Se viene la denuncia penal que blancos y colorados presentarán a la justicia como consecuencia de las actuaciones de la Comisión Investigadora parlamentaria sobre Ancap.

Y parece lo más razonable: no es normal y, por el contrario, es alarmante que un ente autónomo que no tiene competencia que pueda hacerle sombra porque opera por la vía del monopolio, clave con saña un puñal al país. Que en poco más de cinco años le deje un agujero de más de 800 millones de dólares —una fortuna aquí y en cualquier parte del mundo— y se atribuya exclusivamente a errores de gestión, como si equivocarse en ese tamaño fuera cuestión de todos los días.

A poco se repase lo conocido no dejan de sorprender los apartamientos a claras disposiciones constitucionales y legales que marcaron las actuaciones de Ancap (la denuncia viene acompañada por un informe de especialistas sobre las normas violadas), las contradicciones de sus protagonistas, la reiterada displicencia para pagar abultados sobreprecios en las obras emprendidas. Todo hiere el mínimo sentido común y hace sonar las alarmas que allí hay algo más que simples errores de gestión.

Hay muchos ejemplos al respecto. Veamos un par de ellos.

1) Planta de cal en Treinta y Tres. Ancap, que no tiene competencia ninguna para explotar la cal, resolvió entrar en este negocio para vender a la brasileña usina de Candiota ubicada en Río Grande del Sur. Lo hizo a través de una filial (Cementos del Plata), también sin competencia. El gasto general de la construcción para explotar la cal era de US$ 80 millones pero, siguiendo la tónica que imprimió Ancap, la obra tuvo un costo de US$ 147 millones. Nadie se alarmó. Como la explotación de la planta no daba para cubrir el contrato de venta, se adquirió el faltante en el mercado local. Todo ello provocó demoras y contratiempos que significaron por multas: US$ 7 millones por año.

La explotación de la planta generó otro tema: el transporte. Y aquí lo ocurrido es peor aun. Sin licitación alguna, se contrató a una empresa brasileña para que hiciera el traslado de la planta a Candiota (275 kms). Estamos hablando de unas 200.000 toneladas anuales, a un precio de US$ 85 la tonelada, lo que significa un monto total por año de US$ 17 millones. El argumento para contratar directamente fue que en Uruguay no había camiones tolva que pudieran hacerlo, pero no hay ningún elemento que confirme que ello es así. Es más, Ancap contrató a Pleno Verde, una empresa registrada en el Uruguay, propiedad de una empresa brasileña, que opera con camiones brasileños y choferes brasileños. Dicha empresa compró todos los camiones justamente para hacer el transporte de esta operación. ¿No podrían haber hecho lo mismo los transportistas uruguayos? ¿Por qué se les negó esa posibilidad? ¿Por qué no se llamó a licitación y, en cambio, se adjudicó directamente?

2) Planta de bioetanol en Paysandú. Se trata de una obra de ALUR, el hijo de Ancap. Con la ley de biocombustibles ALUR se lanzó a la construcción de la planta, sabiendo que, sin importar el precio que fijara, Ancap le iba a comprar su producción y podría lucir en sus balances —no en los de Ancap— unos ingresos formidables.

Pero el tema empezó mal, de pique no más. ALUR le pidió a una empresa con la que mantenía relaciones comerciales (la española Abengoa) que preparara un proyecto y estimara el costo de la obra. Así lo hizo Abengoa (la estimación fue de unos US$ 88 millones) y luego Ancap-ALUR hizo un llamado a precios por expresa invitación a ocho empresas, entre las que estaba Abengoa. A la hora de la adjudicación hubo muchas idas y vueltas, demasiadas, pero finalmente se declaró ganadora a Abengoa, pese a que había empatado en el puntaje con una empresa de origen indio (Praj), que fue desplazada por "temas de diferencia cultural y lejanía". Sin comentarios.

El costo de la obra se fijó en US$ 82 millones, pero trepó a US$ 147 millones porque le fueron agregados unos "periféricos" que se suponen no estaban previstos en el llamado a precios y resulta que eran bastante caros.

Allí apareció la empresa Serrana Bio-energía que había sido dejada de lado en el llamado, pese a sus reiterados contactos con las autoridades. Su principal, el empresario uruguayo radicado en Brasil, Gabriel Pérez Morgan sostuvo que el precio internacional del mercado era la mitad de lo que había pagado Ancap-ALUR (Raúl Sendic presentó denuncia penal por difamación e injurias contra el empresario que, tras ser diligenciada la prueba, fue archivada) y agregó copiosa documentación internacional. No hay dudas, son solo dos ejemplos (hay como diez más), pero alcanzan para mostrar que sobran elementos para la denuncia penal.

Editorial