Editorial

“Hay un límite muy fino entre la constatación de datos cuyos cálculos merecen críticas graves de sentido común, y la atribución al gobierno de intencionalidad política en mentir en las estadísticas oficiales.

Una de las peores herencias que dejarán estos tres gobiernos nacionales frenteamplistas es una extendida desconfianza hacia los datos estadísticos oficiales que tan importantes son para conocer la evolución económica y social del país.

Con el movimiento Un solo Uruguay las críticas se han hecho más fuertes, poniendo en tela de juicio sobre todo los resultados de pobreza e inflación. Por el lado de la pobreza, se hace poco creíble la cifra de 7,9% del total de la población que publicó el año pasado el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Y el motivo es evidente: el INE considera que, a diciembre de 2018, si una persona reside en el Interior urbano y percibe más de $ 8.800 por mes, o si reside en el inte- rior rural y tiene un ingreso superior a $ 5.900, entonces, estadísticamente, ya no es considerado pobre.

Cualquiera se da cuenta que ese umbral de pobreza con esos montos definidos son ridículamente bajos: ¿o acaso no es mucho más razonable pensar que sí es pobre quién reside en Maldonado, departamento mucho más caro que Artigas o Rivera por ejemplo, y percibe solamente $ 10.000 al mes?

Por otro lado están los problemas de medición con relación a la inflación. El economista Gandelman, en una columna del pasado 21 de enero en Economía y Mercado de este diario, señaló que “el problema es que la canasta promedio que sigue el INE surgió de una Encuesta de Ingresos y Gastos de los hogares del 2005. Obviamente, la participación de muchos productos en la canasta de consumo varió notablemente y por lo tanto las variaciones actuales del IPC no reflejan los reales cambios en el costo de vida de los hogares”.

Así las cosas, disponer de una evaluación de consumo vieja de 14 años, con los gigantescos cambios de hábitos sociales y de consumo que hubo en este período, hace muy razonable la desconfianza de que la medición de la inflación refleje, efectivamente, el aumento de precios real que sufre la gente.

Hay un límite muy fino entre la constatación de datos cuyos cálculos merecen críticas graves de sentido común, y la atribución al gobierno de intencionalidad política en mentir en las estadísticas oficiales. Todo el mundo conoce el mal ejemplo argentino del período kirchnerista en donde se intervinieron las cifras oficiales, y se vivió por tanto en un mundo estadístico de mentira, que no conocía su real crecimiento económico, su inflación y la incidencia de su pobreza.

Es razonable pensar que el Uruguay frenteamplista difiere del modelo kirch-nerista en este sentido, a pesar de las fuertes connivencias intelectuales y políticas de parte de la izquierda con ese particular peronismo. Seguramente entonces, tanto en materia de medición de pobreza como en definición de inflación, no haya una intencionalidad explícita del poder político izquierdista de mentir deliberadamente en los guarismos que se presentan. Sin embargo, la realidad señala que sí hay una contundente desidia frenteamplista en el poder para fijar cambios que permitan que esos índices reflejen mejor la realidad de lo que efectivamente ocurre en el país.

En materia de pobreza, por ejemplo, es evidente que el crecimiento económico de estos años ha hecho más próspera a la sociedad, y que eso debiera de traducirse en una mayor exigencia en el umbral de ingresos para ser considerado pobre por el INE. También, hubo cambios sociales a atender y entender, que implican que debe haber una mejor conceptualización regional del país: como todo el mundo sabe, la plata no rinde lo mismo en Colonia que en la frontera con Brasil, por ejemplo, por lo que fijar un umbral de pobreza único e idéntico para esas dos regiones no responde a la mayor complejidad de la nueva realidad.

En materia de inflación, Gandelman señala que durante 2016 y 2017 el INE llevó adelante una nueva encuesta de ingresos y gastos de la que debería de obtenerse una nueva canasta para medir la inflación, pero que todavía no hay noticia de cambios metodológicos en este sentido.

El resultado de esta desidia es que la ciudadanía empieza a desconfiar de las cifras oficiales. En definitiva, ellas no reflejan lo que la gente ve y constata en materia de pobreza en el país, ni la evolución real del aumento de los precios. Con todo el poder acumulado en sus manos por casi 15 años, la conclusión lógica es que hay una intencionalidad política implícita del Frente Amplio, entendida como la consecuencia de la desidia de un mal gobierno, de manejar estadísticas de menor calidad.

También aquí se precisa una alternancia en el poder que cambie este mal talante.