El clima político en Uruguay está más caliente que el meteorológico.

Es muy curioso, porque después de la pandemia, todos los indicadores que permiten evaluar a un gobierno, le están dando excelentes resultados al encabezado por Luis Lacalle Pou. La economía crece fuerte, y muy por encima de lo previsto por los analistas. La inflación parece moderarse, y avanzan todas las reformas clave prometidas en la última campaña; la de la seguridad social, la de la educación, a lo que hay que sumar todo lo logrado (y evitado) con la LUC.

Pese a todo esto, o tal vez debido a todo esto, el tono de la oposición frenteamplista y sus aliados sindicales y mediáticos, es cada vez más furibundo y vituperante. No hay día que no aparezca alguna denuncia escandalosa, y se llega a sugerir cosas realmente inimaginadas para nuestro habitualmente sosegado clima político. Una prueba puntual y expresiva: ¿se acuerda de Fernando Cáceres? Una figura vinculada al Partido Socialista, pero siempre encargado de temas deportivos. Una persona usualmente calma, reflexiva, dialogante. Y sin embargo, esta semana se sumó a esta estúpida campaña que empezó acusando al gobierno de narcotráfico por haber recibido una donación de pescado. Cuando eso se cayó por su propio peso, empezaron a sugerir que había un tema con la valija diplomática. Eso también se desinfló, y entonces el tema es que se demoró mucho en donarse.

Pero... ¿no hay un mínimo de racionalidad? ¿En serio creen que es gratis este papelón permanente? ¿Cómo piensan reconstruir el diálogo republicano cuando hasta las figuras más “moderadas” caen en estos excesos agraviantes?

Pero pese a toda esta histeria, han sido semanas de muy buenas noticias para el gobierno. Sobre todo en el frente judicial.

Primero, la Fiscalía decidió archivar la famosa denuncia por el acuerdo entre el gobierno y la empresa Katoen Natie en el puerto de Montevideo. El tema ya ha sido tratado en extenso en este espacio, pero vale recordar que durante meses, ése fue el caballito de batalla de la oposición para denunciar una especie de ola de corrupción en el gobierno. No hubo disparate que no se dijera de parte de legisladores y opinólogos opositores. Y sin embargo, en un dictamen muy profundo, el fiscal del caso dejó en evidencia que allí no hubo nada turbio.

Luego vino la decisión del instituto de Colonización sobre la calidad de colono del senador Manini Ríos. Otra vez, ríos de tinta y saliva se vertieron acusando de cualquier disparate al líder de Cabildo Abierto. Cosas que al parecer nadie había descubierto cuando el propio Frente Amplio lo nombró Comandante en Jefe del Ejército, pese a que tienen 30 y 40 años. Pues bien, dos consultas, a dos de los técnicos más respetados en Derecho Agrario del Uruguay, despejaron cualquier duda al respecto. Eso pese a la insistencia de una sala jurídica totalmente colonizada por el MPP, y a la furia del sindicato de funcionarios de Colonización. ¿Desde cuando hay que atender a lo que dice un sindicato de una oficina pública en un tema jurídico?

Como si todo eso fuera poco, días atrás se concretó el archivo de otra causa que supo generar gran polémica. Hablamos de la denuncia contra el ex ministro de Turismo, Germán Cardoso. La cual, tras meses de investigación profunda, fue archivada también por la Fiscalía. ¿Se acuerda de todos los disparates que se dijeron? ¿De todas las suspicacias, comentarios cancheros, bromas de mal gusto? Pues quedó en la nada.

Y acá hay que hacer una puntualización importante. Nadie puede decir que esta Fiscalía hace algún tipo de favor o “mandado” al gobierno. Es la Fiscalía que diseñó, organizó, y planificó hasta en sus mínimos detalles el Dr. Jorge Díaz. Y nadie va a creer que Díaz es alguien funcional al gobierno actual.

Lo que estamos viendo con todo esto, es que ese proceso de “judicialización” de la política impulsado por el Frente Amplio, (que después critica eso mismo, habla de “Lawfare” y otras estupideces argentinizadas), está generando que el tiro salga por la culata. A tal punto llega el papelón, que los senadores Carrera y Bergara, después de haber hecho todo un circo con su supuesto espionaje, no fueron a declarar ante la fiscal. Peor, no fueron, porque habían ido a ver al jefe de la fiscal, para pedir un cambio en la investigación. ¡Y después hablan de presiones indebidas a la Justicia!

La sociedad uruguaya no es boba. Y a medida que decante todo esto, quedará claro quien trabaja honestamente y con sentido republicano, y quien no puede controlar su furia por el simple hecho de haber sido desplazado del poder.