EDITORIAL
diario El País

El dilema portuario

Uruguay tiene una particularidad llamativa. Las dos actividades, los dos elementos que más han influido en su existencia como país independiente, suelen ser ajenos para porcentajes enormes de su población.

El primero, claramente, es el sector agropecuario, verdadero corazón productivo nacional, y que en cada crisis, en cada tropezón económico de la historia, se ha encargado de ser la muleta que ha puesto de pie al resto del país.

Pero el segundo, es todavía más complejo y más difícil de entender para quienes no lo conocen de adentro. Hablamos del Puerto de Montevideo, y toda la red de intereses que lo cruzan.

En los últimos meses, a raíz del acuerdo entre el gobierno y la empresa de capitales belgas Katoen Natie, el puerto capitalino ha ocupado lugares poco habituales en las páginas de los diarios, y en los informativos de TV. Pero en no pocos casos el tema ha padecido de la habitual liviandad y facilidad para la opinión contundente, tan propia de estos tiempos. Agravado por el escaso conocimiento que muchos tienen de esta actividad.

Empecemos por remontarnos a principios de los años 90. Por aquel entonces el puerto de Montevideo estaba lejos de ser el centro logístico y comercial que es hoy. Y también estaba lejos del esplendor que supo tener en otros tiempos. Problemas de organización interna, y el peso de un gremio todopoderoso en el recinto portuario, lo habían convertido en un “puerto sucio” y relegado de forma trágica. Ahí vino la reforma del año 92, enfrentada de forma cruenta por los gremios y el Frente Amplio, que significó un cambio radical y positivo.

Esa reforma preveía la licitación de una terminal especializada para contenedores. Se demoró casi 6 años en frustradas licitaciones hasta que, bajo el gobierno de Jorge Batlle, mediante un remate público en la Bolsa de Comercio Katoen Natie (TCP) ganó la subasta.

La llegada de TCP significó un empuje extraordinario para el puerto de Montevideo y lo potenció al punto que la carga desbordaba, y posibilitó que otra empresa, Montecon, pudiera crecer también, haciendo inversiones importantes, pero operando desde muelles públicos.

Esta convivencia funcionó de manera más o menos pacífica, hasta que distintos cambios internos y externos llevaron a una reducción de las cargas y a una competencia compleja. Y ahí empezó a surgir el reclamo de TCP: ellos se habían presentado a una licitación, pagaban un canon y hasta multas en caso de no llegar a la cantidad de carga prevista, pero competían con una empresa que no solo no pagaba nada, sino que usaba estructuras financiadas por los contribuyentes.

Esa tensión, nunca resuelta por los gobiernos del Frente Amplio, llevó a que la empresa belga dejara de invertir y de potenciar el puerto, e iniciara un juicio millonario a nivel internacional. Con la llegada del nuevo gobierno, se logró un importante acuerdo que hará que TCP desista de su juicio, vuelva a invertir y se comprometa a bajar el costo de usar el puerto, algo clave tanto para atraer carga de fuera, como para facilitar el comercio exterior uruguayo.

Claro que esto deja “fuera de juego” a Montecon, que ha lanzado una ofensiva mediática buscando mantener su lugar en el mercado, y denunciando que el gobierno ha concedido a TCP un monopolio que es contrario al espíritu de la reforma portuario del año 92. Curiosamente, en su apoyo ha salido nada menos que el sindicato portuario que fue feroz enemigo de aquella reforma.

Aquí entramos en aguas turbulentas. Por un lado es verdad que la reforma portuaria no quería monopolios. Pero también que durante todos los años en que Montecon se benefició de su posición, nunca hizo uso de la opción de iniciativa privada para llamar a licitación de una segunda terminal. Porque estaba cómoda con el régimen de entonces, y porque son pocos los puertos capaces de soportar dos terminales especializadas.

El conflicto entre dos empresas que operan en el puerto de Montevideo, con el tono que algunos agentes vienen imprimiendo, es malo para los intereses generales del país.

El acuerdo logrado por el gobierno con TCP parece positivo para el país. No solo por los términos económicos, sino porque se trata de una empresa líder a nivel global en la materia, que aporta “know how” de avanzada, y vinculaciones al más alto nivel. También es verdad, que debería haber una solución para que Montecon encuentre un lugar desde donde seguir aportando al país.

Lo que de seguro no es positivo para nadie, es este “tiroteo” mediático, lleno de calificativos y acusaciones, donde las empresas y sus agentes usan a los medios y a gente que no entiende del asunto, para llevar agua a su molino.

El puerto de Montevideo es demasiado importante para el país, para quedar de rehén de intereses cortoplacistas y mezquinos.

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