Los buenos resultados obtenidos por los liceos públicos y gratuitos de gestión privada —como Jubilar, Impulso y Providencia en Montevideo, y Francisco en Paysandú— siguen irritando a autoridades de la enseñanza y a gremialistas.

La última novedad es que al club de enemigos de esas instituciones se añaden ahora dirigentes de izquierda, en su mayoría del Movimiento de Participación Popular, MPP, el grupo político de José Mujica.

Tan enconados están contra esas experiencias exitosas que proponen minar su fuente de financiación o sea las donaciones que realizan las empresas y que son el principal sostén de tales liceos. Como un alto porcentaje de esas donaciones se pueden descontar de los impuestos, legisladores del MPP pretenden reducir las cantidades que pueden donarse. Alegan que esas sumas de dinero constituyen una renuncia fiscal, es decir, recursos que deja de percibir el Estado. A tal efecto buscan incluir en la ley de presupuesto normas que limiten los montos que pueden volcar las empresas a entidades como el Jubilar.

En vez de preocuparse por mejorar la situación general de la enseñanza y articular medidas para superar la crisis educativa, los propulsores de la iniciativa están más interesados en sabotear un sistema de gestión que funciona bien y que presenta unas estadísticas envidiables. En efecto, los liceos públicos de gestión privada exhiben tasas de repetición bajísimas, unos promedios de asistencia a clase del orden del 95% y promociones de alumnos con formación satisfactoria. Cumplen además una elogiable obra social en barrios tan necesitados como el montevideano Casavalle, en donde están instalados Jubilar, Impulso y Providencia. Además, consiguen involucrar a las familias en las tareas de apoyo y mantenimiento de las instituciones, un anhelo de todo sistema educativo que se precie.

Políticos de izquierda, autoridades de la enseñanza y dirigentes gremiales que tanto suelen censurar a estos liceos innovadores deberían observarlos en detalle para apreciar si las experiencias que concretan son trasladables al conjunto del sistema educativo. Algo de bueno debe haber en su gestión y sus prácticas pedagógicas cuando sus resultados son positivos y la medida de su éxito se verifica cada año a la hora de las inscripciones. Limitados en sus recursos como están, no pueden incorporar a todos los interesados por lo que deben proceder a una selección entre los candidatos. Como requisitos para ingresar se exige que no hayan repetido previamente uno o dos años de clase y que tengan pleno respaldo de su familia.

En ese proceso de selección sus críticos centran las mayores objeciones. Se dice que los liceos públicos normales no ponen ningún límite y aceptan a todo tipo de educando, lo que explicaría las diferencias en los resultados. Sin embargo, cuando se comparan las estadísticas del Jubilar y los otros con los demás liceos la diferencia es tan grande que es imposible justificarla solamente por el proceso de selección. Baste recordar al respecto que casi la mitad de los que ingresan al conjunto del sistema liceal desertan sin completar la enseñanza media, una proporción que ubica a Uruguay entre los países con peores índices educativos de América Latina.

En medio de ese sombrío panorama la lógica indicaría que el foco debería ponerse en la situación general en lugar de dedicar esfuerzos a ponerle un palo en la rueda a los liceos públicos y gratuitos de gestión privada. Empero, por incomprensión, desconocimiento o por razones ideológicas no es así.

De este modo, a comienzos del actual período lectivo, la opinión pública quedó perpleja cuando la máxima autoridad de Secundaria señaló su inquietud por lo que hacían esos liceos, como si ese fuera uno de los problemas a resolver en el crucial momento del principio de las clases. Los sindicatos de la enseñanza tampoco se quedaron atrás cuando hicieron un paro dirigido, entre otras cosas, contra "instituciones como el Jubilar", como si de enemigos se tratara. Hasta la nueva ministra de Educación que no es precisamente una experta en la materia, se sintió obligada a ponerle peros a esas instituciones como si su situación fuera un tema prioritario para su cartera.

Ahora, como remate de esa escalada, hay dirigentes políticos de izquierda que apuntan contra Jubilar, Providencia, Impulso y Francisco. Quieren debilitarlos por el lado de sus finanzas con argumentos insostenibles. Tan insostenibles son que debe esperarse que en el Parlamento prime la sensatez y se permita que la experiencia educativa iniciada por el Jubilar siga adelante.

Editorial