Tras amenazar durante una década con sus propuestas de reformar la Constitución, el Frente Amplio cerró ese debate sin que sus distintos sectores llegaran a un acuerdo sobre los caminos a recorrer y los cambios a introducir.

Aunque la idea de elaborar una "Constitución de izquierda" baila en las cabezas de dirigentes de izquierda desde hace más de una década, el Frente Amplio nunca logró siquiera dar los primeros pasos para iniciar el proceso de reforma constitucional. Todo parecía indicar que en este, su tercer gobierno consecutivo, iban a intentarlo, pero no será así a pesar de tantas promesas y de los ríos de tinta derramados por el camino.

"Hoy la Constitución que tenemos no es para el modelo del país que pensamos nosotros", declaró Tabaré Vázquez durante la última campaña electoral. Así, la iniciativa reformista quedó plasmada en el programa de gobierno del FA para el período 2015-2020 tal como había ocurrido cinco años antes. Incluso se creó una comisión encargada de impulsar la reforma, que empezó a trabajar con grandes bríos pero que a poco se fue desactivando al extremo que hace poco el presidente de esa comisión tiró la esponja diciendo que "el tiempo está agotado" y que los cambios en la Constitución no son "un tema que esté en la agenda de la ciudadanía".

Así es, a pesar de que tanto el Frente Amplio como el Pit-Cnt a través de sus principales voceros trataron de poner el asunto a consideración de la opinión pública sin encontrar mayores ecos. Es que la gente sabe que los problemas del país están en otro lado y que no se arreglan mágicamente mediante una reforma de la Carta. Menos aun se arreglan proponiendo modificaciones o agregados a su articulado inspirados más que nada en oportunistas razones de carácter político.

Es que cada vez que la coalición de izquierda habilitó el debate brotaron proyectos de reforma de todo pelo y señal. Hay una extensa lista de propuestas que pretendían incluir, entre otras, las siguientes novedades: ampliar el capítulo relativo a derechos humanos; redefinir el derecho de propiedad; mejorar la regulación de la gestión estatal; otorgar el voto a los uruguayos radicados en el exterior; crear un Tribunal Constitucional así como el ministerio de Justicia; consagrar el matrimonio igualitario; reforzar los poderes del Parlamento y de sus comisiones; eliminar el veto presidencial; asegurar la equidad en materia de género; reforzar el fuero sindical; cambiar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas y de la Oficina de Servicio Civil; constitucionalizar el Fonasa; introducir nuevos artículos sobre el derecho a la vivienda y la protección del medio ambiente, y un largo etcétera.

El torrente creativo fue tan amplio y dispar que quizás asustó a los más entusiastas reformistas y los convenció de que abrir una discusión de ese tipo podía superar todos los límites. Tantas fueron las prevenciones, que en las filas de la izquierda no lograron ponerse de acuerdo en el procedimiento de reforma a utilizar. Unos preconizaban la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, lo que suponía un llamado a elecciones para configurar un cuerpo de 260 asambleístas. Otros propulsaban un escenario menos caótico a través de la recolección de firmas para plebiscitar la nueva Constitución junto con las elecciones nacionales de 2019. Todavía están inmersos en esa discusión entre las diversas vías de reforma a utilizar.

Vista en perspectiva toda esa barahúnda desarrollada por la izquierda para retocar la Constitución sirvió para llenar discursos y ocultar el vacío de programa que afronta el Frente Amplio, una fuerza política que gobierna haciendo la plancha, con una total carencia de rumbo y una indiferencia flagrante por los reales problemas de la gente que, repitámoslo otra vez, se centran en la seguridad, la educación y el peso de un Estado intervencionista que ahoga cada vez más la vida de los ciudadanos. Además, es obvio que la polémica constitucional fue reavivada en ciertos momentos a fin de disimular los agujeros negros legados por la administración de José Mujica así como camuflar los déficits producidos por la conducción económica del elenco dirigido por Danilo Astori.

Por si eso fuera poco la dialéctica en torno a la reforma de la Constitución se usó también para marcar perfil dentro de la izquierda con ideas radicales como aquella que pretendía alterar las nociones básicas sobre el derecho de propiedad o transformar el Poder Judicial. Ese juego político, frívolo y estéril a la vez, parece haber llegado a su fin ahora que los reformistas decidieron meter violín en bolsa. Mejor así, porque está claro que Uruguay necesita otras soluciones que no consisten precisamente en convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, tal como propone Nicolás Maduro en su persistente afán de castigar a la desdichada Venezuela.

EDITORIAL