EDITORIAL
diario El País

Derogar la ley inconstitucional

Es excelente la iniciativa del Partido Colorado (PC) de derogar la ley, aprobada por el Frente Amplio (FA) en agosto de 2018, que intentó promover el voto de los uruguayos en el exterior.

La ley fue recientemente declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, a raíz de la impugnación presentada a fines de 2018 por gran parte de los partidos que hoy forman la coalición de gobierno. Y no es para menos, ya que la inconstitucionalidad era bastante evidente, toda vez que la ley frenteamplista pretendía una interpretación completamente sesgada de un par de artículos de la Constitución, y que contrariaba claramente el texto mismo de la Carta Magna.

Todo esto el FA lo hizo a sabiendas de que en 2009 el pueblo ya se había pronunciado, en consulta expresa sobre el tema, en un sentido claro y fuerte. En efecto, el pueblo uruguayo, votando, había expresado con amplia contundencia, cercana a dos de cada tres ciudadanos en total, que no quería habilitar ninguna forma de voto en el exterior.

Sin embargo, en 2018 la izquierda mostró una vez más su carácter antidemocrático, ese que es tan característico de su esencia leninista. Es conocido ya por todos: el FA afirma que está dispuesto a respetar la voluntad popular, siempre que ella esté de acuerdo con lo que él cree y estima. Porque si eso no es así, la izquierda ha demostrado varias veces que es capaz de aprobar medidas legislativas completamente contrarias a la voluntad expresa del pueblo: ocurrió en este caso tan importante que afecta a la soberanía popular, y ocurrió también, por ejemplo, cuando votó en el Parlamento la anulación de la ley de caducidad, ratificada por el pueblo en abril de 1989 de forma específica, y en noviembre de 2009 en la votación junto con las elecciones nacionales.

La izquierda, en definitiva, no respetó a la otra parte del país, porque aprobó una ley de mayoría escuálida e inconstitucional; no respetó las garantías institucionales que garantizan la expresión del voto, porque abrió la puerta al fraude electoral.

¿Por qué hay que derogar esta ley 19.654? Por dos motivos principales. En primer lugar, como la definición de inconstitucionalidad es caso a caso, importa dar una señal contundente y general que deje en claro, definitivamente, de que se trata de una ley que por su gravedad no debe mantenerse vigente. En segundo lugar, derogarla implica hacer un gesto muy claro de que esa ley significó un paréntesis vergonzoso en la larga y orgullosa historia nacional de respeto por la sacralidad del sufragio.

En efecto, si hay algo que hace ya casi un siglo diferencia al Uruguay de los países de la región y de muchísimos otros del mundo entero, es su calidad institucional en torno a las garantías otorgadas a la fiel expresión del voto en elecciones plurales. No es casualidad que seamos de las mejores democracias del mundo, sino que es fruto sobre todo de un respeto social, político e institucional a la voluntad del votante, que se ha generado por décadas y que se ha basado en las enormes garantías que otorga la Corte Electoral.

El ejemplo más reciente fue con el balotaje del pasado mes de noviembre: si aquí no hubo una guerra civil y se esperó tranquilamente por varios días el resultado final de esa elección, fue porque hay confianza en el trabajo de la Corte Electoral y garantías totales, para todos, de que la voluntad de la urna es fielmente respetada.

El problema es que la ley del FA de 2018 echa por tierra todas estas garantías. Al fomentar el voto en el exterior, quita toda posibilidad a la Corte Electoral de cerciorarse de que no haya fraude en urnas dispuestas en dependencias ligadas al Poder Ejecutivo en el extranjero. Además, es una ley que reniega de las bases de convivencia electorales que los uruguayos nos hemos dado, apelando a argumentos demagógicos para complacer a tal o cual grupo de presión, y sin atender a la excelente arquitectura institucional que es sostén fundamental de nuestra democracia. Pero lo más grave es que el FA hizo todo eso en 2018 con enorme prepotencia política, es decir, sin obtener las mayorías especiales de dos tercios que la Constitución prevé para definir cambios tan profundos en materia electoral.

La izquierda, en definitiva, no respetó a la otra parte del país, porque aprobó una ley de mayoría escuálida e inconstitucional; no respetó las garantías institucionales que garantizan la expresión del voto, porque abrió la puerta al fraude electoral; y no respetó lo que expresamente señala la Constitución en torno al sufragio en el territorio nacional, ni lo que expresamente manifestó el pueblo votando libremente en 2009.

La derogación que plantea el PC se impone como un gesto republicano que devuelva al país la seriedad que perdió por causa de esta infame ley frenteamplista.

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