Editorial

Democracia, Mercosur y Venezuela

El presidente Nicolás Maduro recurre a todas las triquiñuelas imaginables para anular en los hechos el resultado de las recientes elecciones parlamentarias. Pretende ganar en la liga lo que perdió, en muy buena ley, en la cancha.

La intención de Maduro es aferrarse al poder cueste lo cueste, aunque oculte ese crudo designio en una opaca nube de retórica adobada con toques de ideología, en el mismo estilo que otros líderes progresistas.

Todo ese palabrerío no alcanza para ocultar que el gobierno de Venezuela viola los derechos humanos de sus ciudadanos.

No hay peor ciego que quien no quiere ver, y hasta ahora la solidaridad entre los progresismos locales predominó sobre la preocupación por los derechos de los venezolanos.

Esa situación está cambiando.

En la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, celebrada en Asunción, el presidente argentino, Mauricio Macri, dijo: "Quiero pedir expresamente aquí, delante de todos los presidentes, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela. En los Estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto".

La reacción de la ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela fue lamentable. Dijo cosas que no eran ciertas y acusó a Macri de estar "haciendo injerencismo sobre los asuntos de Venezuela". Es una ironía que la ministro haya utilizado esta excusa en Asunción del Paraguay. Todos recordamos como Argentina, Brasil y Uruguay se aliaron para entrometerse en los asuntos internos del Paraguay, con el fin de asegurar el ingreso de Venezuela al Mercosur.

No es la primera vez que el gobierno venezolano intenta ampararse en el principio de no intervención para ocultar sus violaciones a los Derechos Humanos. Es una defensa que no tiene ninguna base. Los derechos humanos tienen validez universal. Todos los Estados tienen el deber de velar por su debido respeto en todas partes.

En nuestra región existe una completa estructura de normas de Derecho Internacional para la tutela de los derechos humanos que está apoyada en tres grandes pilares: el marco global de las convenciones y otros instrumentos jurídicos aprobados por las Naciones Unidas; el sistema regional interamericano; y, ahora, el marco propio del Mercosur.

El primero incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dos pactos fundamentales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966.

El sistema interamericano incluye tres instrumentos principales: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El régimen chavista denunció el Pacto de San José en septiembre de 2012.

En el Comunicado Conjunto de la reunión en Asunción, los presidentes de los Estados del Mercosur reiteraron que deben orientarse a "la consolidación de la democracia, la plena vigencia de las instituciones democráticas, y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración".

También "se congratularon por los diez años de la adopción del Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Mercosur", y "alentaron a los Estados que aún no lo han hecho, a adherirse a la brevedad posible a éste y a otros instrumentos jurídicos del acervo del Mercosur que recogen esos principios fundamentales". Es un mensaje a Venezuela, que aún no ha suscrito el documento.

Además, la Cumbre aprobó una Declaración Especial sobre el Protocolo de Asunción, en la cual se refieren a la "plena vigencia de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, pilares indispensables del desarrollo y del proceso integrador del Mercosur".

Todo esto es un paso positivo en la dirección de, finalmente, asegurar que todos los Estados mercosurianos respeten los derechos humanos de sus ciudadanos. Lo que queda por verse es si tan nobles propósitos estarán respaldados por firmes acciones que aseguren que lo prometido se cumpla.

Esperemos que así sea.

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