Creer que porque se maneja cifras de economía se puede hacer análisis pertinentes en materia política es profundamente equivocado, ese corrimiento termina deslegitimando los análisis serios y bien fundados hechos en las áreas específicas del saber de esos técnicos.

Algunos de los protagonistas de la vida nacional con cierta influencia económica y política son los llamados “think tanks” (grupos de pensamiento) y las calificadoras de riesgo. Como todo en la vida, los hay buenos, porque aportan análisis y argumentos pertinentes para entender mejor la realidad del país; y los hay malos, porque hacen afirmaciones antojadizas que denotan una soberbia que perjudica sus análisis.

Hubo dos casos recientes de pésimas conclusiones políticas de análisis hechos por esos actores. El primero es el de la calificadora de riesgo Fitch Ratings, que hace un par de semanas emitió un informe sobre el estado del país. Analizó, como es costumbre en estos casos, la situación económica y los desafíos de medidas que deben ser tomadas para encauzar una evolución que, se sabe, no es la mejor: el alto déficit fiscal, la inflación fuera de rango y el menguado crecimiento económico ponen en tela de juicio un capital muy importante para Uruguay como es el de tener nota de grado inversor. El problema es que Fitch entró luego en valoraciones políticas que están muy lejos de la objetividad de las cifras económicas que pueden presentarse en un informe de este tipo. Es una derivación muy común la de suponer que porque se tiene claro un panorama de acciones a emprender en economía, resulta que también se puede saber cómo llevarlo adelante desde la perspectiva política. Pero no por común deja de ser equivocada.

En efecto, Fitch afirmó que el Partido Nacional integra una coalición de mayoría legislativa para la próxima administración, pero que la composición ideológica diversa de esa coalición “podría obstaculizar reformas ambiciosas”. Se trata indudablemente de una conclusión política zonza, que además se escuda en una conjugación de verbo en condicional para sonar más precavida.

La realidad es bien distinta. Primero, porque es bien sabido que los acuerdos parlamentarios entre partidos diversos es lo más común del mundo en democracia. Y segundo, porque un acuerdo como el que se firmó en noviembre pasado, que para Fitch “podría” obstaculizar, “podría” también ser un motor de empuje formidable de reformas ambiciosas, en una visión tan legítima como la de Fitch, pero que sobre todo cuenta con mejores argumentos que la de la calificadora de riesgo, como por ejemplo este: el futuro político exitoso de los dirigentes más relevantes de los partidos que forman la coalición multicolor está íntimamente ligado al éxito de la gestión de gobierno de la próxima administración. Nada menos.

El segundo caso refiere a algunas de las reflexiones sobre la evolución del país hechas hace unos días por el director ejecutivo de Ceres. Como siempre en estos casos, el jerarca de Ceres se esforzó por presentar su visión de las reformas de fondo que hay que realizar para alcanzar un futuro de mayor bienestar colectivo. Son reformas que no siempre queremos ver, y que importa mucho que haya actores externos al sistema político que las señalen.

El problema, como en el caso de Fitch, es cuando de allí se pasa a la valoración política del próximo gobierno. El director de Ceres afirmó, en efecto, que Lacalle Pou, si se consideran las bancas de su propio partido, “es una de los tres presidentes más débiles en 100 años” que ha tenido el país.

Ese es un profundo error de apreciación que no resiste la prueba de la realidad, ya que la verdad es que ocurre todo lo contrario: en cifras absolutas, Lacalle Pou es el tercer presidente más votado de nuestra historia; recibió en balotaje 50,8% de votos; y hubo un acuerdo multipartidario que le dará un amplio respaldo parlamentario hecho de 56 diputados y 17 senadores.

Suponer que un presidente electo directamente por el pueblo y con esa mayoría tan amplia, puede ser débil por causa de un respaldo de su propio partido hecho de 10 senadores en 31 y de 30 diputados en 99 en total, es un error conceptual grave. La política, justamente, es el arte de acordar respaldos más amplios, y eso fue lo que ocurrió con Lacalle Pou: desde su lugar de enorme legitimidad popular, asentó una integración ministerial que refleja los respaldos que asegurarán la futura gobernabilidad para su administración.

Creer que porque se maneja cifras de economía se puede hacer análisis pertinentes en materia política es profundamente equivocado. Y es una pena, porque ese corrimiento termina deslegitimando los análisis serios y bien fundados hechos en las áreas específicas del saber de esos técnicos. En definitiva, la soberbia siempre es mala compañera.