Editorial

Derechos humanos

El Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria de las Naciones Unidas instó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a liberar a Leopoldo López, el líder opositor venezolano condenado a casi 14 años de prisión, como resultado de un juicio que no cumplió con las garantías más elementales.

El presidenterelator del Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria declaró que la sentencia de condena del tribunal bolivariano había sido emitida "después de un proceso judicial de 19 meses a puerta cerrada marcado por graves irregularidades, en el que no se respetó el debido proceso legal ni las garantías judiciales".

Entre otras bellezas del proceso contra López, se menciona que "no se publicaron los fundamentos de las imputaciones; no se permitió al acusado ejercer su derecho a una defensa adecuada ni se admitieron las pruebas de descargo que ofreció".

El Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria fue establecido en 1991 por la Comisión de Derechos Humanos de la organización mundial. Sus cometidos incluyen investigar "los casos de detención impuesta arbitrariamente o que por alguna otra circunstancia sea incompatible con las normas internacionales pertinentes enunciadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados".

Esta es la segunda vez que el Grupo de Trabajo pide la liberación de López.

El Grupo de Trabajo emitió una extensa opinión sobre la detención del político venezolano en noviembre de 2014.

En ese informe se observa que antes de su detención el 18 de febrero de 2014, López "había ya sufrido represalias y estado sometido a más de 20 procesos sancionatorios, a través de los cuales se le había prohibido ejercer funciones políticas por vía administrativa". Y, agrega: "Esta prohibición para participar políticamente en los asuntos públicos del país fue objeto de una sentencia condenatoria contra el Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

El Grupo de Trabajo consideró que la decisión de detener al líder opositor afectaba no solamente el derecho a la presunción de inocencia sino también "su derecho a la defensa adecuada, por la imprecisión de los cargos formulados y por la censura de las comunicaciones entre el detenido y sus abogados defensores"; y concluyó que la detención de Leopoldo López "constituye una detención arbitraria".

Es importante recordar que en el 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado venezolano era responsable por la violación de los derechos de López, de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Por lo tanto, en el caso de Leopoldo López el gobierno bolivariano es responsable de haber violado una convención regional sobre derechos humanos (la Convención Interamericana de Derechos Humanos) y, como observa el Grupo de Trabajo, dos instrumentos internacionales de alcance mundial: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo un récord.

La reacción del gobierno uruguayo ante esos atropellos no se ajusta a la tradición de nuestro país de defensa de los Derechos Humanos.

La posición del gobierno y del Frente Amplio parecería resumirse en la afirmación del vicepresidente de la República, de que la condena del opositor político venezolano "es un tema interno de otro país en el que consideramos que nosotros no tenemos que participar. El FA tomó posición unánime ayer. Consideramos que es un tema de Venezuela sobre el que nosotros no teníamos que ponernos a discutir".

Es una opinión equivocada.

Primero, porque no es aceptable utilizar el escudo del principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado para amparar violaciones de los Derechos Humanos. Segundo, porque los horrores jurídicos cometidos por la justicia bolivariana constituyen una violación de instrumentos internacionales de los cuales nuestro país también es parte. Y, finalmente, porque el asunto ya entró en la esfera internacional hace rato, al ser objeto de sendas condenas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, ahora, por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria.

Lo que sucede en Venezuela es lamentable. Pero aún más lamentable es el silencio cómplice del gobierno uruguayo y del Frente Amplio ante los abusos cometidos por el régimen bolivariano.

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