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No da para más

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AFORTUNADAMENTE hay razones de sobra como para suponer que si algo está terminado —y bien terminado— en el país, es el intento de interpretar, anular, derogar, o modificar la Ley de Caducidad. En primer término ha quedado demostrado que aún con la ley en vigencia y sin violentar en ningún aspecto su normativa, es posible encontrar a los cadáveres de los desaparecidos y respetar la voluntad popular que, al rechazar hace diecisiete años la impugnación de la ley mediante el recurso de referéndum, ya había ratificado la declaración de caducidad de determinados delitos cometidos durante el período de facto por militares o asimilados. O sea, la amnistía. O sea, el perdón. O la impunidad, como se le quiera llamar, que a pesar de sus matices diferenciales para el caso es lo mismo.

Fue, por otra parte, lo que se había acordado "implícitamente" por el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica con los militares, lo que "sobrevolaba" o "subyacía" en las reuniones del invierno de 1984 que culminaron con el Pacto del Club Naval. El soberano lo quiso así, y ese pronunciamiento refuerza la jerarquía de la propia ley. Y si lo pactado se debe cumplir por quien lo pacta, lo laudado directamente por el pueblo es de observancia sagrada.

En segundo lugar, voceros representativos del gobierno han dicho con toda claridad que en el programa del Frente Amplio no se incluyó ese propósito, y el vicepresidente de la República a su vez ha informado que el mismo no figura en la agenda de la colectividad política. En otras palabras, no preocupa.

Pero nunca falta un roto para un descosido. El Senador Michelini en recientes declaraciones públicas insiste en lo que se ha transformado en la razón de ser de su trayectoria política, al punto que no se le conoce en los tres períodos de gobierno que ha acumulado sucesivamente otra preocupación que lo obsesione con intensidad ni siquiera aproximada al grado a que ha llegado ésta. Humanamente se le puede comprender por el asesinato de su padre, pero históricamente está fuera de época. Y políticamente no se puede sacar las anteojeras. Entonces, con la compañía de otros legos como él en materia jurídica y lo que es peor en sentido común, como algunos radicales extremos o miembros del Pit-Cnt que nos tienen acostumbrados a recorrer el disparatario de propuestas imposibles, promete promover la "anulación" de la ley, y ocasionalmente, como si las palabras no importaran y no reflejaran conceptos, de tanto en tanto se escapa la de "derogación".

Y bien, por enésima vez, esta Ley no es anulable. Y si se le pretendiera derogar, no impediría los efectos de la amnistía que decretó.

La "anulación" de la ley es una figura inexistente en el mundo del derecho. Es un invento pergeñado en Argentina para el renacer de la época anterior a las leyes de punto final y de obediencia debida en ancas del afán populista de su gobierno actual. La ley nula es un absurdo, un contrasentido. La ley puede no ser ley, pero si lo es, no puede ser jamás anulada. Podrá ser inconstitucional, en todo caso, pero no nula. Basta tener en cuenta el principio de que "no hay nulidad sin ley que lo establezca", para comprender que la pretensión de una nulidad legal implica de por sí un imposible jurídico.

en lo que refiere a la derogación, debe tenerse en cuenta que si la finalidad que se persigue fuera la de castigar a los autores de los delitos que la ley incluyó en la caducidad de la pretensión punitiva del Estado —y es ese el objetivo sin ninguna duda— también es imposible que ello pudiera suceder. En este caso, puede más el sentido común que cualquier otro razonamiento de naturaleza técnica. La ley, al expresarse en esos términos, está declarando una amnistía, un perdón. Entonces, los impulsores de este engendro, tendrán que explicar cómo se hace para fumigar un perdón a los perdonados, un castigo a los amnistiados. Esa es la razón por la cual los italianos, cuya madurez jurídica es reconocida, excluyen expresamente de los recursos de referéndum a las leyes de amnistía. Pretender entonces perdonar y —abusando de la expresión—"desperdonar" más adelante, es sencillamente una estupidez, un idiotismo, en su cabal sentido de "ignorancia" o "falta de letras o instrucción".

En lo que refiere a la idea de interpretar el alcance de la ley o alguno de sus aspectos, no parece que sea ésta la oportunidad de abrirle el campo a debates, ya a esta altura hastiantes y bizantinos. El país tiene otros problemas a los cuales los legisladores deben dedicar sus energías. Pero además de inoportuno, este emprendimiento es absoluta y radicalmente innecesario, por lo cual la tarea de interpretar debe quedar librada al razonamiento técnico de la justicia en lugar de ventilarla como instrumento para la cháchara política.

Reiterando entonces lo expuesto al comienzo de este editorial, nos animamos a decir que si algo inútil al nivel de lo insoportable nos hemos sacado de encima los uruguayos para nuestra felicidad, es este tema. Es hora que el Senador Michelini se dedique al estudio de otros problemas, esos sí, problemas de verdad, que tenemos en el país y que están pendientes de resolución. En lugar de irse con la música a otra parte, que se quede, pero no para darle calor a su sillón sino para aportar trabajo que justifique su presencia en un ámbito de tanta importancia.

Elecciones en BPS

El próximo domingo se llevará a cabo la elección de quienes habrán de representar a las clases pasivas, a los activos y a los empresarios en el Directorio del Banco de Previsión Social. Todo lo concerniente a la votación y las obligaciones de los votantes, ha sido bien difundido. Pero en materia de candidaturas, los jubilados y pensionistas no saben quiénes son los que se presentan. Así que tampoco saben a quien van a votar. Y van a ir a votar porque el voto es obligatorio y si no se cumple, habrá multas. Si esto es un mal antecedente —elecciones sin conocer los candidatos— tampoco es de recibo que haya que votar según la credencial, porque si alguien tiene credencial en el Interior y está en Montevideo o viceversa, tendrá que desplazarse hasta el lugar de la credencial. Y esto, para enorme cantidad de gente, significa un gasto que está fuera de su alcance, con el tremendo inconveniente que si no vota, lo van a multar. O sea, siempre pierde.

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