Cuando al ministro Olesker se le oye afirmar ante los micrófonos del Paraninfo de la Universidad, que hay margen para aplicar más presión tributaria, uno recuerda otros momentos. Aquellos en que desde el Ministerio de Economía, no se sabe si en un rapto de entusiasmo por la excelencia de la propia gestión o porque arreciaban las críticas a la política pro cíclica que el gobierno del Frente Amplio llevaba adelante, se anunció que el Uruguay contaba con un espacio fiscal de proporciones, equivalente a 140 millones de dólares. Dicho lo cual, las exigencias de mayores reclamos pre rendición de cuentas, como era de suponer, cobraron renovado vigor.

Sin embargo, para conseguir 60 millones de dólares que financien la deteriorada infraestructura vial, parece que hay que inventar un nuevo tributo (nada de bajar gastos) y los legisladores frentistas sancionan un proyecto del Ejecutivo, tristemente conocido como ley del ICIR, groseramente inconstitucional. Tanto así, que la Corte Suprema de Justicia poco tiempo después lo declara como tal, al expedirse sobre la primera demanda judicial que llega a sus manos, presentada por un productor rural.

Ahora bien, esto no quiere decir que haya sido el mismo ministro de Economía que se ufanaba del espacio fiscal, quien apadrinó el engendro del ICIR -un impuesto para todo aquel que tenga más de 2000 hectáreas de campo- sino que su origen estuvo en el Ministerio de Economía número 2. Porque se da la particularidad de que en nuestro país ahora tenemos dos lugares hacia donde mirar, si uno pretende enterarse del rumbo de la política económica uruguaya. La incertidumbre se ha multiplicado. Contamos con la sede tradicional de la calle Colonia y la más nueva, sita en el mismo edificio presidencial. Más cerca, no solo geográficamente, sino también del alma emepepista del presidente.

Frente al planchazo legislativo, (no es la primera ley mal hecha y del oficialismo y seguramente no será la última) el gobierno no tuvo más remedio que hacer borrón y cuenta nueva y entonces le llegó el turno, ahora así, al MEF, para pergeñar otra iniciativa no tan burdamente errada, con el mismo propósito. Sacarle más plata al sector rural. Y no solo porque les preocupa el mal estado de las carreteras -como debiera ser- y a los intendentes se les haya dorado la píldora, diciéndoles que ese dinero les sería repartido para que puedan mejorar el sistema vial, sino que es evidente que existe en el conglomerado frentista una postura ideológica, una especie de rechazo visceral hacia todo aquello que huela a terrateniente.

Algo que explica la errada visión de dejar fuera importantes consideraciones como la eficacia de la economía de escala que permite mejor competitividad, la mayor productividad, la viabilidad económica. Demostración de un gran desconocimiento de lo que es la producción agropecuaria moderna, de las distintas formas de explotación que hoy se dan, como por ejemplo, el que grandes extensiones de campo, para forestación, para siembra, ganadería, tambos, actualmente sean propiedad de un sinnúmero de personas, uruguayas o extranjeras. Caso de la empresa agraria ignorantemente señalada en tono acusatorio, hace pocos días, por el presidente Mujica, cuyos accionistas son grupos de maestros, de bomberos, de Dallas y de algún otro estado norteamericano. Parte del fenómeno proveniente de las múltiples formas societarias que actualmente existen y hacen posible que distintas gentes puedan invertir o tener sus ahorros en distintos emprendimientos a través de fideicomisos, fondos de pensión como el arriba señalado, de inversión, de sociedades anónimas.

Ahora el MEF viene a salvar la petisa, y propone la reinstauración del Impuesto al Patrimonio, que le fuera exonerado años atrás por la grave crisis. Se trata de la vía que podría haberse usado desde el principio, evitando papelones. Pero por algún motivo se había derogado. Es que las hectáreas de campo son factores de producción y por lo tanto no condice en absoluto con el espíritu de la reforma tributaria, de impuesto a la renta. Es bueno hacer memoria al respecto. Decían que el IRPF iba a ser neutro y resulta que es el segundo en recaudación. También que se eliminarían otros impuestos, incluido el IP. No solo no se ha quitado, sino que lo amplían y se castiga en lugar de estimular, a una genuina actividad económica.