Editorial

Desde ciertos sectores ideológicos cercanos al gobierno se busca impedir el debate de temas serios, apelando a argumentos oscurantistas y que van contra la libertad de expresión.

El debate público en Uruguay es cada vez más difícil. De forma permanente se busca crear un discurso único, y empujar a quienes osan plantear una discrepancia, a las categorías más recalcitrantes del extremismo. En estos días han ocurrido un par de ejemplos clarísimos de este tema.

El más notorio ocurrió cuando, en lo que es un incidente indignante, un ciudadano uruguayo fue agredido por una patota en la ciudad de Salto. Según se ha dicho, el motivo de la agresión habría sido que la víctima era una "persona trans", ya que algunos testigos habrían escuchado a los atacantes referirse a ese aspecto mientras concretaban su acción. Es de esperar que la Policía local logre identificar a los agresores en tiempo y forma, y que estos paguen el precio de su violencia, tal como lo exige la ley.

Ahora bien, este incidente motivó una reacción alarmante de parte de algunos operadores y figuras cercanas al oficialismo. Se señaló que la ocurrencia de este acto aberrante podía tener como disparador la polémica en torno a la aprobación de la llamada "ley trans", y se acusó directamente a legisladores y analistas que criticaron la norma, de ser corresponsables de esa barbaridad.

Ese comentario no tiene nada de casual, y debería encender las alarmas de cualquiera con vocación democrática.

El debate sobre la "ley trans" estuvo plagado de sectarismo y agresividad, es verdad. Pero no de parte de quienes estaban en contra de la norma, justamente, sino de quienes la impulsaron. No hubo un solo legislador, ni un comentarista, que a la hora de criticar la norma propuesta no haya hecho mención a lo positivo de la intención detrás de la misma. Siempre se criticó sus aspectos prácticos, la forma en que la norma estaba redactada, incluso algún punto en especial como la posibilidad de que menores de edad pudieran iniciar tratamientos hormonales aun sin autorización de sus padres. En los hechos, todo el mundo mencionó lo positivo de intentar beneficiar a un grupo de ciudadanos que notoriamente enfrentan problemas y desafíos a la hora de vivir en sociedad.

Sin embargo, desde el oficialismo y los sectores que impulsaron la ley, una ley que fue presentada y votada sin otorgar a la oposición o a otros grupos sociales ninguna chance de aportar sus ideas, se acusó de fascista, homofóbico, y toda serie de linduras a cualquiera que no estuviera 100% de acuerdo con la misma.

A esta prepotencia gubernista, ahora se suma el intento por poner una mordaza moral a quien discrepe con cualquier medida impulsada por el oficialismo. Resulta que si se presenta una ley de mala calidad, con notorios defectos de forma, que no reconoce la filosofía política que marca la constitución, y que implica vulnerar aspectos centrales del ordenamiento jurídico como la patria potestad, usted no puede decir nada. Por más que plantee sus discrepancias con respeto, por más que comparta el fin último de la ley, por más que se trague algunas dudas respecto a las formas. Ah no, porque ante cualquier cosa que pase, usted tendrá la culpa.

El tema del llamado "discurso del odio" es una cuestión central en la regulación de la libertad de expresión en el mundo occidental. Y decimos occidental, porque en la mayor parte del resto la libertad de expresión es un bicho exótico de escasa relevancia.

Pero en esta parte del mundo hay dos formas en las que esa libertad central, protegida al extremo por la Constitución, se regula legalmente. Existe un modelo europeo, seguido también por Canadá, donde la libertad de expresión se limita cuando se trata de discursos que directamente llaman al odio contra personas o grupos. Usted no pude defender al nazismo en Alemania, ya que irá preso.

El otro gran modelo es el estadounidense, donde la primera enmienda constitucional garantiza la más amplia libertad de expresión, por dos razones: la primera que se entiende que en el llamado "mercado de las ideas", la gente sabrá elegir la que sea mejor. La segunda, porque se entiende que es mejor para la sociedad "ventilar" los pensamientos e ideas que circulan en su seno, antes que reprimirlos con la cárcel. Es por ello que en EE.UU. sí se puede hacer una marcha con símbolos nazis, por ejemplo.

En cualquier caso, ninguno de estos modelos ampara lo que estamos viendo hoy en Uruguay. Donde desde la soberbia y prepotencia de ciertas organizaciones, y con el apoyo del Estado, se pretende poner una mordaza moral a quienes discrepan con ciertas propuestas. El debate público es parte esencial de una democracia liberal sólida. y para que este exista es necesario que se pueda argumentar y hablar sin amenazas ni censuras de ningún tipo.