EDITORIAL

El sistema fue trágicamente ineficaz en la prevención del delito, como lo es, un día sí y otro también, en la de muchas otras muertes y abusos por violencia intrafamiliar.

Los trágicos hechos de violencia que se sucedieron durante las últimas semanas reavivaron una indignación popular que, como siempre, duró unos días y generó ciertas reacciones en el sistema político, pero sin que se propiciaran cambios de fondo.

Otra vez, a nivel de la opinión pública se alzaron voces reclamando la pena de muerte. El consabido argumento de que dicho castigo ya está instalado, porque hay delincuentes y pedófilos que matan, implica una evidente falacia. El Estado no puede ni debe actuar de igual manera que los antisociales. El derecho a la vida que estos irrespetan, debe ser protegido siempre por aquel. Pero mientras nuestros dirigentes políticos debaten sobre qué camino tomar, hacen poco y nada por aplicar medidas concretas, que impliquen una prevención efectiva y urgente.

Hace unos días, desde Presidencia se lanzó una campaña publicitaria con ese objetivo. Se trata de cinco videos que dramatizan situaciones del llamado "micromachismo", conductas cotidianas aceptadas socialmente que implican la desvalorización de la mujer. En uno, un niño hace notar a su padre que debería ayudar a la madre a levantar la mesa y lavar los platos. En otro, un adolescente cuestiona a su progenitor, quien opina que el cuidado de un familiar enfermo debe quedar a cargo de su hermana, por ser mujer, y así sucesivamente. Las dramatizaciones tienen en común la ingeniosa idea de que las nuevas generaciones corrigen a los adultos, incitándolos a no perpetuar atávicas discriminaciones. Hasta ahí todo bien: es correcto que el Estado asuma la iniciativa de combatir conductas machistas regresivas y lamentablemente aún instaladas. Lo que nos preocupa es que la conclusión de estos mensajes explicite, muy livianamente, que superando esas falencias se evitará la violencia de género.

El hecho de que el Estado se centre en el micromachismo para explicar un fenómeno tan trágico, revela una ingenuidad de análisis que poco favorece a su prevención. Es como cuando en un infeliz tuit, la jerarca municipal Fabiana Goyeneche pareció exculpar a los criminales, atribuyendo su accionar a la influencia del sistema patriarcal. Suponer que un papá atorrante que no ayuda en las tareas de la casa es un abusador y un violento en potencia, es indicativo de la visión sesgada y simplista con que algunos colectivos sociales usan estos horrores para llevar agua a su molino ideológico, en lugar de trabajar para evitarlos. Y también de un Estado que se deja llevar pasivamente por su influencia, que podrá ser muy políticamente correcta pero en nada aporta a abatir la monstruosa y vergonzante acumulación de mujeres y niños uruguayos abusados, violentados o asesinados por compatriotas cobardes e inmorales.

Nadie puede discrepar con combatir los micromachismos con una campaña de comunicación masiva. Pero si el Estado quiere impedir con eficacia la violencia de género y el abuso infantil, debería empezar por mejorar la coordinación entre el Ministerio del Interior y el sistema judicial, para que efectuar una denuncia no sea la manera más fácil de morir a manos del victimario, en lugar de salvarse de su insania. La oprobiosa prescindencia de la justicia, ante los múltiples antecedentes de un asesino al que nadie impidió andar libre por la calle manejando un taxi, es la contracara atroz de la anodina campañita contra el modelo patriarcal. El sistema fue trágicamente ineficaz en la prevención del delito, como lo es, un día sí y otro también, en la de muchas otras muertes y abusos por violencia intrafamiliar. El año pasado, un estudio del Observato-rio en Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior reveló que el 34% de las muertes por esta causa se producen aún habiendo existido una o más denuncias previas al agresor. ¡El 34%! ¿Quién asume esta vergonzante responsabilidad?

Cuando en abril de 2015, el candidato nacionalista a la Intendencia Álvaro Garcé propuso la creación de hogares de acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica y sus hijos, el Frente Amplio replicó con su soberbia característica que eso ya existía. Organizaciones civiles independientes salieron rápidamente a desmentir ese torpe exitismo. A dos años de ese papelón, ¿hay alguien trabajando de verdad en estos temas, que son los verdaderamente urgentes?

Lo que el gobierno comunica es, ni más ni menos, aquello en lo que pone su énfasis de gestión. Así que vale preguntarse si hoy está auténticamente comprometido en parar esta masacre, o si su preocupación sigue siendo que los papás holgazanes ayuden a lavar los platos.