EDITORIAL

“El hecho de que la Presidencia haya tenido a su disposición información sobre un caso de violación de derechos humanos y no haya actuado ante la Justicia, es un episodio de gravedad mayúscula que no se salda con justificaciones ni acusando a otros”.

El país vive horas muy delicadas en materia institucional. Son pocos los precedentes de una crisis de este tipo desde el regreso de la democracia, y demanda del gobierno acciones muy firmes, nada de lo cual se está viendo de parte del presidente Vázquez ni, y esto es lo más alarmante, de parte de las principales figuras de su partido.

La información es conocida. El diario El Observador informó el pasado fin de semana que el expediente fruto de un tribunal de honor militar, narraba la confesión del ex represor José Nino Gavazzo en cuanto a su responsabilidad al menos en la disposición final del cuerpo de un ciudadano muerto (probablemente debido a torturas) mientras estaba bajo custodia oficial. Ese expediente llegó a Presidencia, donde fue homologado, o sea, dado por bueno, pese a que allí se exoneraba a Gavazzo de cargos a raíz de ese hecho. Es más, uno de los generales que integró ese tribunal, y consideró que el hecho no afectaba al honor de la institución, fue pocas horas después designado Comandante del Ejército, el máximo galardón para un soldado de tierra.

Esto de por sí, ya es un escándalo mayúsculo, pero la cosa se pondría peor.
El pasado martes, El País informó que el secretario de la Presidencia, Miguel Angel Toma, tuvo una reunión con el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y dos abogados de esa cartera, donde se le advirtió del contenido de esos documentos, y se le recomendó hacer una denuncia penal, tal como exige la ley uruguaya cuando un funcionario público se entera de que se ha cometido un delito. Esa reunión fue a mediados de febrero. Y sin embargo, la oficina del Presidente no hizo nada, al menos hasta que se publicó la información en la prensa.

Al hacerse público el contenido de ese documento, el presidente Vázquez hizo una exhibición de autoridad, tardía e injusta, al decapitar al ministerio de Defensa, y a los seis generales involucrados en los tribunales de honor. Tardía, porque eso se debió hacer un mes antes, en cuanto se supo lo que había pasado. E injusta (palabra tal vez demasiado tibia), ya que se mancilló el honor de un ministro como Menéndez que, tras lo informado por El País, se sabe que hizo las cosas bien, y que además se encuentra en una situación penosa de salud.

El presidente Vázquez, tras las revelaciones periodísticas, confesó que no leyó el expediente, alegando que no puede leer todo lo que le llega, y dijo que todo el gobierno está a disposición de la Justicia. Sobre lo segundo, siempre todos los gobiernos están a disposición de la justicia, porque así lo impone la Constitución, no por gracia o generosidad del presidente de turno. Lo primero, es tan aberrante, que se comenta solo, y sumado a otros casos recientes, deja la sensación espantosa de que el principal responsable del país firma cualquier cosa que le ponen enfrente.

La primera pregunta clave es, ¿no informó el Dr. Toma a su jefe de lo que le dijo Menéndez? ¿Por qué no lo habría hecho? Si eso ocurrió, ¿cómo sigue en su cargo? Segunda pregunta, si Toma informó a Vázquez, ¿por qué no se hizo inmediatamente una denuncia? ¿Qué se esperaba? Vale señalar que si Presidencia hubiera hecho esa denuncia de inmediato, hubiera quedado muy bien parado políticamente. ¿Por qué se corrió ese riesgo? ¿Desidia? ¿Por proteger a alguien?

Pero también hay que hacer aquí una valoración política. Porque lo que ha pasado en los hechos, y más allá de florituras dialécticas como las que ha hecho el señor Javier Miranda (cuya imagen pública ya no puede caer mucho más) es que un presidente del Frente Amplio, por acción o por omisión, tomó acciones que ampararon nada menos que a Nino Gavazzo, tal vez el más emblemático represor de la dictadura militar. Hay que tener bien claro que si no fuera por la información difundida en la prensa, nadie sabría nada de todo esto.

También es llamativa la reacción de las entidades de derechos humanos en este país. Años y años hablando y denunciando el tema, y resulta que se conoce que un Presidente del partido que más ha usado el asunto en su plataforma política (pese a haber sido parte del pacto del Club Naval) tuvo una acción de este tipo, y sus principales voceros salen a apoyarlo. ¡Y a sugerir que se hará una marcha en su defensa! ¡Lo mismo el Pit Cnt! ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué estaría pasando en este país si quien hubiera hecho lo mismo que hizo Vázquez, fuera dirigente de otro partido?

El Presidente, el partido de gobierno, deben explicaciones a la sociedad. Explicaciones a fondo y realistas, y no excusas o ataques a terceros. La hora exige responsabilidad y máxima firmeza institucional.