El anuncio del presidente Lacalle de que se iba a apostar a la solidaridad de los funcionarios públicos para contribuir en el Fondo Coronavirus y que, por dos meses, se gravarían los sueldos por encima de $ 80.000 líquidos es inobjetable.

Pero hubo protestas, se armó revuelo y también cosas peores. Hasta ahora, el peso de la crisis recaía con tremendo rigor sobre todos los trabajadores de la actividad privada, que veían y ven cómo se cierran sus centros de trabajo mientras hacen cola para ingresar en el seguro de desempleo.

Ocurre que los sueldos de la actividad privada los pagan las empresas también privadas (que pueden desaparecer si los números no les dan), mientras que los sueldos de los funcionarios públicos los paga el Estado mediante el aporte -vía impuestos y tarifas- de todos los ciudadanos uruguayos. Para hacerlo más claro: son los ciudadanos uruguayos quienes pagan sus estipendios y tienen la garantía de que el Estado no desaparece y que solo pueden perder su trabajo por destitución, fundada en base a las causales de ineptitud, omisión o delito y con venia del Senado de la República. Un trámite que los convierte en inamovibles, pase lo que pase.

En la actualidad el número de funcionarios públicos anda alrededor de 313.000, un 9% de la población, lo que constituye un récord histórico. Hay 73.000 funcionarios públicos más que cuando el Frente Amplio asumió el gobierno por primera vez en 2005 y significa un ingreso anual de unos 5.000 funcionarios durante los 15 años que estuvo en el poder.

La medida propuesta por el presidente Lacalle alcanza exclusivamente a unos 15.000 y el total de lo recaudado se estima en 12 millones de dólares, una parte mínima, pero muy válida de los 400 millones de dólares que el gobierno necesita para su Fondo Coronavirus. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, anunció que ese Fondo se financiará también con utilidades de las empresas públicas y bancos como el República, la Corporación Nacional para el Desarrollo y préstamos de organismo multilaterales.

Pero volvamos al pedido de “solidaridad” a los funcionarios públicos. Muchos compatriotas vivieron y recordarán la crisis del 2002. Tremenda. Con la sensación de que el país se caía a pique. Esa crisis la soportaron y la sufrieron exclusivamente las empresas y los trabajadores privados. Sobre todo estos últimos, que vieron cómo se perdían sus fuentes de trabajo, cómo se reducían sus salarios y conocieron cómo vivir desde el seguro de desempleo. Los públicos, impertérritos, siguieron cobrando sus salarios con aumentos, no vivieron con la amenaza (que se concretaba) de perder sus ocupaciones y de trámites por el seguro de desempleo nunca se enteraron.

Los miles que fueron a parar a los asentamientos que rodean Montevideo, no fueron precisamente egresados de las oficinas públicas. Fue el precio de una crisis que se descargó más salvaje sobre un sector de la población sin padrinos y sin capacidad de amenazar al país con una parálisis de sus servicios.

Guste o no guste esto fue así y sobre las espaldas de los privados y su sacrificio, el Estado respiró. Y luego con el sector agropecuario como abanderado, que superó con enorme velocidad el flagelo de la aftosa, y con el viento a favor de nuevos mercados y un alza en la cotización de los productos, se empezó a remontar desde el abismo. Ya en el 2004 Uruguay volvió a crecer, pero sus consecuencias llevaron años.

Hoy la historia es más grave. Porque se trata de una crisis sanitaria que azota a todo el mundo, donde ya se ha cobrado decenas de miles vidas y llegó a nuestro país. Un país que ya estaba con serias dificultades económicas porque el derroche de recursos (800 millones de dólares de Ancap, 300 millones de dólares de Pluna, 150 millones de dólares de la Regasificadora, 80 millones de dólares del Fondes, entre otros) llevaron a un déficit fiscal muy peligroso. Para que se tenga una idea, el presidente Jorge Batlle dejó el déficit en un 3%; la primera presidencia de Tabaré Vázquez lo bajó a 1,7%; Mujica lo trepó al 3,5% y en esta segunda presidencia de Vázquez, con la consolidación fiscal de Danilo Astori, se elevó al 5%, el equivalente a un agujero de 2.500 millones de dólares.

Con este panorama y un gobierno recién asumido, apareció el coronavirus. Pero también la firme decisión de un Presidente de salir adelante y dar la cara.

Ahí están las palabras del presidente Lacalle Pou: “Cuando decidimos tomar esta medida extrema es porque vamos a gastar, se necesita gastar. El foco está puesto en que los más vulnerables sean los más atendidos”. Ese es el camino y vamos por él.