Uruguay está considerado el país menos corrupto de América Latina de acuerdo con el último índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional. Es una excelente calificación que sigue la tónica general de nuestro país, con pocos altibajos a lo largo de su historia.

Se encuentra en el puesto 21 entre 168 naciones. Venezuela, por su parte, es el peor ubicado en materia de corrupción en la región: se encuentra en el puesto 158. Brasil en el 76 y Argentina en el 107.

La ubicación de Uruguay, si bien es bastante constante, no es vitalicia. Está sujeta a observación todos los años y no hay duda que la influencia de los países con los que el gobierno ha estrechado relaciones, aquellos con los que se ha encadenado por afinidades ideológicas y, por algunas cosas más, no es la mejor.

Si ese prestigio no se cuida, desaparece y el daño que ese retroceso puede provocar es enorme. No somos un país de gran potencial económico y, entonces, los valores cobran un significado mayor a la hora de atraer inversiones, cada vez más fundamentales en la apuesta al futuro. Ahí están los ejemplos de las "papeleras", que eligieron asentarse de este lado del río Uruguay. Lo que significaron como elemento de dinamización de la economía durante su construcción y lo que significan como puntos de exportación. Hoy son fundamentales en la vida económica del país.

El planteamiento del senador Bordaberry de crear una comisión parlamentaria para investigar la corrupción en Uruguay, apuntó precisamente a salvaguardar ese activo que hoy se tiene. Argentina por historia, Venezuela por conveniencia y Brasil por vecindad, han sido protagonistas de idas y vueltas en nuestro territorio. Es preciso desmarcarse y transparentar de la mejor manera posible la situación del Uruguay porque hay varias cosas que no cierran.

—Argentina. Tras la tensa situación que se vivió durante la primera administración Vázquez, Mujica buscó un acercamiento. Se aceptó jugar de payasos en el circo del Tren de los Pueblo Libres para respaldar la campaña electoral de CFK y así congraciarse con la señora. A partir de allí, el kirchnerismo se afianzó en varios sectores del FA y el gobierno, que inclusive tuvieron participación (hasta repartieron folletos en señal de "amistad") en las últimas elecciones argentinas.

La justicia uruguaya investiga la denominada "ruta del dinero K". Luego de ver cómo un alto funcionario kirchnerista buscaba enterrar su dinero al mejor estilo de los viejos piratas, la posibilidad de que se hayan trasladado importantes sumas al país a través del aeropuerto de Melilla o por Colonia es mayor. Hay sospechosas compra de bienes en Uruguay.

La presidenta CFK fue invitada de honor a la inauguración de la planta desulfurizadora de Ancap, aunque se desconoce el motivo. De acuerdo a las informaciones oficiales, el gobierno argentino no tuvo nada que ver en esa obra, pero llegó incluso con la Cámpora. Dicho sea de paso, la fiestita de recepción costó 360 mil dólares

—Venezuela. Los negocios con uno de los países peor ubicados en el mundo en materia de corrupción, provocan estremecimientos. Incluso en lo más rancio del frenteamplismo y para muestra alcanza solo con un ejemplo: cuando el diputado Jaime Trobo planteó en el Parlamento la reiterada presencia de un grupo empresarial (Aire Fresco) en las negociaciones con Venezuela, el actual senador José Mujica sorprendió a todos con un discursito en defensa de los intermediarios y la tarea de la intermediación en los negocios. Allí se supo que Daniel Placeres, diputado por el MPP, que convive en la misma chacra que el expresidente, había realizado la friolera de 85 viajes en los últimos tres años a Venezuela y había participado de reuniones en Caracas con el presidente Nicolás Maduro, junto con otro correligionario-empresario, Óscar Alaniz, integrante de la Dirección Nacional del MLN-Tupamaros, que también tenía interés en los acuerdos comerciales firmados. Sus negocios están vinculados con las ventas de arroz y pollos al exterior, a través de una firma denominada Aire Fresco según denunció Trobo.

—Brasil. En el marco de las investigaciones que lleva adelante la justicia brasileña se supo que la empresa OAS abonó a un ministro de aquel país la suma de US$ 3 millones para ganar la obra en la planta regasificadora emprendida por el gobierno de Mujica. Qué hizo ese ministro con el dinero o cómo se las ingenió para que ganara, por ahora nada se sabe.

A la luz de estos episodios, y quedan bastantes más, parece más que justificado el pedido de una comisión parlamentaria investigadora. El FA no la votó; parece que con el escándalo de Ancap hoy en la Justicia tiene suficiente y no quiere más.

EDITORIAL