EDITORIAL

El desprestigio de la política

El caso Sendic indudablemente por la combinación de mentiras absurdas, uso de recursos públicos en provecho propio y presunta corrupción que en no mucho tiempo laudará la Justicia, marca el inicio de esta situación.

A partir del caso Sendic con sus múltiples episodios y temporadas, comenzó una andanada de noticias sobre políticos de distintos partidos de los que, en balance, es difícil saber cuál sale ganando, pero claramente el sistema de partidos en su conjunto queda dañado y perjudicado. En el análisis de esta situación ha primado el espíritu futbolístico de saber qué partido saca ventaja, pero parece haberse perdido de vista que el desprestigio de la actividad política al que han contribuido con esmero digno de mejor causa políticos del oficialismo y de la oposición, está afectando a todos y al propio país.

El caso Sendic indudablemente por la combinación de mentiras absurdas, uso de recursos públicos en provecho propio y presunta corrupción que en no mucho tiempo laudará la Justicia, marca el inicio de esta situación. No es que no hayan existido casos de corrupción, acomodo o incompetencia supina en el pasado, pero todo lo relacionado con el manejo de Ancap rompió todos los récords. El desenlace del año pasado, aunque no es el final de la película, con su renuncia a la vicepresidencia de la República marca la gravedad de la situación.

No debe olvidarse, sin embargo, que el Frente Amplio hizo caso omiso del fallo de su tribunal de conducta política y el plenario resolvió no aplicar ninguna sanción a Sendic. Vale decir, el Frente Amplio como organización política entendió que no había nada para condenar, siquiera para criticar, de la actuación de Raúl Sendic, a pesar de que él mismo terminó comprendiendo que no podía permanecer en el cargo. Este aspecto del caso es central, porque demuestra uno de los puntos fundamentales que hoy están afectando la credibilidad del sistema político en su conjunto: la falta de una condena explícita del partido político al que pertenece el implicado.

Desde el año pasado, y con particular intensidad en las últimas semanas, se han conocido nuevos casos, por cierto, cuantitativa y cualitativamente muy diferentes al caso Sendic, pero que también han afectado la ya menguada credibilidad de los políticos uruguayos. El caso Bascou golpeó al Partido Nacional y, por diversas razones, la resolución partidaria no estuvo a la altura de las circunstancias. Podrá argumentarse que el fallo del tribunal de ética blanco fue lamentable, como efectivamente lo fue, o que el directorio no logró aprobar la moción que correspondía por la falta de votos del sector del intendente, pero lo cierto es que a fin de cuentas el mensaje del partido fue errático en un tema en que no debía serlo.

En las últimas semanas saltaron al primer plano informativo intendentes que tienen familiares en cargos de confianza o de otro tipo en sus intendencias, tanto blancos como frentistas. Si bien, nuevamente, no todos los casos son iguales, algunos de los que salieron a dar explicaciones parecieron guionados por el enemigo. Por si fuera poco, en medio de esta situación la intendente de Lavalleja Adriana Peña decidió contratar a su hermano, con un sentido de la oportunidad impresionante. Los intendentes blancos parecen ajenos al tiempo en que vivimos y a las consecuencias que tienen para ellos mismos y para su partido sus acciones. Le han infligido un daño sentido en la base militante y en la opinión pública que no han dimensionado, que pone en cuestión su capacidad de distinguir lo que verdaderamente importa para el país de intereses infinitamente menores. La frutilla de la torta ha sido la noticia en esta semana de que el vicepresidente de ASSE, Mauricio Ardús, que ya contaba con múltiples secretarias, contrató a la novia de su hijo con un salario de $ 57.000. Al conocerse la noticia la hizo renunciar y pretende seguir en el cargo como si nada. Parece que en Uruguay hay que llegar al grado de ridículo e impopularidad al que llegó Raúl Sendic para dejar un cargo público. La gestión de ASSE, de la que Ardús es responsable, ya arrastra un sinnúmero de casos opacos, acomodos y sobreprecios en contrataciones a correligionarios que debería haber hecho renunciar en pleno a todas sus autoridades. Pero todos siguen tan campantes.

La parte buena de todos los casos reseñados y otros que han acontecido en los últimos tiempos, es que la prensa actúa libremente y la ciudadanía se entera de todos los dislates. La mala es que muchos políticos, que no todos, no parecen ser conscientes de que están jugando con fuego. Aún estamos lejos del "que se vayan todos" que sacudió a nuestros vecinos hace no mucho tiempo, pero si no son capaces de actuar con otros estándares éticos vamos en esa dirección y pisando el acelerador.

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