EDITORIAL

¿Educación sin conflictos en 2016?

El que termina fue un año muy difícil en cuanto a conflictividad en la educación pública. Las negociaciones por la asignación presupuestal fueron duras. Incluyó la fracasada decisión del Poder Ejecutivo de declarar la educación como servicio esencial. Y hubo en total semanas enteras de clases que fueron perdidas para los estudiantes.

Todo esto terminó perjudicando sobre todo a los jóvenes de las clases populares y medias que no pudieron terminar sus programas normales de enseñanza. Ellos son los que no pueden pagarse un colegio privado para evitar los paros, y ellos son también los que en realidad más precisan la asistencia a clases para progresar luego en la sociedad. A pesar de esta evidencia, el previsible saldo de este año será una mayor deserción estudiantil como consecuencia de esas horas de clase perdidas, algo que por cierto no es nuevo en la evolución de Secundaria. En efecto, los datos que se conocieron para 2014 señalan que dos de cada tres estudiantes de sexto de liceo no terminó el año. Mientras que en 2011 egresaron algo más de 8.000 estudiantes, en 2014 lo hicieron algo menos de 6.500 en total. Además, la deserción estudiantil también fue alta en la educación media superior técnico-profesional, es decir, en UTU: entre los que reprobaron y los que se desvincularon en 2014, llegaron al 37% del total de los estudiantes inscriptos a inicios de ese año lectivo.

En este contexto, la apuesta del Poder Ejecutivo en este 2015 fue que los sindicatos vinculados a la educación pública aceptaran un acuerdo de aumentos salariales, plasmado en el Presupuesto, a cambio de dos condiciones elementales. La primera, que se cumpliera con los cronogramas dispuestos en los respectivos planes y programas de estudio de ANEP. La segunda y más importante aún, que hubiera una llamada cláusula de paz por la cual los sindicatos se comprometieran a no hacer movilizaciones hasta abril de 2017. Todo, además, con una idea de formar una comisión bipartita entre ANEP y los sindicatos para establecer compromisos que mejoren la gestión educativa. Finalmente, de no haber acuerdos con los sindicatos, el Presupuesto establece que el dinero previsto para los aumentos salariales reales para los docentes —un incremento anual de 3,5% por encima del Índice de Precios al Consumidor— sea redistribuido para ser invertido en otras dimensiones de las políticas educativas como, por ejemplo, la formación docente.

La propuesta del Gobierno contó tempranamente con el apoyo de la Federación Uruguaya de Magisterio. En Enseñanza Primaria pues, el objetivo del Gobierno se cumplió. Pero en su momento, tanto la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu), como la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) rechazaron la propuesta del Ejecutivo. Por eso, lo que ocurra en estos días de cierre del año es muy importante.

Por un lado, Afutu revisará su posición y decidirá mañana si mantiene su negativa. Por otro lado, en Fenapes 18 fi- liales sobre un total de 56 allí nucleadas, pidieron reconsiderar el tema en una nueva asamblea que finalmente se llevó adelante el sábado pasado. Su decisión, por una mayoría ajustada de 144 contra 118 votos, fue la de aceptar el compromiso con el Gobierno. Así las cosas, si Afutu se aviene al criterio de los otros dos sindicatos, al cerrar 2015 el Gobierno habrá logrado que todos tomen su propuesta de aumento salarial a cambio de un clima de paz que permita dar clases con normalidad el año que viene.

El objetivo político parece en verdad muy menor: simplemente, intentar que la enseñanza se lleve adelante efectivamente en las aulas, porque los profesores cumplen con los programas y no hacen huelgas. Con ser un paso importante, no deja de ser elemental. Porque, definitivamente, el cambio del ADN educativo prometido por Vázquez en campaña no puede ser simplemente que haya clases y se cumpla con los programas, y solo, por ahora, hasta abril de 2017. Se precisa con urgencia, por ejemplo, mejorar esos programas y dar mayor autonomía a los liceos para que sus directores puedan generar duraderas comunidades educativas. Y ya se sabe que estas dos medidas generarán inconvenientes con esta base sindical muy contraria a cualquier cambio de fondo que pueda tocar el statu quo actual que tanto poder les otorga.

Si los sindicatos cumplen con lo pactado, no habrá paros en 2016. Pero estamos lejos todavía de una reforma de fondo que asegure a las nuevas generaciones de las clases medias y populares del país acceder a una educación de calidad.

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