El 24 de marzo se supo que el expresidente de España, Felipe González, había aceptado hacerse cargo de la defensa de los dos principales presos políticos detenidos por orden de Nicolás de Maduro.

Leopoldo López, quien se halla encerrado hace más de un año en las mazmorras de la cárcel conocida como Ramo Verde y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, entre rejas desde el 19 de febrero, luego de un operativo durante el cual lo sacaron a empujones de su casa, como si se tratara de algún delincuente mayor, cuando la realidad es que ambos solo han sido valientes opositores al régimen autoritario implantado por Hugo Chávez y sucedido luego por su heredero.

Esta noticia respecto de la decisión del político español, vino a revigorizar la iniciativa impulsada en noviembre pasado por el Club de Madrid, integrado por varios ex jefes de Estado latinoamericanos, los cuales firmaron una carta en la que se denunciaba la arbitraria detención del líder de Voluntad Popular, preso desde febrero de 2014, entre otros conceptos atinentes a los valores democráticos, a la vez de exigir su libertad. En esta campaña intervienen, de Uruguay, Luis Alberto Laca-lle; de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; de Perú, Alejandro Toledo; de Costa Rica, Oscar Arias; de Bolivia, Jorge Quiroga; de Ecuador Osvaldo Hurtado; de Chile, Ricardo Lagos.

Desde entonces, Maduro no ha hecho otra cosa que continuar con su tiranía, en una Venezuela donde no se respetan los derechos humanos y se persigue a cualquiera que pretenda oponerse al progresivo deterioro republicano que enluta al país. Mientras tanto, las esposas de López, Lilian Tintori y la de Ledezma, Mitzy Capriles, no cejan en sus intentos por despertar la conciencia internacional, haciéndose oír ante diversas audiencias fuera de fronteras con una determinación admirable, que puede que empiece a dar sus frutos.

La VII Cumbre de las Américas que hoy comienza en Panamá, adonde se dan cita los primeros mandatarios del continente americano y de España, se espera que sea una importante caja de resonancia para la defensa de estos postulados esenciales; la libertad de expresión y el respeto de los derechos individuales. Veintiocho organizaciones internacionales de derechos humanos elaboraron un documento conjunto de condena a los abusos del gobierno de Maduro, conminando a los gobernantes allí presentes a que le exijan al presidente venezolano que les asegure a los defensores de derechos humanos el cumplimiento de su labor, sin temor a represalias.

Una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) estará presente, con intención de recordarle al presidente del país anfitrión, Juan Carlos Varela, el requerimiento que se le hiciera tras su discurso extremadamente respetuoso de la libertad de prensa y de los principios democráticos. Tal como se dice en la carta que le fuera enviada previamente, "No hay excusas para que nuestros gobernantes sean testigos silenciosos del sufrimiento de aquellos ciudadanos que no pueden expresarse libremente. Todos deberían reaccionar cuando alguien es perseguido, encarcelado, insultado, agredido, o violentado por expresar sus ideas".

Porque no son solo los expresidentes los que deben hacer presión contra los avasallamientos a la libertad que ocurren en varios países de la región, sino también los que hoy están en ejercicio del poder. Sin embargo, inclusive aquellos no considerados autoritarios, se escudan tras una equivocada o cobarde e inclusive, hemipléjica interpretación (recordemos lo hecho con Paraguay) del principio de la no intervención para no abrir la boca o decir alguna que otra frase meliflua. Los integrantes de la Unasur son un perfecto ejemplo de esta mascarada, ya que la Carta Democrática suscrita por ellos y por la OEA establece claramente en su artículo 3°, "son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos".

Habrá que ver si estas expectativas se cumplen o si toda la atención se la lleva el encuentro entre Obama y Castro o las discusiones de futuros negocios, más allá de que se obvie que en Cuba, en marzo, hubo más de 612 arrestos arbitrarios; en febrero, 87 disidentes fueron víctimas de agresiones y en enero 36 fueron perseguidos, todos por razones políticas.

Editorial