EDITORIAL
diario El País

Derechos humanos y polítiquería

En estas horas, se discute a nivel político la renovación de autoridades de la llamada Institución de Derechos Humanos. Una entidad muy polémica creada en 2008, y cuyo fin es efectuar recomendaciones, recibir denuncias y sugerir medidas para la tutela de estos derechos.

Para eso cuenta con un presupuesto de unos cuatro millones de dólares al año.

La polémica actual se da porque es momento de renovar la cúpula de esta institución, para lo cual se requieren mayorías especiales, para las que no hay acuerdo a nivel parlamentario. Se trata de cinco cargos, que cuestan al estado casi 80 mil dólares al año cada uno, y que desde que se creó esta institución estaban ocupados por cuatro figuras cercanas al Frente Amplio, y algún supuesto representante de la entonces oposición.

En esta discusión se ha tenido que escuchar los disparates más grandes, incluido un planteo de organizaciones de familiares de víctimas de la represión de la última dictadura, que han llegado a sostener que los candidatos a dirigir esa Institución solo podrían ser sugeridos por “organizaciones sociales”.

Esto deja en evidencia, por si hacía falta, la realidad de lo que se oculta detrás de este debate.

Para empezar, esta institución no tiene mayor sentido a nivel formal. Todo lo que se supone que hace este organismo caro e ineficiente (desde que se creó, Uruguay no ha mostrado ninguna mejora comprobable en la materia), ya lo hacen otras entidades estatales, desde la Justicia hasta otras organizaciones específicas en derechos humanos.

¿Cuál es el fin real de estas instituciones? Lo dijo bien claro hace unos años uno de los ideólogos del grupo español Podemos, Íñigo Errejón. “Hay que crear instituciones desde donde resistir y refugiarse, cuando gobierna el adversario.”

Para seguir, desde su creación, lo único que ha hecho esta institución es ser una caja de resonancia de una agenda política. Para ser más claro, la agenda política de los sectores más radicales del Frente Amplio. Mientras gobernó ese partido, casi no se escuchó su voz, salvo para hablar de cosas de hace medio siglo, mientras el país padecía situaciones lamentables en materia de derechos humanos en muchas áreas del estado. Eso sí, en cuanto cambió el gobierno, la entidad se ha hecho eco de cada denuncia, por más delirante que fuera, que buscara minar la autoridad del gobierno actual.

En el caso de la LUC, por ejemplo, fue clarísimo. Mientras se discutió esa ley, no había día que no apareciera algún jerarca de la Institución alertando de la deriva autoritaria del país. Milagrosamente, desde que se ratificó la ley, ya no hay más denuncias ni pasa nada.

En cuanto al tema de las llamadas “organizaciones sociales”, se trata de otro gran cuento de los dirigentes del Frente Amplio para lograr una sobrerrepresentación a nivel político. Se trata de grupos claramente alineados con la estrategia electoral del Frente Amplio, y que con el argumento falaz de ser una especie de representación más genuina de la sociedad, siempre llevan agua para el molino electoral de la izquierda.

Uruguay es una democracia representativa, y nuestros voceros y representantes son los legisladores electos en comicios democráticos. ¿Quién elige a la “organizaciones sociales”? ¿A quién representan? ¿Por qué su voz debería estar a la par de gente legitimada en elecciones libres? Todo pamplinas para tener a más gente en la mesa, que empuje para el lado del Frente Amplio.

Pero esta estrategia no es ni siquiera algo original de Uruguay. En Chile, donde se creó una Institución similar, acaba de haber una polémica feroz, porque el nuevo gobierno forzó la renuncia del presidente de la misma, quien denuncia presiones por haberse negado a decir que en la respuesta a las protestas de 2019 habían ocurrido violaciones a los derechos humanos, ya que no habían encontrado evidencias de ello. Por el contrario, una declaración denunciando las violaciones de parte de los manifestantes, fue silenciada y reprimida.

¿Cuál es el fin real de estas instituciones Lo dijo bien claro hace unos años uno de los ideólogos del grupo español Podemos, Íñigo Errejón. “Hay que crear instituciones desde donde resistir y refugiarse, cuando gobierna el adversario.” “Una estructura económica que permita acoger a los cuadros militantes”.

Y eso es lo que se ha hecho en Uruguay. Con la creación de decenas de organizaciones sociales que funcionan como caja de resonancia de los planteos, del FA, como quedó claro recientemente en el caso de la llamada ley de tenencia compartida. Pero, sobre todo, con instituciones como esta donde se mantiene a gente, a “cuadros”, afines a la visión ideológica de la izquierda, con pingües salarios pagados por los contribuyentes.

La mejor solución es terminar con este tipo de entidades, y que quien quiera hacer política se gane su lugar buscando votos.

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