Editorial

Los gremios de la educación le exigen al Frente Amplio y a Tabare Vázquez que cumplan con sus promesas preelectorales, algo que a estas alturas es claro que no ocurrirá.

En la última campaña electoral, el candidato Tabaré Vázquez prometió destinar fon-dos suficientes para invertir en la educación: el 6% del PBI de acuerdo al reclamo de los gremios. No aclaró si accedería al pedido sindical de que ese 6% fuera en exclusi-va para la ANEP y la Universidad. Lo cierto es que desde 2015 tanto él como sus colaboradores empezaron a relativizar la promesa al decir que tenían la intención —aunque no la certeza— de alcanzar ese porcentaje hacia el final del quinquenio. Empero, a menos de dos años de ese momento, la posibili-dad de llegar a tal cifra es cada vez más lejana.

Con motivo de la Rendición de Cuentas los gremios vuelven ahora a insistir en el cumplimiento de aquella promesa, razón por la cual los paros y las ocupaciones de centros de enseñanza son cosa común en estos días. Este será otro año más con los perjudicados de siempre, que son los alumnos y sus familias. Aunque todos reconocen privadamente que el porcentaje pedido es inalcanzable, está claro que a los gremios les sirve para movilizar al sector educativo para obtener mayores aumentos salariales.

Esto de fijar porcentajes del Pbi viene de lejos. Recuérdese que en 1994, junto con las elecciones nacionales, el Frente Amplio y los gremios propusieron realizar un plebiscito para incorporar a la Constitución un artículo que obligara a los gobiernos a destinar el 4,5% del producto a la educación o un porcentaje determinado del presupuesto nacional. Ese plebiscito reclutó el apoyo de menos de un tercio de los votantes, el peor resultado obtenido por la izquierda consideradas todas las consultas populares que sus líderes generaron a granel cuando estaban en la oposición.

Es que la ciudadanía ya tenía claro por entonces que no convenía fijar porcentajes rígidos en la Constitución, algo que, para empezar, las exigencias actuales —el 6% en vez de aquel 4,5% tan mentado— demuestran que era una propuesta equivocada.

Los promotores de aquella iniciativa tampoco convencieron a la gente sobre la necesidad de asegurar esos montos dado que no presentaron un programa de cambios que asegurara la eficacia de tamaña inversión. Los mismos argumentos que se utilizaron entonces vuelven a esgrimirse ahora aunque con actores diferentes.

Curiosamente, uno de los adalides de aquel plebiscito constitucional —que incluso llegó a polemizar en televisión con gobernantes opuestos a la iniciativa plebiscitada— fue el actual ministro de Economía, Danilo Astori, quien en los últimos años, de manera reiterada, se manifiesta en contra de establecer porcentajes del PBI en la Constitución. Son las paradojas de la política cuando se actúa según el lugar del mostrador que se ocupa más que por convicciones.

El ministro y el equipo económico siguen afirmando que se hará "todo lo posible" para alcanzar ese 6% que se coloca como meta ideal. Algo similar, con Astori al frente, hicieron años atrás cuando prometieron cumplir con el 4,5% del PBI volcado a la Anep y a la Udelar, objetivo que sigue sin cumplir- se hasta la fecha pues en las estimaciones presentadas se incluyen actividades docentes que se cumplen por fuera de esos dos grandes entes de la enseñanza pública.

A estas alturas está claro que los gremios de la educación presionan a Vázquez para que cumpla con lo prometido. Para lograrlo aplican sus habituales medidas de lucha. Parece inútil recordarles a todos que en la última década se volcaron ingentes sumas de dinero a la educación sin que se notaran mejoras significativas en la calidad de la enseñanza que se imparte. Todo lo cual indica que solo con más dinero no se arreglan las cosas como sostenía el gobierno del Partido Nacional en los años 90 cuando el Frente Amplio, incluido el entonces senador Astori, reclamaba el 4,5% del PBI como la única panacea para curar los males de la educación.

Es evidente la relevancia del rol de los docentes en el sistema educativo y su derecho a pedir buenas retribuciones por su trabajo. El problema es que la campaña de sus dirigentes gremiales se basa en el reclamo y la queja sin ofrecer, en un diálogo maduro, soluciones a los problemas de fondo. Todo ello acompañado de medidas impopulares como dejar las aulas vacías, una forma de presión que sacó de casillas a este gobierno encabezado por Vázquez cuando tres años atrás, ante una huelga en el sector, decretó la esencialidad de la educación, una medida nunca vista en nuestro país.

Parece claro que esta vez no se decretará la esencialidad. Tan claro como que el prometido 6% no se alcanzará.