EDITORIAL

La cultura del secretismo

En una semana dos casos: la titular del Mides denunció ante la Fiscalía a un asesor de Lacalle Pou por una información y el presidente del Codicen intentó que no se conociera el informe sobre el estado de la enseñanza.

La suspicacia oficial llega a niveles alarmantes: para quienes gobiernan, todo debería ser secreto. Nada puede ser divulgado. La población no tiene derecho a saber en que se gasta su dinero.

En una sola semana vimos dos casos de similar tenor. Por un lado la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, denunció ante la Fiscalía que un asesor del precandidato Luis Lacalle Pou había obtenido una clave para obtener información que la ministra consideraba privada. Por otro lado, el presidente del Codicen, Wilson Netto, “pidió” que no se divulgara un informe sobre el estado de la enseñanza por parte del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), por entender que podría ser mal usado en un año electoral. Si bien lo de Netto fue un “pedido” (algunos dicen que tan solo una sugerencia) sobre algo de que de todos modos debe difundirse porque así lo establece la ley, el gesto no deja de responder a la cada vez más difundida cultura del secretismo que caracteriza al actual gobierno frentista.

Si para muestra basta un botón, está el tan mentado caso del acuerdo firmado en torno a la construcción de una nueva planta procesadora de pasta de celulosa (la UPM 2), del que casi nada se sabe ya que muchas de sus cláusulas se mantienen en reserva.

A ello se suma la ya abusiva práctica de obligar a recurrir al burocrático mecanismo de la ley de acceso a la información pública, pues de otro modo los datos requeridos no están disponibles, o la burocracia estatal no cree conveniente liberar esa información. Por lo tanto, semana a semana vemos como periodistas que pensaban que con una simple entrada al sitio web correspondiente o una rápida llamada al jerarca de turno, obtendrían la información buscada, terminan apelando al mecanismo que prevé la ley y que dura semanas en concretarse, no siempre con los resultados deseados.

Ese mecanismo fue pensado como una solución extrema, ante organismos reacios a dar información por vías más expeditivas. Lo que la ley buscaba era que primero y antes que nada, la información estuviera a mano.

Sin embargo, lo que se pensó como un mecanismo excepcional, terminó siendo lo rutinario, con lo cual la cultura del secretismo, en lugar de ceder se fue consolidando.

El enojo de la ministra contra Pablo Bartol, el asesor de Lacalle Pou que accedió a esta información, no tiene ni pies ni cabeza. Ella luego aclaró que su actitud no se dirigía a Bartol, sino que quería investigar el mecanismo por el que accedió a esa información. Bartol explicó en un programa de televisión que alguien, desde el ministerio, le había dado la clave para llegar a la información que buscaba. Si se quisiera dejar de lado la imagen de un operativo computrónico y conspirativo que algunos podrían ver en esto, bastaría pensar en como habría sido en la era pre-digital: un funcionario que simplemente le dice que el sobre está en el estante de arriba, un poco más al fondo. No se trató más que de eso.

Y como bien aclaró Bartol cuando percibió que se armaba un escándalo desproporcionado, la información que buscaba era pública, solo que no estaba en ese momento disponible. “Nunca accedí a información privada. Bajen el pánico”, dijo.

Lo que el Estado hace, lo que cada órgano del gobierno decide, resuelve y ejecuta es información pública y los gobernantes deben esforzarse en actuar con transparencia. Para empezar, como venimos diciendo, esa información debería estar a mano. Pero si no lo está y por alguna razón se filtra, no pasa nada. No tendría que irritar a quienes saben que eso suele ocurrir, ni llevar el tema a los juzgados.

¿Qué pretende la ministra Arismendi? ¿Castigar a un funcionario desleal? ¿Y fue realmente desleal ese funcionario? ¿Desleal a quién?

El Mides, con sus políticas, no enfrenta un real riesgo de guerra o una crisis diplomática crucial. No hay pues tanta información sensible.

Además, por llevar adelante una nutrida agenda de políticas sociales, el Mides maneja mucho dinero que es aportado por los contribuyentes. Por lo tanto, le corresponde mostrar la mayor transparencia posible. Debe estar abierto a que todo el país sepa cuáles son sus objetivos, y cómo y dónde usa sus recursos. Los datos deben estar arriba de la mesa para que cualquiera los tome y se entere.

Le ha hecho mucho daño al país esta cultura del secretismo. Como además se trata de una enfermedad corrosiva, le está haciendo mucho daño al partido que está en el gobierno. ¿Por qué el gobierno, Arismendi, y Netto tienen tanto miedo a que la gente se entere? ¿Han hecho algo malo? ¿A qué le temen?

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