Riesgos de colusión, uso indebido de fondos, posibilidad de fraude, ineficiencia del gasto.

Todas estas lindezas, absolutamente todas, son aplicables a lo evidenciado tras las auditorías ordenadas por el nuevo gobierno, (tal como lo anunciara Lacalle Pou en su campaña electoral) para investigar la administración, en este caso del Mides, durante la gestión del Frente Amplio. Se presentó una denuncia penal el 4 de febrero pasado y ahora el exdirector de secretaría de la cartera, (hoy en Presidencia) Nicolás Martinelli y el penalista Gustavo Bordes, han sumado una ampliación.

Hasta el momento han sido citados a declarar decenas de funcionarios y exfuncionarios, como testigos en esta primera etapa. El turno de las exautoridades será para más adelante, una vez se avance en la investigación. Pero con la habitual lentitud de nuestra justicia, ahora agravada por los frenos impuestos a raíz de la pandemia, el peligro de que el paso del tiempo diluya la eficacia del Poder Judicial, está latente. Y es probable que juegue a favor de los responsables.

Porque de esto se trata esencialmente, de exigir responsabilidad y castigar la falta de ella. Para no irnos por lo abstracto, viene bien un racconto de lo que ha ido saliendo al levantarse la tapa de la Caja de Pandora. Su mal olor provoca justificada ira tras quedar en evidencia cómo se malgasta el dinero del Estado. Cómo se roba, cómo se despilfarra, (lo mismo en realidad), cómo se engaña a los contribuyentes y a la población en general. A la cual el FA le vendió el cuento de que finalmente habría gente con inquietud social al mando. Del Uruguay y de un nuevo Ministerio (se ocupa en buena medida de lo que se hacía bajo otras denominaciones) titulado Desarrollo Social. Al frente del cual se puso a la líder del Partido Comunista, Marina Arismendi, quien aparte de una dirección muy cuestionada pudo, eso sí, armar un muy útil y amplio fichero de gente. Ya fuese porque se relacionaba o dependía de la cartera a su cargo.

Es difícil elegir por dónde empezar un listado por más incompleto que sea, respecto de lo que ha salido a flote de los abusos de diferente índole que han podido ser detectados. Por ejemplo, en la compra de toda clase de electrodomésticos, tales como hornos, cocinas, microondas, para reponer equipamiento en lugares como refugios, etc. Pero los retirados no iban a los depósitos y no se conoce su destino. Sin inventarios de almacenamiento o disposición final, ingreso o egreso de los mismos, era cosa usual. Da una idea de lo que sucedía la declaración de un funcionario encargado de llevar unas heladeras, quien sorprendido observó que el único problema era que estaban sucias. Pero tal como se le había ordenado, dejó las nuevas y a otra cosa. De acuerdo a la auditoría, no se puede afirmar que los aparatos adquiridos o donados llegasen a la “población objetivo”, lo que implica “un alto riesgo de fraude”. También se menciona la compra de materiales de alto valor, como dos enfardadoras de materiales para recicladores, en decenas de miles de dólares. Una de ellas todavía abandonada en un depósito. Otra compra de 7 generadores de energía, también para los hurgadores, de los cuales solo se entregó uno, porque no les servían por el costo del combustible.

Las compras superpuestas y sin contrastock serán investigadas por el fiscal Enrique Rodríguez, especializado en Delitos Económicos y Complejos, para establecer si hubo dolo. Una membrana muy delgada para levantar y discernir entre incapacidad pura y dura, desinterés, “porque total… es plata del Estado”. O coimas recibidas de parte de los vendedores a raíz de las compras, o dinero obtenido de reventas como ser, de electrodomésticos u otros insumos. Solo así se puede explicar la compra de 1760 litr. de cera de piso, dado que según la auditoría, el Ministerio utilizaba 240 litros por semana. Se habrían abastecido para siete años, aunque el vencimiento del producto fuera a los tres. O los 75.000 pañales para bebés prematuros, en vez de para geriátricos, o las 63.000 esponjas de limpieza, hoy oxidadas en su mayoría.

Los pagos de más por U$ 72.000 a médicos cubanos, los $18 millones a ONG para alquileres de locales que no se hacían efectivos y el Mides luego pagaba, (por segunda vez) a los propietarios. Las irregularidades administrativas de todo tipo, el costo desconocido de las certificaciones médicas, y un largo etc. que incluye el contenedor con insumos médicos, donado por el Rotarý Internacional, abandonado en el puerto.

Lamentablemente no será el único lugar mal gestionado dentro del Estado y bajo cualquier gobierno hay deficiencias, pero basta de tibieza con los responsables y es hora de que se hagan cargo.