Por momentos aparece la duda de si la situación económica del país es realmente tan crítica por la influencia negativa que viene desde afuera, o si este presente es una consecuencia directa de las tremendas pérdidas registradas por Ancap en los últimos años.

Se dirá que los dos factores confluyen en estos momentos, pero lo que no queda claro es cuánta responsabilidad tiene uno u otro en esta sucesión de aprietes, ajustes fiscales y reducciones de gastos lanzados desde el gobierno. Porque los 800 millones de dólares de Ancap son un dineral, es una cifra de país desarrollado y no de solo una empresa estatal de un país que estaba en trámite de tratar de vivir un poco mejor.

A fines del año pasado y cuando la Comisión Investigadora del Senado había terminado sus trabajos y se preparaban los informes y las denuncias (penales) por las irregularidades constatadas, el gobierno lanzó el urgente salvataje de la empresa.

Con el argumento central de su mayoría parlamentaria automática y bien disciplinada para la instancia, el Fren- te Amplio votó una capitalización de US$ 622 millones, a lo que se sumó un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 250 millones. El debate solo sirvió para que el oficialismo desnudara sus diferencias por el manejo financiero en Ancap, y la oposición denunciara que mucha de la plata que falta en ese organismo fue usada por Raúl Sendic en la campaña electoral. Hubo acusaciones de "corrupción", "ineptitud" y "ocultamiento", y anuncios de que el tema terminará definiéndose en la Justicia, pero no alteraron el resultado previsto en la votación.

Ahora resulta que esos 872 millones de dólares aprobados no son suficientes, que Ancap precisaba y precisa ayudas mayores y entonces se procedió a una "capitalización encubierta", como denunció días atrás el senador Álvaro Delgado: no se respetó la paramétrica de Ancap y desde octubre del 2015 no se redujo el precio de los combustibles pese a que el petróleo estuvo hasta 15% por debajo del precio de los combustibles y aún hoy está un 8%.

En la actual paramétrica de Ancap, el petróleo tipo Brent, que es el de referencia, se estableció a un precio de US$ 50,2 y el tipo de cambio del dólar se fijó en 29,6. La realidad del mercado fue que el precio promedio del Brent estuvo en US$ 42,6 y el dólar en $ 30,9 lo que significa un costo promedio de $ 1.316 por barril frente a los $ 1.486 establecidos en la paramétrica; es decir, un 11,4%.

Ello le significó al Ente una recaudación que ronda los 125 millones de dólares de más que, obviamente, salió de manera directa y sin mayores disfraces del bolsillo de los contribuyentes.

Y ya que estamos con Ancap vale la pena recordar que allá por el mes de junio se manejó una eventual deuda de la empresa con la DGI por un monto de 385 millones de dólares por concepto de no pago del IVA correspondiente a importaciones de derivados del petróleo desde el año 2007, recargos y multas. La ministra Cosse, rauda y veloz, salió a desmentir. Señaló que "lo que puede haber pasado es que haya un desfasaje entre el pago del IVA y haya algo por multas y recargos", pero aseguró que ese monto "está muy lejos de esa cifra". "Lo importante es estar al día; y Ancap tiene un certificado, no hay una deuda con la Dirección General Impositiva (DGI)".

El senador Delgado hizo entonces un pedido de informes a Ancap por intermedio del ministerio de Industria para conocer "1) Si existen importaciones de cualquier tipo realizadas por Ancap aún sin regularizar ante los organismos competentes desde el año 2005 a la fecha. Solicitamos se indique detalladamente las relacionadas al petróleo, gas butano, gas propano y productos derivados del petróleo. 2) Si Ancap mantiene deudas con la Dirección General Impositiva. En caso de ser afirmativa la respuesta, especificar a cuánto asciende el monto, cuál es el origen de la o las mismas y cuáles son los tributos y obligaciones impagos detallando ítems y montos respectivos. 3) Si mantiene deudas con otros organismos producto de las importaciones realizadas desde el año 2005 a la fecha, por cualquier concepto".

Tres meses después, el pedido aún no ha sido contestado. ¿Cuál es el motivo? ¿Es solo imputable a la burocracia de Ancap esa lentitud o existen otras razones? Si la ministra salió al cruce con celeridad encomiable cuando apareció la información, ¿por qué ahora se demora tanto en responder directamente desde el Ente lo que se le pregunta? ¿No lo entiende o es muy complicado? No parece y así vamos…

EDITORIAL