Bajo el título "El declive de la democracia", la corporación Latino barómetro, una ong con sede en Santiago de Chile, presentó días pasados su informe del 2016 que causó impacto en Uruguay.

Dos décadas de actividad y una credibilidad bien ganada permiten confiar en los datos de esta institución obtenidos mediante encuestas que denuncian una franca caída en el apoyo regional al sistema democrático, una tendencia que incluye a nuestro país y que suscita diversas reflexiones.

Desde que se hacen tales mediciones nunca Uruguay había tenido un registro tan bajo en su adhesión a la democracia. El porcentaje histórico de apego de los uruguayos a esta forma de gobierno estuvo tradicionalmente por encima del 80%, descendió al 76% el año pasado en tanto ahora se redujo al 68%, anotando así un brusco descenso de 8 puntos porcentuales en el último año. Del mismo modo, consultados ahora sobre si están satisfechos con el actual funcionamiento de la democracia, solo el 51% de los entrevistados contestó que sí, en tanto que tres años atrás lo hacía afirmativamente el 82%.

Una primera lectura de estas cifras llevaría a pensar que la desmejorada situación económica del país es la principal responsable de esa caída, pero datos adicionales de la misma encuesta indican que otros factores deben tomarse en cuenta. Uno de ellos es la respuesta a lo que Latinobarómetro define como reclamos por un gobierno de "mano dura". Veinte años atrás, apenas el 32% de los uruguayos lo pedían, en tanto que ahora un 71% opina que esa forma de conducir al Uruguay "no viene mal". Casi 40 puntos de distancia son de una total elocuencia.

Tal indicador por si solo demuestra que las complicaciones económicas no lo explican todo y que la devaluación del sentimiento democrático tiene otros motivos, entre ellos, sin lugar a dudas, la crisis en la seguridad pública. Más allá de alguna estadística del momento y de las declaraciones optimistas de las autoridades la gente percibe a la criminalidad como uno de sus mayores problemas. La inseguridad ha provocado un cambio de hábitos en la sociedad y un reflejo colectivo de temor ante la posibilidad de ser víctimas de delito que, llámese "sensación térmica" o —con más precisión— la dura realidad cotidiana, perjudica la imagen de un gobierno electo de manera democrática pero conceptuado como ineficiente en el cumplimiento de una de sus funciones esenciales. Eso explica por qué el 41% responde que "no le importa si un gobierno no es democrático si resuelve los problemas", porcentaje muy superior al de una década atrás.

La inseguridad también pesa en las respuestas que se dan cuando se plantea la dicotomía "orden" o "libertad". En otros tiempos, colocados ante esa opción los uruguayos solían priorizar la libertad en "una sociedad donde se respeten todos los derechos y libertades aunque haya algún desorden". Hoy las cosas son distintas puesto que el 58% de la población prefiere ante todo el orden, lo que nos acerca a la actitud predominante en la materia en la mayoría de los países latinoamericanos. Todo lo cual mella la concepción de Uruguay como modelo de país democrático.

Ciertos analistas introducen otros elementos para interpretar este inquietante cambio de actitud revelado por el Latinobarómetro. Entre ellos figura el creciente descrédito en las instituciones democráticas, en particular el Parlamento y los partidos políticos. Aunque es posible que la crisis económica haya acentuado el malhumor con relación al sistema y a sus operadores, de las opiniones de los encuestados se desprende el malestar con la actuación no sólo del gobierno sino de los políticos en general, a quienes se perciben como incapaces de encontrar soluciones a los grandes problemas nacionales. En esa línea se habla de un desgaste en la imagen de los dirigentes políticos y de una falta de liderazgo para enderezar el rumbo del Uruguay.

Ante este panorama poco reconfortante gobierno y oposición deberían asumir sus responsabilidades. Pasaron más de treinta años desde el fin de la dictadura y de la restauración democrática, un lapso relativamente corto como para justificar el hartazgo de los ciudadanos con un sistema de gobierno que, como dijo Winston Churchill, es el menos malo de todos los sistemas conocidos. Para empezar convendría que dejaran de lado la idea de que los avatares de la coyuntura económica lo explican todo, porque esta encuesta revela que las dudas sobre el funcionamiento de la democracia responden a un conjunto de razones que van bastante más allá de los problemas de bolsillo.

EDITORIAL