EDITORIAL

Buena parte de la suerte del país en el futuro se juega en mejorar el funcionamiento de las empresas públicas, terminar de perder dinero por incapacidad, prebendas políticas y corrupción y establecer tarifas razonables.

El lunes la Confederación de Cámaras Empresariales, entidad que integran más de 25 cámaras empresariales de nuestro país, presentó una serie de propuestas al sistema político. Cubriendo un amplio abanico de temas, que van desde el tema impositivo al comercio exterior, pasando por la regulación del mercado de trabajo o la infraestructura. El sentido común es el denominador común de estas ideas, que bien merecen la atención de los partidos políticos, no como la respuesta al reclamo de un sector, sino en la medida que pueden ser provechosas para el país en su conjunto.

El documento sintético, que remite en muchos casos a otros trabajos con mayor desarrollo, aborda 14 áreas. La primera está destinada a medidas de corto plazo para que pueda instrumentar el actual gobierno. La desidia que ha mostrado la presidencia de Vázquez para abordar los problemas del país hace pasar por alto que aún le resta un año de gobierno. Sin embargo, no está de más que en el documento de la Confederación se planteen medidas que podría tomar esta administración si se despierta de su siesta, como el abatimiento del gasto público, reducción del déficit fiscal, alineamiento del tipo de cambio que deje atrás el atraso cambiario, adopción de las recomendaciones de la OIT en materia de regulación laboral, entre otras.

Las medidas que se proponen al próximo gobierno abarcan las siguientes 13 partes del trabajo, comenzando con la política macroeconómica. Allí se plantea la adopción de una regla fiscal, reducir el atraso cambiario y la reforma del sistema de seguridad social, uno de los tantos temas que el ministro Astori, con su proverbial capacidad para sacarse culpas y responsabilidades, ha afirmado que es un tema urgente pero que es mejor que se ocupe el próximo gobierno.

En materia de funcionamiento del Estado se propone reducir la plantilla de empleados públicos, no reponer funcionarios durante el próximo período, topes a partidas de horas extras, mejorar la información que se brinda sobre el gasto público, simplificar y reducir burocracia y revisar los roles y funciones de las empresas públicas.

Precisamente, en materia de empresas del Estado se propone separar los distintos roles del propio Estado como accionista, unidades reguladoras, empresas, Tribunal de Cuentas, etc. También se propone dotar de autonomía a las unidades reguladoras, que fueron defenestradas durante el gobierno de José Mujica pese al sonsonete de Mario Bergara sobre las reglas de juego cuando en la práctica las destrozaron posibilitando los desmanes de las empresas públicas que nos costaron miles de millones de dólares.

Es importante lo propuesto acerca de terminar con el monopolio de la venta de combustibles, la fijación de tarifas en función de los precios de paridad de importación y metas y destitución automática de directores en caso de incumplimientos de metas. Es indudable que buena parte de la suerte del país en el futuro se juega en mejorar el funcionamiento de las empresas públicas, terminar de perder dinero por incapacidad, prebendas políticas y corrupción y establecer tarifas púbicas razonables.

En cuanto a la política tributaria las propuestas pasan por la reducción de las tasas de imposición a la renta empresarial, reducción de los “impuestos ciegos” como a la tierra en el sector rural, modificaciones al IRAE y reducción de aportes patronales a la seguridad social. Todo esto puede ser compartible, pero choca hoy con la realidad fiscal del país producto de la innegable incapacidad del ministro Astori y su equipo para mantener las cuentas en orden. Un déficit fiscal de 4,5% del producto y creciendo, junto a una deuda pública del 65% y creciendo no dejarán margen en el corto plazo para reducir impuestos. Esta es una de las herencias más pesadas que dejará el Frente Amplio, máxima expresión de su incapacidad para gobernar aún en tiempos de bonanza.

El documento también aborda el tema de las relaciones laborales, dónde se propone su modernización, el comercio exterior, dónde se pide mayor apertura, la educación, dónde se propone seguir las recomendaciones de Eduy21, infraestructura, dónde se pide mayor inversión por vía pública o privada, entre otros temas. Muchas de estas ideas recogen un amplio consenso en el país, pero han sido bloqueas con todo éxito por los sectores radicales que gobiernan el país a través de la pasividad de los sectores moderados del Frente Amplio.

Esto puede cambiar en noviembre, y allí el país podrá mirar su futuro con otro optimismo.