EDITORIAL

Ejemplo de coherencia y servicio público

Ramón Díaz fue un referente de un gobierno coherente que soportó embates de toda naturaleza, de igual intensidad que la Reforma Cambiaria y monetaria impulsada por Juan Eduardo Azzini y hasta la propia CIDE que tantas paternidades hoy muchos se adjudican.

La coherencia, la transparencia y la profesionalidad son las columnas sobre las que descansa la aplicación de las políticas públicas. Estas tienen una dirección interna en la gestión de los intereses nacionales y una proyección externa que las relaciona con los cambios y desafíos que desde el exterior se plantean.

Por esas razones, un gobierno no es una expresión de poder inmune a lo que sucede a su alrededor, de tal forma que la coherencia del pensamiento siempre es compatible con los ajustes que deben hacerse frente a una realidad cambiante; en otras palabras, la rigidez ideológica nunca es una buena respuesta.

En ese sentido, la estabilidad macro-económica ya es un imperativo para cualquier gobierno porque los llamados déficit gemelos como el fiscal y el cambiario no son motivo de discusión sino la plataforma de una política económica sana en el corto y en el mediano plazo.

Lo expuesto viene a la mente a raíz del lamentable fallecimiento del Dr. Ramón Díaz que dejó una huella ética y profesional puesta a prueba cuando en 1990 asumió la Presidencia del Banco Central. Eran tiempos difíciles, porque el gobierno de la época heredó un déficit fiscal del 6% y una tendencia inflacionaria que amenazaba llegar a tres dígitos.

Sin embargo, en 1992 el Uruguay alcanzó un superávit fiscal, redujo la inflación y negoció su importante deuda externa a través del recordado Plan Brady bajo una firme conducción. Esto iba en sintonía con las leyes de Forestación, de Zonas Francas y fundamentalmente la Reforma Portuaria que le dio al país una imagen de estabilidad y de buen rumbo.

Cuando la Ley de Empresas Públicas fue aprobada con los votos de los partidos tradicionales, pareció que un prudente y firme propósito de mejorar los resultados de Antel combinaría la mayoría accionaria para el sector público con el inversor privado en minoría. Se buscaba una sana competencia en un área de avances tecnológicos irreversibles, con dos elementos fundamentales que vale la pena recordar: la participación de los empleados de Antel en el paquete accionario y la derivación de los recursos obtenidos a políticas sociales.

Lamentablemente, el oportunismo electoral de algunos, y la rigidez ideológica de otros, llevó a un plebiscito que derogó estas normas y frustró un proceso de centrada coherencia que se adelantaba a los desafíos que la tecnología en materia de las comunicaciones planteaba con un moderno impulso de la economía de los servicios.

La memoria en política es muy frágil y las democracias tientan a la oposición a levantar obstáculos para impedir que el gobierno de otro partido concrete transformaciones que lo prestigien, lo favorezcan frente a la opinión pública y lo fortalezcan legítimamente en las instancias electorales.

No obstante el recuerdo de Ramón Díaz, tomado puntualmente, no debe verse como un intento de mirar hacia el pasado para cobrar cuentas a quienes se sumaron sorpresivamente a votar contra una ley que sus representantes en el Poder Ejecutivo y sus legisladores habían acompañado.

Ramón Díaz fue un referente de un gobierno coherente que soportó embates de toda naturaleza, de igual intensidad que la Reforma Cambiaria y monetaria impulsada por el Cr. Juan Eduardo Azzini y hasta la propia CIDE que tantas paternidades hoy muchos se adjudican. Fueron y son mojones que la economía del país hasta hoy mantiene y reconoce.

La verdad en una democracia no es única, porque la libertad abre cursos para que las distintas fuerzas políticas ofrezcan opciones divergentes. Pero como en los casos que mencionamos, el ejercicio del Poder se llevó a cabo pensando más en las generaciones que vendrían que en los resultados electorales del corto plazo.

También debe agregarse, que a ninguno de los preclaros ciudadanos mencionados se les puso como condición para asumir tan importantes posiciones que tuvieran previamente una definición partidaria. Y eso los enaltece aún más a ellos, y sobre todo a los gobiernos de distintas épocas que depositaron la confianza en sus capacidades.

Los resultados quedaron con el aporte y sacrificio de estos gobernantes, que con su ejemplo se adelantaron a los tiempos y cumplieron con el auténtico sentido que tiene la responsabilidad de los servidores públicos.

En cuanto a lo demás, queda como un amargo recuerdo que aunque diluido no podrá nunca exonerarse del juicio de los que todavía creen que la democracia se nutre especialmente de la coherencia y profesionalidad que la gestión pública requiere.

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