Una vez más, se pone sobre el tapete el papel de las empresas públicas. Sobre ellas está tan extendida la polémica acerca de su gestión económica, que se olvida la otra discusión más relevante, que refiere a la misma pertinencia de las funciones que realizan.

Hay que saludar con beneplácito la preocupación de la recién instalada administración, contrastante con la anterior, en el sentido de procurar con severidad el logro de una gestión presupuestal equilibrada, no solo por razones de política antiinflacionaria sino, como se ha subrayado, de sostenibilidad de la deuda pública.

Sin motivos de alarma, alcanzará con realizar algunos ajustes no demasiado severos, como lo señala Moodys —calificadora de nuestra deuda soberana— para recuperar el equilibrio en parte amenazado. Pero todo esto refiere solo a lo económico, a lo que con preferencia se refieren periodistas y aun las nuevas autoridades de los entes. Ello no obstante, con ser algo relevante, no es lo que verdaderamente importa.

Es cierto, sin duda, que el balance de UTE, Antel y Ancap, —lo mismo podría decirse de los bancos públicos— constituye en sí mismo un motivo de preocupación. Esto tiene que ver por ejemplo con el tratamiento de lo que se llama la deuda contingente del país, que integra la calificación del riesgo soberano. En efecto, aunque aquellas empresas podemos decir que son autónomas, sus eventuales déficits, en tanto asociados a la garantía del país, constituyen otro escalón de análisis de las calificadoras internacionales. En un extremo podría decirse que si todas las empresas públicas, incluidos los bancos, estuvieran en una situación patrimonial comprometida, aunque autónomas, le introducirían su riesgo al del país, comprometiendo seguramente su nota. No es menor, por tanto, lo que ocurre con su balance.

Desde otro punto de vista, la pulcritud de sus números refleja la capacidad de administrar de los que a su frente han tomado decisiones, y así se los juzgará.

Por todo lo anterior, la preocupación por las cuentas de las empresas, asociadas a las del país, la necesidad de una buena gestión, todo ello debe celebrarse. Pero falta lo esencial, es decir la discusión acerca de las funciones que estas empresas cumplen, no solo si las hacen bien, sino si aquello a lo que se dedican tiene que ver con el propósito con el que fueron fundadas, y la Constitución prolijamente detalló. Por ejemplo parece aceptarse pacíficamente que funcionen como recaudadoras de impuestos.

No puede ser. Su posición monopólica hace que sea imposible evadir el impuesto que nos cobran al consumir energía, combustible o comunicaciones. Los impuestos se sabe que solo pueden generarse por ley; de manera que parece pertinente pensar si es correcto desde el punto de vista de la calidad institucional, que sin ley recauden. Como en el caso del Fondes, nacido al amparo de ganancias del Brou que debieron tener un destino diferente, ya sea cobrando menos intereses en los préstamos, o pagando más por los depósitos; pero dárselo a quebrados corresponde a la política tributaria, a la de gastos públicos, ambas aseguradas por una transparencia que el Fondes parece no tener.

Y queda la discusión sobre las funciones. En un contexto fiscal como el que viene, pero aun si estuviéramos ricos, no parece lógico que Antel se ocupe de gastar 50 millones de dólares, aunque fuera un buen negocio, en construir un estadio como el Antel Arena. O que Ancap se dedique a hacer realidad el sueño de producir azúcar en Bella Unión, tan válido como plantar palmeras datileras en Vichadero.

O que se dedique a promover cultivos para atender un nuevo monopolio, el de los biocombustibles que nadie le otorgó; o que fabrique cementos para la construcción. Cada vez que el estado avanza sobre cualquier rubro, excluye necesariamente de la actividad productiva al esfuerzo de la gente, quitando espacios para la actuación libre, y acometiendo propósitos que con frecuencia procuran fines electorales. Así, nos horrorizamos del muy argentino Fútbol para Todos, grosero entrevero institucional, intromisión del estado y fuente de muchas irregularidades, entre otras la captación espuria de votos. Y ocurre que Alur, el Antel Arena, la fabricación de agrocombustibles o de cemento, son de algún modo un Fútbol para Todos a escala criolla.

De manera pues que la discusión sobre equilibrios y balances es por demás pertinente. Pero lo que definitivamente importa es volver a señalar qué es lo que cada empresa debe hacer, y en especial cuáles son las funciones para las que se las creó, sin agregar nada: ni monopolios ni genialidades de algún jerarca; nada.

Editorial