EDITORIAL
diario El País

Desagravio al constituyente

Hace tiempo que la sociedad uruguaya viene perdiendo por paliza contra el auge del delito.

Para reforzar la línea de combate, el nuevo gobierno dedicó un largo capítulo al tema de la seguridad ciudadana, con medidas que se consideran imprescindibles para que las autoridades tengan mayores y mejores herramientas.

Pero, no es suficiente porque la lucha es solo de tiempo parcial. De noche no se trabaja, está vedado.

El artículo 11 de la Constitución de la República prohíbe los allanamientos nocturnos en los hogares: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”. Su origen es la Constitución de 1830, que ayer cumplió 190 años. En aquel momento e incluso tiempo después nadie discutía su razón de ser: se trataba de un freno a las arbitrariedades del poder, en una época donde las democracias, los principios republicanos y un enclenque Poder Judicial carecían de fuerza para detener a los gobernantes de turno. Y la gran mayoría de las constituciones de la época tenían una disposición similar.

Ahora las cosas han cambiado, en nuestro país y en el mundo. A punto que solo dos naciones registran esa disposición en sus Cartas: Uruguay y Portugal.

Muchos son los motivos que han jugado para ese desplazamiento, porque la realidad hoy es otra. Las democracias, los principios republicanos, los derechos humanos, el Poder Judicial, tienen una fuerza de la que antes carecían (o el mundo menospreciaba) y como contrapartida han aparecido -en todas partes- organizaciones criminales que funcionan las 24 horas del día y obligan a combatirlas las 24 horas del día. Regalarles la noche para que hagan lo que quieran parece un suicidio colectivo.

Hace un tiempo, el entonces senador Pedro Bordaberry consideró que “a esta altura, una disposición imaginada para limitar la prepotencia del soberano autocrático, está resultando en un cómodo parapeto para la delincuencia”. Y, en el mismo sentido, el expresidente José Mujica completó ese pensamiento al afirmar “que a una boca hay que entrarle de noche, de madrugada y cuando sea”.

Dos figuras claramente contrapuestas en la actividad o el pensamiento político nacional, tienen una rotunda coincidencia, porque más allá de sus diferencias ven con preocupación cómo se está destruyendo a la sociedad uruguaya. Que el tema de la droga nos lleva en el camino de Guatemala o El Salvador, como anunció el comisario Guarteche. Y que o frenamos esto de una vez por todas o estamos fritos.

El proyecto de reforma de “Vivir sin miedo”, que impulsó el actual ministro Jorge Larrañaga derogaba la prohibición constitucional. Tuvo un muy buen respaldo electoral (casi 47% de los votos), pero fue planteado en el seno de una campaña electoral e incluía además una pormenorizada reglamentación que era propia de la ley y no de la Constitución (crear una Guardia Nacional, aumentar penas de los delitos con inclusión de cadena perpetua para algunos casos muy graves, etc.). Hoy los partidos políticos no están en campaña electoral sino participando de la tarea parlamentaria para hacer del Uruguay un país mejor.

Los tiempos electorales están lejos, pero las urgencias de los ciudadanos están muy cerca y cada día que pasa sus perspectivas son peores. Para todos, ya sean frenteamplistas, blancos, colorados, del Partido Independiente, de Cabildo Abierto, del Partido de la Gente, de Unidad Popular, del PERI o de lo que sea o lo que venga. Aunque no nos guste el término, el delito es muy democrático: alcanza por igual a todos y no discrimina por simpatías políticas.

Si esto es así, ¿qué se necesita para que todo el espectro político impulse una modificación constitucional que termine con la prohibición de los allanamientos nocturnos? Hoy existe un Poder Judicial muy profesional e independiente, que es resguardo de todos los ciudadanos. Que se pida su autorización para ingresar a los hogares. Que la garantía para evitar arbitrariedades venga de la mano de ese Poder del Estado y no del consentimiento del jefe de familia que presuntamente es un gran pastabasero.

Que se haga un esfuerzo, que se plantee una tregua y que todos los partidos juntos respalden ya la posibilidad de que se pueda luchar contra el delito las 24 horas del día. Sin descanso. Sería una señal histórica de grandeza política y un desagravio al constituyente de 1830, porque su artículo 11 inspirado en la protección de los ciudadanos, no puede ser ahora el impenetrable escudo de delincuentes y narcotraficantes con su secuela de muertes, cárceles llenas y jóvenes destruidos.

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