencias en la recarga de agua subterránea.

Sin embargo, desde uno de los partidos que componen la coalición de gobierno, Cabildo Abierto, ha surgido un proyecto que ya obtuvo media sanción en diputados, con los votos del Frente Amplio, que va en sentido opuesto a la estrategia apoyada durante décadas por los gobiernos de todos los colores. Menéndez, veterinario de profesión, ligado a la ganadería y al arrendamiento de campos, que lógicamente han subido de precio a consecuencia de las posibilidades forestales, pretende con esta ley no solo mayores regulaciones sino inclusive prohibiciones. Algún aspecto del proyecto podría ser aceptable si fuese algo moderado que no atente demasiado con la libertad y el plan de gobierno. Pero mucho cuidado con la reglamentación, por ej. del Art 5°, si finalmente se aprobara.