En las últimas semanas dos hechos replantearon dudas sobre la actuación de Ose y la pureza del agua potable. El primero se vincula al conflicto que el ente mantiene con sus funcionarios cuyo gremio emitió un comunicado advirtiendo que las restricciones presupuestales pueden afectar "la calidad del agua que brinda Ose a la población".

El segundo fue el encuentro entre autoridades y organizaciones no gubernamentales en una Jornada del Plan Nacional de Aguas en donde representantes de "la sociedad civil" protestaron por la forma en que se desarrolla la gestión en torno al vital elemento.

Mientras que la advertencia del gremio parece más una táctica para llamar la atención que una genuina inquietud por el servicio, el intercambio entre las Ong y las autoridades, expuso otra vez el incumplimiento de los gobiernos del Frente Amplio con lo votado por la ciudadanía en el plebiscito del agua de 2004.

En efecto, en aquella convocatoria se aprobó la reforma del artículo 41 de la Constitución que, entre otras cosas, determinó que "los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas".

Desde hace algún tiempo, organizaciones que 12 años atrás militaron junto a la izquierda en defensa del monopolio estatal al grito del "Agua es vida", reclaman que se les otorgue la participación que la reforma constitucional les aseguró. En la referida jornada denunciaron que no se les brinda la información correspondiente, sobre todo la referente a la cuenca del Santa Lucía, y que sus opiniones no se toman en consideración. Incluso algunos defendieron la tesis —insostenible, por cierto— de que las opiniones de las ong sobre la gestión del agua deberían tener "carácter vinculante".

Si algo quedó claro en esa jornada de diálogo fue que la tan mentada "sociedad civil" mencionada por la Constitución pinta muy poco en la materia. Otra conclusión que sacaron los participantes fue que una vez en el gobierno, ganadas las elecciones del 2004 y el plebiscito del agua, los sucesivos gobiernos frentistas se desentendieron de Ose y sus problemas ignorando la mayor parte de las nuevas obligaciones impuestas por el reformado artículo 41. Entre ellas figura la de realizar una "gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos" con particular atención a "las cuencas hidrográficas".

Durante varios años esos deberes fijados por la reforma fueron letra muerta. Recién en 2013 se elaboró un plan para proteger la cuenca del Santa Lucía, nuestra principal fuente de agua potable que suministra el servicio a casi dos millones de personas según la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ese plan tardío, aprobado cuando redoblaban las acusaciones sobre deficiencias del servicio de Ose, se ejecutó con suma lentitud, en particular la aplicación de medidas para regular el uso de agroquímicos en los campos linderos del Santa Lucía, así como evitar la depredación del monte natural en sus riberas y detener la acción corrosiva de los residuos contaminantes de más de veinte industrias de la zona.

El mal sabor y el peor olor del líquido que brotaba de las canillas fue determinante para que el segundo gobierno frentista recordara su compromiso con el plebiscito de reforma constitucional aprobado y se tomara más en serio los deberes contraídos. El servicio mejoró parcialmente y la situación no hizo crisis pero continúa la incertidumbre sobre qué pasará en el futuro. En la jornada de fines de agosto, el presidente de Ose reconoció que el ente trabaja bajo la presión de "acompasar las exigencias medioambientales, de desarrollo social y productivo del país con niveles de inversión altos".

Explicó que para alcanzar ese objetivo es preciso disponer de mayores recursos que los que Ose recibe a través de sus tarifas. Se trata de cifras millonarias que el ente no está actualmente en condiciones de financiar por si solo.

En suma, bajo el tercer gobierno frentista se asiste a un despertar en torno a la gravedad del problema. Más vale tarde que nunca, podría decirse, pero en el tiempo perdido desde que se aprobó el plebiscito no hubo ni la "gestión sustentable", ni "la preservación del ciclo hidrológico" ni la primacía de "las razones de orden social sobre las de orden económica", según determinó la reforma constitucional. Como en tantos otros rubros los gobiernos del Frente Amplio no aprovecharon en este caso la era de bonanza para asegurar la continuidad de un buen servicio para la población.

EDITORIAL