EDITORIAL

Los enchufados frenteamplistas también ocupan discretas secretarías o asesorías muy bien pagas en reparticiones burocráticas sobre las que la opinión pública no presta tanta atención.

En la órbita de Presidencia de la República trabajan secretarios y burócratas que bien pueden merecer el calificativo de enchufados al Estado: se trata de jerarcas que cobran buenos salarios pero cuyas tareas y utilidad son muy relativas. Vale la pena mencionar tres ejemplos de esta frenteamplista y discreta forma de desarrollar el clientelismo.

Búsqueda informó el jueves pasado acerca del contrato con el que Presidencia benefició a Ricardo Gil, actual presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). En efecto, resulta que antes de ser nombrado en ese cargo que dio a Gil cierto protagonismo mediático, el ex militante de extrema izquierda de los años setenta, había sido contratado con un suculento salario que lo situaba entre las remuneraciones de las franjas más altas que se perciben en el país.

Desde 2015 y en su lugar en Presidencia, Gil brindó cursos de capacitación sobre lavado de activos y colaboró en redactar proyectos de ley. Más raro, empero, es que también haya asesorado a la Justicia, porque esa tarea debiera de al menos haber llamado la atención de un funcionario vinculado a Presidencia que conoce la separación de poderes propia de un régimen republicano de gobierno.

En definitiva, la espera de más de un año de Gil para recibir la venia parlamentaria para ocupar su cargo en Jutep fue bien enchufada, a un costo de unos 4.000 dólares mensuales. Eso sí, el curro- asesor no impidió luego al ex -guerrillero embanderarse con la defensa de la ética pública y señalar a unos y a otros su concepción hierática del deber ser moral. Cosas veredes, amigo Sancho.

Otro caso bien conocido es el de la secretaría de derechos humanos (DDHH) situada en Presidencia, no porque alguien recuerde quien ocupa tal cargo sino por las altas pretensiones de dicha secretaría: promover la "perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas, cumpliendo las funciones de promoción, diseño y coordinación, así como su seguimiento y evaluación". En realidad, nada de eso ocurre. ¿O alguien recuerda, por ejemplo, que esa secretaría haya sido crítica de la grave situación que padecen centenares de presos en las cárceles del país y que ha sido denunciada por el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario en más de una ocasión?

Por poner otro ejemplo actual: ¿acaso esa secretaría dijo algo crítico, como sí señaló la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, con respecto a la información privada que Presidencia colgó sobre aquella persona vinculada a Colonización que discutió públicamente con el presidente Vázquez? Por supuesto que no. En realidad, la secretaría de DDHH de Presidencia es otra dependencia que sirve sobre todo para enchufar a algún compañero frenteamplista a un costo de remuneración que, como en el caso de Gil, se sitúa dentro de las franjas más altas del país.

Un tercer ejemplo surge de la comparecencia del consejo ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP) a una comisión de Diputados sobre la cual informó hace unos días El Observador. Allí quedó claro que esa oficina burocrática depende de la Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, que a su vez depende de Presidencia de la República. Es cierto que ese consejo no resulta tan oneroso para el contribuyente como el ex -asesor Gil o el secretario de DDHH de Presidencia, porque cada integrante cobra una dieta fijada por ley. Pero también es cierto que cuando se precisa que actúe con determinación en hechos importantes, no lo hace. En efecto, para el caso concreto de esta URCDP que existe desde 2009, es difícil encontrar un episodio en el que tenga más legitimidad para tomar medidas que el de la información que filtró secretaría de prensa de Presidencia acerca del colono que discutió con Vázquez. Pues bien: no hizo absolutamente nada porque, evidentemente, no tiene independencia institucional para actuar, igual a como ocurre con la secretaría de DDHH de Presidencia.

El clientelismo frenteamplista en el Estado no solamente ocurre por el fenomenal aumento que todos conocemos de decenas de miles de funcionarios públicos en esta década. Los enchufados frenteamplistas también ocupan discretas secretarías o asesorías muy bien pagas en reparticiones burocráticas sobre las que la opinión pública no presta tanta atención.

Muchas veces cumplen mal sus finalidades o incluso se superponen con las tareas de otras dependencias estatales. Estos tres ejemplos de Presidencia son en este sentido muy elocuentes.