EDITORIAL

En coincidencia con su absoluta falta de censura al régimen cubano, se ha conocido el informe que el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP, Henry Constantín, llevó en mano propia a la Reunión de Medio Año de la institución.

Como es notorio, El País en este período electoral le brinda a cada candidato la posibilidad de expresarse a través de una amplia entrevista. Así fue que Gonzalo Abella, aspirante presidencial por Unidad Popular, hizo conocer su forma de pensar. Por ejemplo, al preguntarle la periodista si “ los postulados ideológicos de Cuba siguen vigentes”, después de meter a Artigas como respaldo a su postura, haciendo referencia a la autodeterminación, respecto de Cuba lo único que le mereció una crítica fue la existencia de Guantánamo. Y por supuesto el embargo estadounidense, al que la izquierda exitosamente bautizó como bloqueo, más allá de que su significado sea muy distinto. Otras llamativas apreciaciones fueron las que hizo sobre Venezuela, buscando la vuelta para tampoco denunciar las violaciones a los derechos humanos, afirmando que allí no hay presos políticos ni represión, para llegar al colmo de afirmar que lo que se le puede criticar a Maduro es ser demasiado suave en lo que concierne a Juan Guaidó.

En coincidencia con su absoluta falta de censura al régimen cubano, se ha conocido el informe que el vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP, Henry Constantín, llevó en mano propia a la Reunión de Medio Año de la institución. Fue su primera visita y probablemente sea la única. Durante mucho tiempo lo intentó infructuosamente. El año anterior había conseguido milagrosamente el permiso para viajar, pero al ir a tomar el avión aparecieron unos uniformados que lo detuvieron en la vía pública, amenazándolo con prisión si seguía trabajando. Llevaban consigo una copia del informe que Henry había enviado a la Cumbre de la SIP en Salta, Argentina.

En esta ocasión, apenas obtuvo una autorización para viajar se fue de inmediato al aeropuerto para ganarles de mano, y lograr dejar ese curioso “paraíso comunista” del que te prohíben alejarte. No bien llegó a destino se enteró de que habían aparecido por su casa y por la de sus padres, un fiscal, un instructor penal, un agente de policía y otros tres del Ministerio del Interior, en plan intimidatorio. Haciendo preguntas y afirmando que el joven no podía “salir del país porque estaba bajo investigación, por un delito no especificado, y que lo meterían en la cárcel al regresar”. En dicho paraíso, sobre el que a demasiados coterráneos afines al Frente Amplio nunca se les cae un solo reparo y hasta llegan a opinar que Cuba es una democracia “especial” (Selva Andreoli dixit), sería bueno que desde el mundo artístico al menos dijeran si les gustaría algo semejante. Según el decreto 349, se penaliza a cualquier ciudadano que realice obras o actividades sin contar con la aprobación de inspectores estatales y se castiga a aquellos que brinden el espacio físico. En el entorno de La Habana hubo una activa oposición y por ese motivo fue encarcelado un cantante llamado Maykell Osorbo, tras haberse expresado en un concierto. La Ley de Símbolos Nacionales que prohíbe su colocación en donde las autoridades lo consideren inadecuado, genera problemas a fotógrafos, artistas y comunicadores que usan elementos como la bandera cubana en sus productos.

La Constitución aprobada el 24 de febrero en un referéndum sin garantías democráticas y plagado de irregularidades, reconoce las libertades de expresión y prensa, pero subordina a esta última a la legislación vigente y a reformas a discutirse en el mismo ambiente represivo en el que se gestó la anterior legislación.

Se reitera que los “medios de comunicación social fundamentales, en cualquiera de sus soportes, seguirán siendo de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas”. Todos los poderes públicos seguirán subordinados al partido Comunista de Cuba, manteniendo el gobierno, los tribunales, el parlamento y el aparato económico, sujetos a las directrices de la persona que ocupa el cargo de primer secretario del PCC.

A la diseñadora de la revista Convivencia, Rosalía Viñas y la economista y articulista Karina Gálvez se les prohíbe salir de su municipio. Periodistas que producen boletines comunitarios fueron detenidos mientras repartían ejemplares y los reporteros Osmel Ramírez, García Fournier y Roberto Quiñones han sido detenidos, citados y reciben amenazas en contra de sus familiares, además de estarles prohibido viajar o moverse de sus provincias.

Hay decenas de otros periodistas perseguidos, encarcelados y los corresponsales extranjeros son hostigados de continuo, pero a pesar de todas las dificultades, materiales y policiales de todo tipo, el germen de la libertad se mantiene vivo.