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El derecho a ofender y la libertad

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En medio de una pandemia que ha matado a 23 uruguayos, y que ha dejado a miles y miles de compatriotas sin trabajo, el Parlamento no le hizo un favor a su imagen al dedicarse a analizar el contenido de un programa radial de humor que se burló de manera rastrera de los ciudadanos de Rivera.

Es más, todo el episodio no pone en evidencia lo confundidas que tienen las prioridades algunos legisladores, sino que alerta sobre varios aspectos preocupantes del debate público y el estado de la cultura de la sociedad actual.

Todo empezó con un programa radial, de esos que han proliferado en el éter nacional, donde un grupo de personas opinan sobre todo con tono canchero y sobrador. Allí, un personaje que pretende ser la personificación de un “facho” conservador (también existe una inflación llamativa de estos personajes), hizo comentarios hirientes en relación al brote de coronavirus que se ha ensañado con el departamento de Rivera.

A partir de allí, dirigentes políticos y sociales locales se sintieron afectados, e iniciaron una campaña de repudio que derivó en una denuncia penal por incitación al odio y apología del delito.

Lo primero que cabe señalar es que la denuncia es un total disparate, y que ningún juez con mínimas nociones del derecho, y algo de sentido del ridículo, se animaría a hacerla avanzar.

En el caso de la apología del delito, nadie en su sano juicio puede creer que un sketch humorístico puede perfeccionar esa conducta ilegal. Y en el caso de la incitación al odio, ese delito se creó para amparar a ciudadanos que son víctimas de discursos que llaman directamente al desprecio o al accionar violento contra gente por su raza, orientación sexual, religión u origen étnico. No por ser de un departamento que, más allá del acento, no guarda ninguna diferencia con el resto de los uruguayos.

Ahora bien, mucha gente se ha tomado el tema a la ligera o con humor. Y hacen muy mal. Se trata de una denuncia que ataca directamente a uno de los principios sagrados de cualquier democracia, como es el derecho a la libertad de expresión. Por más que la justicia no tome en serio la demanda, su simple planteo, y por parte de figuras políticas de primera línea, tiene el efecto de generar una restricción a la hora de expresarse. Y eso es algo que ni la ley, ni la sociedad en general deberían frivolizar.

Existe una tendencia mundial de intolerancia hacia quien expresa pensamientos distintos, o que no coinciden con el canon políticamente correcto que domina en la actualidad. Incluso en Estados Unidos, país donde la primera enmienda consagra el derecho a ofender y se niega a regular el llamado “discurso de odio”, esta garantía empieza a hacer agua. Sobre todo porque las nuevas generaciones, ostentando una sensibilidad de piel que no tuvieron generaciones previas que debieron pasar por guerras, genocidios y conflictos civiles, parecen tendientes a priorizar una armonía artificial en la convivencia, por encima de la libertad de expresión.

Parece mentira que haya que repetirlo, pero hay una razón detrás de esto. Y es que a través de los siglos hemos aprendido que para que una sociedad avance, necesitamos voces discordantes, incluso aquellas que se expresan de manera ofensiva o impactante, por más desagradables que puedan parecer. El riesgo de regular el discurso público, o dar a burócratas el derecho de definir qué se puede y que no se puede decir, ha probado ser mucho mayor, que el daño de tolerar un discurso ofensivo.

La denuncia penal contra un programa de humor radial es un total disparate, que cuestiona el estado de la libertad de expresión en la sociedad uruguaya.

Esto no significa que la libertad de expresión no tenga límites. Por un lado están los delitos de difamación e injurias, para el caso de acusaciones directas que generen un daño injusto. Y por otro, están los límites a discursos que llamen a cometer actos violentos o ilegales. Nada de esto se puede ver en el sketch humorístico de marras.

La irritación y sensibilidad de los ciudadanos de Rivera es comprensible e incluso compartible. Sobre todo porque existe una corriente que ha sido exageradamente hegemónica vinculada a la izquierda, que sistemáticamente hace escarnio sobre las mismas posturas y visiones. Todo acompañado por un decaimiento en la cultura nacional que, infectada por el virus de la ideología, acepta cosas que deberían ser inaceptables. Los riverenses tienen todo el derecho a tomar las medidas que quieran para imponer sanciones sociales a quienes de manera tan burda se burlan de quien no encaja en su esquemático molde moral.

Pero usar la ley para limitar a quien dice cosas simplemente porque me hieren o no me gustan, es el primer paso en la ruta al totalitarismo. No puede haber dudas al respecto.

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