EDITORIAL
diario El País

Disparates y realidad

El ahora senador del MPP, Eduardo Bonomi, ya despojado de su traje de Ministro del Interior, parece decidido a robar cámara diciendo disparates. El otro día salió a afirmar tranquilamente, que al italiano Morabitto, un peso pesado del narcotráfico, lo dejaron escapar para hacerlo quedar mal.

No contento con semejante afirmación, un poco después declaró que la DEA, (Administración para el Control de Drogas) se había ido de Uruguay porque la Cartera por él dirigida, era tan eficaz en el combate al narcotráfico, que no hacía falta su presencia. Cabe preguntarse si el cargamento de 4000 kilos de cocaína descubiertos en Europa, tras llegar escondidos en containers cargados en Montevideo, Bonomi lo considera como un logro de su gestión. El hecho de que la investigación y las alertas provinieran desde el otro lado del Atlántico, sería solo un pequeño detalle. “No se conforma quien no quiere”. Con siete homicidios en 48 horas, como se informara el jueves, la impresión que se tiene no coincide con la aseveración del exministro. Entre los asesinados, uno murió baleado en el Cerrito de la Victoria, otro en la Unión, un tercero cayó apuñalado y más vale no seguir con la macabra lista. Además de dos extraños ataques a dependencias de las fuerzas del orden. No es de extrañar entonces, que el actual ministro Jorge Larrañaga, que tiene un enfoque respecto de los delincuentes muy distinto, haya considerado conveniente hacer contacto con agencias internacionales con idea de robustecer el accionar de su Ministerio, a fin de tener acceso a más tecnología y asesoramiento para combatir al crimen. Ya habló con gente de la DEA y no se descarta que la organización retorne al país para colaborar con el nuevo gobierno. Según lo dicho por el propio Larrañaga, aunque de manera no oficial, el motivo de ese alejamiento habría sido otro muy diferente; una notoria falta de respuesta de parte de las anteriores jerarquías.

De acuerdo a lo dicho una y otra vez en la campaña electoral, al actual gobierno le preocupa sobremanera la delincuencia que tanto se agrandó. Dicho esto no solo en forma numérica, pues la creciente sensación de impunidad mucho tuvo que ver en el accionar, cada vez más provocador, del hampa.

Por lo tanto, es uno de los temas urgentes que conforman el texto de la LUC. Aprobada la otra semana en la Cámara de Senadores, ahora toca el turno de la Cámara de Diputados, donde se espera sea sancionada. A pesar de que a la oposición frentista -qué curioso- se la oye más preocupada por defender a la criminalidad que al orden ciudadano. Se rasgan las vestiduras por la propuesta de aumentar las penas a los menores, como si se tratase de algo al barrer. Parecen incapaces de reconocer que estas penas mayores no son para los que se roban una gallina. Son para un joven que mata a una persona, por ejemplo.

Se muestran indignados de que se busque darle un mayor respaldo a la policía con los artículos sobre la legítima defensa. Para que no los maten tan alevosamente, para que los vecinos de los malvivientes no corran a los agentes a pedradas, para que lo piensen dos veces antes de escupir, insultar o agredir a los uniformados que cumplen con el deber de vérselas con los forajidos y sus amigotes. Ningún artículo promueve el gatillo fácil, porque se incluyen debidas salvaguardas de la justicia y no se puede esperar que actúen con eficacia en defensa de los ciudadanos, sino se sienten apoyados por la autoridad. Nadie en este país legislaría para crear situaciones de abuso policial como los que se han visto estos días en una democracia como EE.UU. mientras sobre lo que ocurre en Rusia o China y estados por el estilo, poco y nada se sabe. Y ni qué hablar de Venezuela o Cuba, de las cuales el Frente Amplio nunca tiene nada que objetar.

Nadie en este país legislaría para crear situaciones de abuso policial como los vistos en una democracia como EE.UU. mientras de lo que ocurre en Rusia o China poco se sabe y ni qué hablar de Venezuela o Cuba, de las cuales el Frente Amplio nunca tiene nada que objetar.

Pero ante la elevada inseguridad en la que hoy viven los uruguayos, es necesario otra ley a fin de luchar con más eficacia para recuperar una calidad de vida perdida. En la Constitución de 1830 se buscó con el artículo 11 proteger a los habitantes, no precisamente del delito común, sino de las arbitrariedades del poder político. De ahí su redacción; “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día, solo con orden expresa del juez competente por escrito y en los casos determinados por la ley.” Hoy, 190 años después, felizmente no existen esos temores, pero maleantes y narcos se aprovechan de dicha protección impunemente. Muchos de esos supuestos hogares sirven como bocas de droga y escondites de maleantes por lo que la policía con autorización del juez, debería poder entrar si lo considera conveniente.

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