Este tercer mandato del Frente Amplio viene bastante complicado, desde el punto económico y político. Por un lado los vientos de bonanza amainaron y el país ve un horizonte de dificultades porque no se aprovechó la coyuntura favorable.

Por otro, el gobierno sufre la pesada herencia de la administración Mujica de la que cuesta mucho desembarazarse y no logra alinear a su fuerza política; los problemas siguen sin solución y, por el contrario, se multiplican y se agravan

Las cifras de la economía uruguaya están en permanente revisión. Lo que se esperaba (o por lo menos se anunciaba), ya recibió el freno y la marcha atrás: de acuerdo a las expresiones del subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, las proyecciones de crecimiento incluidas en el Presupuesto Nacional del Producto Bruto (2,5% para 2016) fueron excesivamente optimistas. La culpa para el jerarca obviamente que no es propia (¡faltaba más!), sino del aceleramiento del deterioro de la economía global. Pero fuera por eso o por el formidable derroche del gasto público que se ha hecho lo cierto es que se han encendido las luces amarillas en una tonalidad del naranja: "el gasto público deberá ser revisado y controlado con muchísima cautela", dijo Ferreri.

Pero desde el punto de vista político el escenario parece peor y lo confirma la reciente encuesta de la empresa Factum: en estos momentos el Frente Amplio tiene una intención de voto de 35%, es decir 13 puntos menos que la votación que recibió en las elecciones de octubre de 2014. Es cierto que las encuestas no votan y en definitiva solo miden el humor del ciudadano en un momento concreto, pero según el dato de Factum es la mayor caída del Frente Amplio en toda su historia. Y da la sensación de que hay hartazgo de la ciudadanía por el fracaso en tema esenciales que se vienen arrastrando y la aparición de otros, con muy graves connotaciones como pueden ser Ancap y en menor medida, el manejo de los recursos del Fondes y los negocios con Venezuela.

—Este gobierno tiene un grave problema interno. La unidad del FA se invoca en cuanta declaración hacen sus jerarcas, pero en los hechos está muy lejana de aquella que se exhibió en los períodos pasados. Hay dos grupos claramente delineados que se quieren poco, y el más díscolo con los propósitos del presidente Vázquez es aquel que tiene la mayoría de los votos en el Parlamento. Hay que negociar permanentemente y mientras se conversa, no se hace nada.

—La Educación sigue el garete y la tregua acordada por el gobierno con los sindicatos no resuelve sus verdaderos problemas. El consejero Javier Landoni, número dos de Secundaria, que asumió en el período anterior por lo que alguna experiencia tiene, expresó: "No sabemos qué es lo que quiere el Frente Amplio porque el mismo Frente Amplio no sabe lo que quiere con la Educación". Lo de Landoni no es nuevo: el entonces director de Educación Juan Pedro Mir dijo el año pasado que no creía que se pudiera ejecutar "un cambio de ADN" (promesa de Vázquez en su campaña electoral) porque no estaban dadas "las condiciones políticas en el gobierno de la educación". A Mir le costó el puesto, pero la educación nada cambió.

—El tema de la seguridad ciudadana es un reclamo prácticamente unánime de la sociedad. Los barrios y las calles son para los delincuentes y los ciudadanos se baten en permanente retirada. Lo más grave no es que persistan los problemas, sino que se agravan con la aparición de nuevas modalidades delictivas (el sicariato, los ajustes de cuenta) y no se vislumbra un frente fuerte, coordinado y coherente de combate por parte del Estado. Desde la Presidencia de la República se anunció una reunión con los principales dirigentes políticos para fijar una estrategia. Buena idea, pero solo tenemos el anuncio, de la fecha nada. Los "buenos" no tienen quién los defienda, mientras los "malos" son los dueños del pueblo.

—La marca de Ancap. El buraco de 800 millones en la principal empresa pública uruguaya —el mayor escándalo por lo menos de la época posdictadura que se conoce— hizo temblar hasta las raíces de los árboles. Ese entramado de irregularidades difíciles de explicar, donde la tónica fueron invariablemente obras que se contrataban por un precio, pero cuya construcción lo multiplicaba en forma muy generosa y servicios (intermediaciones, transporte, contrataciones) que se adjudicaban de manera por demás discrecional, sigue esperando el pase a la justicia. Es muchísimo dinero y a la ciudadanía esa pérdida no le gustó nada, porque sabe que será ella quien deberá pagarla.

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