Editorial

Hay un clima beligerante que a los anticuados mentores de la lucha de clases puede agradar, pero que supone uno de los graves cargos que se le hará a este gobierno: haber fomentado hasta extremos insólitos la fractura social.

Hace poco participamos en una reunión con dirigentes de un gremio empresarial, en la que el sentimiento coincidente era el siguiente: solo contratar personal en caso de extrema necesidad. Era una afirmación derivada de paros, ocupaciones, ataques del Ministro de Trabajo, inequidad en las negociaciones, exigencias sindicales con total desconsideración al momento económico actual, etc. Se trata de un clima beligerante, que a los anticuados mentores de la lucha de clases puede agradar, pero que supone uno de los graves cargos que se le hará a este gobierno: haber fomentado hasta extremos insólitos la fractura social. Así, ha desaparecido casi por completo la voluntad de cooperación de capital y trabajo, y esta fractura hace muy complejo el crecimiento económico y, sin duda, el del empleo.

A este ambiente enrarecido fogoneado en especial por el Ministro de Trabajo, se suman ahora expresiones cada vez más duras de un marxismo viejo, homenajeado por el intendente Martínez. Lo que se detecta ahora cada vez con más frecuencia es el creciente interés de obreros agrupados en sus sindicatos, de manejar ellos mismos las empresas por encima de la voluntad de su dueño. Ocurre nuevamente en Conaprole, donde el sindicato no admite que la dirección maneje el personal según su criterio; ocurre en el Sunca, creador de reglas de gestión en las propias empresas por encima de la voluntad de los dueños; ocurrió con Hyundai; con la estación de Santa Clara o con dos frigoríficos; con la papelera de Colonia; con AFE y ahora también en la UTE donde los arreglos de la organización de trabajo se pretende que se hagan obligatoriamente con los sindicatos. Estos además opinan ya no sobre temas laborales sino sobre política internacional, acuerdos de libre comercio, apoyos a Venezuela, aborto, marihuana, medio ambiente, seguridad, política industrial, matrimonio gay, cualquier cosa. Sin desconocer su conocimiento en sus temas profesionales, el opinar de cualquier cosa obviamente desacredita la seriedad para planteos en cualquier tema.

Ahora lo más notorio es no admitir que la organización del trabajo es privativa del empresario. Este puede o no consultar a los trabajadores si confía en ellos, pero el derecho de organizar es solo suyo. Con cooperación, mejor; y sin ella también.

Otro sindicalista ha difundido su peregrina interpretación sobe el fin social de las empresas, interpretándolo como la obligación de que estas deleguen obligatoriamente una parte mayor o menor de sus decisiones en los trabajadores. No es así. El fin social de las empresas se expresa a través del aporte de las mismas al crecimiento económico, al desarrollo, al encuentro del capital y el trabajo en un objetivo de éxito compartido, en el pago de impuestos, en la generación libre de espacios de progreso y capacitación, etc.

En realidad si los trabajadores quieren manejar una empresa tienen dos caminos: el primero es emprender, buscar combinar factores de producción, arriesgar, luchar. El segundo es hacerse comunista o tupamaro. Como bien lo acaba de contar Valenti, los comunistas uruguayos tenían armas para tomar el poder y, como lo acaba de contar Zabalza, su idea —la de los tupas— era quitar por las armas las empresas grandes y dárselas a los trabajadores, siguiendo la inspiración nada menos que del Che Guevara. Como se ve, dentro del estado de derecho, y respetando la pluralidad de opiniones, si los trabajadores quieren manejar una empresa queda solo el primer camino.

A veces el gobierno actúa fogoneando otro, intermedio, que consiste en apañar todo reclamo para destruir las empresas: ocupaciones, ajustes salariales insólitos y tributos que suponen a veces expropiar sin pagar. Es como inclinar la lucha de clases más vieja, optando por la derrota del empresariado pero haciéndoles dejar en el camino sus empresas, que simplemente desaparecen, no pasan a los trabajadores como quiere Zabalza.

Esta fractura no solo tiene costos en términos de crecimiento perdido, de castigo a la iniciativa individual, sino también pero de la peor manera, supone una afectación muy grave a la voluntad de dar trabajo, de hacer crecer el empleo. Mientras contratar a alguien se parezca —sindicatos mediante— a la posibilidad de incluir un enemigo en casa, el freno al crecimiento se hará evidente. Y entonces prosperará como condición necesaria para invertir, ese espanto institucional que supone que para sentar capital en Uruguay hay que arreglar con el Poder Ejecutivo —en Presidencia o en la chacra— y con el Pit-Cnt como parece haberlo hecho UPM, curándose en salud de lo ocurrido en Conchillas, o con Hyundai, pero afirmando así el deterioro en el sistema de reglas que debe ser general y ciego, y no particular y flechado.