El actual Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, ha puesto el dedo en el ventilador. Tal como hizo tantas veces dentro de ASSE, en la pasada legislatura.

Con buen criterio pretende dosificar los costos del Parlamento, en esta ocasión controlando el uso de suplentes. Su planteo, originado por Vega, del PERI, y es acompañando por la bancada del P.N., limita el pago de licencias a legisladores a un solo jornal, más allá de que ingresen varios de estos a sala o a comisión, el mismo día.

Para solicitar suplente el legislador puede alegar razones múltiples, entre ellas motivos personales, siempre que no se excedan los 30 días al año. Aunque habría que saber cómo hizo Pepe Mujica, quien pasó tanto tiempo ausente, dedicado a viajar por el mundo, cuando era legislador y no había coronavirus en la vuelta. Hoy, cuando un parlamentario pide licencia durante una sesión, se paga un jornal por cada suplente que participa. Si intervienen tres compañeros, representará una erogación suplementaria de unos $ 10.000 nominales por persona. No es mucho dentro del gran presupuesto, pero desde el 2015 a la fecha, el Congreso gastó por este concepto, US$ 3 millones. Al nuevo Presidente lo anima la voluntad de aplicar políticas de austeridad, en consonancia con la campaña del Partido Nacional. La iniciativa fue planteada a los 7 partidos.

¿Quién puede estar en desacuerdo en recortar gastos del erario público ilógicos o que no se justifican, en este Uruguay que tiene tan pocas posibilidades de avanzar, justamente a causa del peso aplastante del Estado? Nadie que tenga una visión de país que trascienda la mediocridad. Si se van a tomar resoluciones en este sentido más vale hacerlo en profundidad y no quedarse en la superficie. En estos tiempos se percibe en la sociedad un ánimo crítico hacia la política en general y hacia los políticos en particular. Una posición no exenta de riesgos, dado que la primera es esencial para vivir en democracia y en cuanto a lo segundo, se trata de separar la paja del trigo y para eso está el voto. Como en cualquier sector o grupo social, los hay buenos y malos y los países que progresan son los que tienen de los primeros.

No les falta razón a quienes critican lo que le cuesta a la ciudadanía el Poder Legislativo, sobre todo tomando conciencia de que los dineros públicos no existen. Todo proviene de los bolsillos de la gente. Pero hay que hundir un poco más el bisturí y ver cuánto hay de exceso de grasa y dónde se encuentra. En la actualidad el Palacio Legislativo cuesta unos US$ 150 millones anuales aproximadamente. El Parlamento Institucional, 130 legisladores entre diputados y senadores, representa US$ 20 millones al año, mientras el Parlamento Organización, demanda US$ 132 millones. La explicación de este desbalance se encuentra en la absurda triplicación de los costos funcionales, pues bajo el paraguas de la “autonomía” conviven 3 administraciones paralelas para todo, que superponen sus trabajos en tres ámbitos; la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y la Comisión Administrativa. Esta es un poder en sí misma. Creció sin prisa y sin pausa desde su creación en 1923, con motivo de la construcción del Palacio. Terminada la obra no desapareció, todo lo contrario. Siguió engordando hasta superar en personal a la Cámara de Representantes.

Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera se gestionó con el BID un crédito destinado a financiar una reforma del estado que contribuyera a apuntalar la recuperación democrática. Parte de ese dinero fue para una modernización del funcionamiento del Parlamento. La ejecución del préstamo llegó por fin, durante el segundo gobierno de Sanguinetti, con Hugo Batalla como Presidente de la Asamblea. Durante 2 años, a pesar de la abierta oposición de los empleados y la falta de respaldo de buena parte de los políticos, el equipo técnico hizo una radiografía interna a conciencia, que permitía llevar a cabo la indispensable reorganización. Se acababa la superposición de roles, se racionalizaba el eterno tramiteo (una ley demanda 27 pasos) etc. En el primer gobierno de Sanguinetti, se había recontratado a todos los empleados cesados y se les reconstituía la carrera como fuera. Todos ellos se agregaron a los que estaban trabajando y en ese momento llegaron a ser 1.600 funcionarios. Más de un 30% de esa plantilla eran jefes, directores, con un sobresueldo del 50% por dedicación exclusiva. Tras un estudio a fondo, se jubiló a la gente con causal, se pagaron despidos de 15 sueldos pero resultó que luego no hubo voluntad política para eliminar esas vacantes.

En semejante situación, el equipo del BID renunció. Entregó la documentación a cada legislador y 20 ejemplares a la Biblioteca Nacional y a la del Parlamento. DESAPARECIERON.