EDITORIAL

La Corte Electoral

El Uruguay votó el 24 de noviembre y recién el jueves 28 se terminó de confirmar qué fórmula presidencial había ganado la elección. Lo que para algunos puede ser un exceso de lentitud, es en realidad la prueba perfecta de que nuestra democracia cuenta con todas las disposiciones legales para dirimir con garantías completas resultados electorales bien reñidos.

En esa arquitectura institucional el protagonismo lo lleva la Corte Electoral. Hija de un país de hace ya casi un siglo atrás, en el que lo primordial para garantizar la paz cívica era dar certezas completas sobre la pureza del sufragio, y excepcional institución en el contexto de nuestro continente tan vapuleado por fraudes y manipulaciones electorales, la Corte Electoral se asienta como un mojón democrático fundamental de nuestra República.

Gracias a la confianza que todos le tenemos, se pudo esperar en paz por más de cuatro días quién sería el definitivo ganador de la contienda. Gracias a la seriedad de su trabajo, se pudo aceptar que de ninguna forma podría haber un fraude por parte del gobierno en un contexto electoral tan reñido. Gracias a su integración jerárquica, partidaria y neutral, que refleja la pluralidad del país, se sabe que es garantía de certezas y transparencia en los resultados de las urnas.

En los últimos años de la era frenteamplista se quiso poner en tela de juicio la arquitectura institucional que forja esta envidiable calidad democrática que es la nuestra. Primero, al insistir con aprobar el voto en el exterior del país, incluso a pesar de que el pueblo uruguayo soberanamente, en 2009, se opuso a tal posibilidad. En este proyecto frenteamplista, los votos en el exterior debían de emitirse ante las autoridades consulares del país, es decir, ante funcionarios del Poder Ejecutivo.

Ahora que ha quedado claro que lo más sagrado que tenemos es la independencia de la Corte Electoral, garantía de transparencia de todo el proceso electoral, ¿acaso no es evidente que de ninguna manera se puede admitir que el proceso del voto quede en manos de funcionarios del gobierno, en consulados o embajadas en el exterior?

Segundo, al poner en tela de juicio la independencia del padrón electoral. En estos años se ha querido ningunear a la credencial cívica como documento específico para el voto. Se la ha querido asimilar a la cédula de identidad, incluso con una práctica nefasta, que infelizmente se ha extendido en este proceso electoral, que consiste en admitir que el ciudadano se presente a votar con su cédula, y simplemente mencione su serie y número de credencial para poder sufragar.

Ahora que ha quedado claro que la legitimidad de nuestros resultados electorales, a veces ajustados a unas decenas de miles de votos, es la piedra angular de nuestra democracia y reposa en la independencia de la Corte Electoral, ¿acaso no es evidente que de ninguna manera se puede admitir que el proceso del voto quede ligado al ministerio del Interior, es decir al gobierno de turno, que es quien expide la cédula de identidad?

Ni voto en el exterior, ni vínculo con el ministerio del Interior, ni seguir modas de votos electrónicos que son enteramente manipulables, ni poner en tela de juicio la lentitud de los conteos por causa de una tonta exigencia de premura que no tiene finalidad en sí misma: la tarea de la Corte Electoral, sobre todo en la elección del balotaje presidencial, ha dejado en claro una vez más de que las mejores tradiciones deben ser conservadas si lo que queremos es seguir preservando la calidad de nuestra democracia.

No en vano somos el mejor país de la región y de los mejores del mundo en materia de garantías para el voto. No es casualidad que aquí nadie termine a los balazos porque durante días no se termina de dilucidar con exactitud un resultado electoral tan importante como es el de la presidencia de la República. Es porque nos dimos una ingeniería institucional seria, sólida, bien pensada y que funciona muy bien.

Ahora que el país abre generosamente un tiempo nuevo, importa mucho destacar el cúmulo de garantías que brinda la Corte Electoral a los candidatos, partidos y ciudadanía en general acerca de los resultados electorales. Deben ser por tanto enteramente desterrados los peregrinos intentos frenteamplistas de modificar dimensiones claves de esas garantías tan preciadas para el voto del pueblo.

El signo político del nuevo gobierno, que encarna tan bien la mejor tradición del país de garantías del sufragio, deberá reconocer la importancia de la tarea de la Corte Electoral y seguir apoyándola en su independencia.

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