EDITORIAL
diario El País

El empujón de Zabalza

El viernes 15, una semana después que el candidato Daniel Martínez dialogara con el tupamaro Jorge Zabalza durante su recorrida por el barrio Santa Catalina, se conoció que la Administración Nacional de Puertos -titular del espejo de agua de esa zona- había enviado un telegrama a Gas Sayago intimando la demolición de los 71 pilotes de 50 metros de largo allí “plantados”, bajo apercibimiento de rescisión del contrato de concesión sin derecho a indemnización. Todo parece indicar que el comentario de Zabalza fue el disparador de esta intimación, lo que agrega una muesca más al inventario de disparates de la Regasificadora.

El viernes 22, el Presidente de la ANP Alberto Díaz informó que había caído la concesión. Chau Regasificadora.

Esta obra faraónica de 1.125 millones de dólares consistía, a grandes rasgos, en la construcción de un muelle e infraestructura último modelo, donde sería instalado el buque tanque de gas natural licuado más grande del mundo. El buque sería de 345 metros de largo (eslora) por 55 de ancho (manga) construido por la empresa japonesa MOL, con una capacidad de almacenamiento de 263.000 metros cúbicos de gas licuado. La capacidad de producción de la Regasificadora sería de 10 millones de metros cúbicos de gas diarios y se podría ampliar a 15 millones.

El destino del gas sería un 10% para atender la demanda interna uruguaya y un 90% para abastecer el mercado argentino. Si señores. Uruguay, que obviamente no tiene gas, estaría en condiciones de satisfacer las necesidades de gas del mercado argentino, porque la escasa visión de CFK -presidenta en aquel momento- la había llevado a rechazar la invitación uruguaya para ser copropietaria. Eso sí, comprarían el 90% lo que sería un gran negocio para nuestro país. El kirchnerismo no participaba del emprendimiento, pero lo financiaba en un 90%. Así por lo menos lo “vendía” el gobierno de José Mujica.

Pero la realidad decía otra cosa. Argentina se abastecía de gas boliviano y más allá de ciertas dificultades momentáneas, tenía (y tiene) dos regasificadoras (una en Bahía Blanca y otra sobre el río Paraná) y, además, ya empezaba a disfrutar de las excelentes noticias que venían desde Vaca Muerta, que la convertían en potencia mundial de gas natural, solo superada por China y los Estados Unidos. Justito, pero igual el gobierno uruguayo siguió adelante.

El cambio de gobierno frenteamplista y el acceso de Tabaré Vázquez a la presidencia no cambió el panorama. Por lo menos al principio. “Se va a cumplir y la vamos a terminar en un tiempo prudencial”, fue la categórica afirmación del Presidente. Pero en poco tiempo pasamos de la utopía a la realidad. Con las obras paradas desde 2015, convirtiéndose en chatarra por su larga siesta a la intemperie y problemas a montones, Vázquez salió a decir que “Para el estado ha dejado de ser prioritaria la instalación de una planta regasificadora”. La doctrina Mujica de una cosa y la otra en todo su esplendor.

Por el camino quedaron los reiterados pedidos de informes, interpelaciones y hasta una comisión parlamentaria investigadora que se habían promovido desde la oposición, y quedó también un reguero de pérdidas que se estima -por ahora- en unos 200 millones de dólares, unos 700 obreros de la construcción pasados a seguro de paro y resultaron afectadas más de 300 empresas nacionales, de distintos porte y de los rubros más variados.

Las demandas judiciales contra Gas Sayago, constituida por UTE con un 79,35% y Ancap con el restante 20,65%, han trepado a unos 87 millones de dólares. Ambos entes públicos son “fiadores ilimitados, lisos y llanos” de las obligaciones de Gas Sayago. Y además, el Estado uruguayo otorgó -con la firma de Mujica presidente- “garantía soberana”, es decir, todo el Estado responde.

Pero hay otro temita en torno a la Regasificadora. OAS, una empresa brasileña investigada en torno al Lava-Jato, tuvo alto protagonismo en la corta vida de la Regasificadora. La justicia de ese país acaba de condenar a Fernando Pimentel, exministro de Industria de Dilma Rousseff a 10 años de prisión por tráfico de influencias y lavado de dinero vinculados con un proyecto de aeropuerto en San Pablo. Pimentel fue acusado tiempo atrás por el empresario Benedito Rodrigues (un “arrepentido”) de recibir tres millones de dólares de la empresa OAS para que realizara gestiones ante el gobierno uruguayo a efectos de la adjudicación de la obra de la Regasificadora y el Gasoducto.

Ahora, por lo menos, deberán desaparecer los 71 pilotes, testimonio de uno de los mayores fracasos frenteamplista en su rol de jugar al empresario con la plata del pueblo. Un detallecito: se pagó para clavarlos y ahora habrá que pagar para sacarlos. Sus días están contados.

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