El pronunciamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) fue categórico.

De acuerdo a los informes de la auditoría instalada a poco de asumir el nuevo directorio de Antel, a los que podrían sumarse las denuncias que en la pasada legislatura formularon sobre todo los senadores Pedro Bordaberry, Pablo Mieres y el diputado Pablo Abdala más los dictámenes del Tribunal de Cuentas de la época, el fallo de la Jutep concluyó en que la construcción del Antel Arena fue un gran nido de irregularidades.

Ese dictamen fue aprobado por unanimidad por el organismo, integrado por Susana Signorino (Cabildo Abierto) como presidente, Guillermo Ortiz (Partido Nacional) y Jorge Castro (Partido Comunista-Frente Amplio que ya lo hicieron renunciar).

Cabe destacar que durante todo el proceso de la obra e incluso una vez finalizada, sus datos estaban sellados y amordazados por la declaración de “confidencialidad” por 10 años que había decretado Antel y con lo cual se negaba a responder los pedidos de informes de los legisladores y -obvio que también- aquellos que formulaban los periodistas en el marco de la ley de Acceso a la Información Pública. Y cabe destacar también que cuando el presidente Tabaré Vázquez asumió por segunda vez -y tomó conocimiento del proceso del Antel Arena- suspendió junto con su ministro de Economía Danilo Astori de inmediato las obras, pero fue derrotado en una pulseada interna por su ministra de Industria (Carolina Cosse) militante del MPP en esa época y con el expreso respaldo de José Mujica.

Los vaivenes del costo de la obra son muy claros: cuando la entonces presidente de Antel, Carolina Cosse anunció su construcción, expresó que su costo sería del orden de los 40 millones de dólares, luego treparon a 55 millones de dólares y finalmente se anunció que habían sido US$ 80 millones. Pero la auditoría estableció que el precio final fue de US$ 119.721.147. Redondeando, 120 millones de dólares. Ochenta millones más de lo que se había anunciado inicialmente. Un datito no menor: el estadio “Movistar-Arena” de Buenos Aires, con capacidad para 15.000 personas que se empezó a construir en el 2014 y se inauguró en noviembre de 2019 costó (según Google) 38 millones de dólares. Pero a ello hay que agregarle “el apartamiento a normas de rango constitucional, legal y reglamentario constatadas” por el Tribunal de Cuentas, “así como el desapego de Antel a sus dictámenes, resulta evidencia suficiente para sostener la existencia de un proceder contrario a derecho y a las normas y principios de la buena administración, estrechamente vinculados a la función pública”.

El informe de la Jutep -también conocida como Junta Anticorrupción -destaca además que Antel invirtió la regla general en materia de contrataciones administrativas para su obra: usó y abusó de la “contratación y compra directa” que debería haber sido la excepción, pero la convirtió en la regla. No hizo llamados públicos ni invitó a cotizar a grupos de proveedores: se contrató en forma directa y por más de US$ 10 millones al mismo proveedor. Concluye con que el proyecto que en su momento defendió y llevó adelante Cosse no contó con una “buena administración”, ya sea en “materia financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines”.

La reacción de Carolina Cosse no se hizo esperar. Se mostró “indignada” por la decisión de la Jutep. Cargó contra la auditoría externa, Ecovis (una empresa internacional con origen en Alemania, que está presente en los 5 continentes y en más de 80 países) porque su director en Uruguay es militante herrerista. Habló de “maniobra”. Que “forma parte de una campaña en que están destrozando Antel”, mientras que desde el FA tuvo el apoyo del presidente del sindicato de Antel (Sutel), Gabriel Molina -viejo conocido- que salió a decir que “hay una clara maniobra política” (y dale con la maniobra), y de los coordinadores del FA, Ricardo Ehrlich y María Jossé Rodríguez que argumentaron que lo que se buscaba era desviar la atención de temas como el ex ministro Cardoso, las cárceles o el puerto”.

La respuesta del senador Jorge Gandini dejó la cosas en su lugar: “Se pronuncia el Tribunal de Cuentas, se pronuncia una auditoría que contrata Antel, se pronuncia la Junta Anticorrupción, ¿a quién falta pronunciarse para decir que la señora Cosse, al frente de Antel hizo esta obra, con todas las violaciones a la normativa que les hizo?”.

Podríamos seguir, pero esto tiene un solo camino; el Poder Judicial, la Justicia. Y eso se viene en los próximos días. El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez ya lo anunció, ahora será cosa de esperar unos días. Ese dinero que se quemó por el simple capricho de Cosse, era dinero sacado al pueblo. Deberá rendir cuentas.