Editorial

Contaminadora contumaz

Supongamos que una empresa petrolera extranjera tuviese una planta de refinación de petróleo instalada sobre la Bahía de Montevideo. Imaginemos que las instalaciones de esa planta contaminasen persistentemente las aguas de la Bahía, en contravención de las normas sobre protección del medio ambiente aplicables.

También podríamos agregar que la Intendencia ha impuesto a la empresa transnacional la multa más alta de acuerdo a lo estipulado en el Digesto Municipal (350 UR, o sea unos 290.000 pesos). Para terminar este escenario que, ahora sabemos, no es de ciencia ficción, agreguemos que la empresa llegó a la conclusión de que le sale más barato pagar las multas que invertir en las plantas de tratamiento necesarias para terminar, de una vez por todas, con los vertidos de contaminantes a la Bahía.

¿Cuál sería la reacción del sistema político ante semejante conducta? ¿Cómo reaccionarían la Dinama y la Intendencia, entre cuyos principales cometidos se encuentra el tutelar el medio ambiente acuático en la Bahía de Montevideo? Imaginémonos los gritos y protestas de los medioambientalistas. La indignación sería general en toda nuestra sociedad. Y con toda la razón. Porque lo que estaría haciendo esa empresa petrolera sería una barbaridad.

Pero, como informa la nota publicada por El País el lunes, eso es aproximadamente lo que está haciendo Ancap desde hace años, en su refinería de La Teja.

La gran pregunta es, entonces, ¿por qué nos habríamos indignado si esos vertimientos hubiesen sido efectuados por una empresa petrolera extranjera o, incluso, una empresa privada nacional, pero no reaccionamos con la misma severidad si quien contamina la Bahía de Montevideo es un ente estatal?

La nota periodística, entre otras bellezas, informa que todos los días la refinería de La Teja descarga en la Bahía de Montevideo un efluente residual que asciende a 40 kilogramos de hidrocarburos totales, 64 kilogramos de fenoles, 70 kilogramos de sulfuros, y 87 kilogramos de nitrógeno amoniacal. Más claro: la refinería aporta diariamente una carga orgánica equivalente a una población de 18.000 habitantes.

Un informe de técnicos de la Intendencia (en respuesta a un pedido de informes elevado por el edil nacionalista Javier Barrios) concluye que Ancap debería tener operativa la nueva Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE) aprobada por Dinama, desde hace dos años. Sin embargo, continúa el informe, "al día de hoy no existe plazo definido para la culminación de las obras y el comienzo de operación de la nueva PTE. De acuerdo a la información aportada por Ancap, al presente se encuentra en el proceso de licitación de una empresa constructora".

No es deslumbrante la preocupación por el medio ambiente de que hace gala el ente petrolero ni su eficiencia para poner en funcionamiento la indispensable Planta de Tratamiento de Efluentes.

En estos días los sufridos ciudadanos se han enterado que el plan estratégico de Ancap para modernizar sus dos plantes de Portland tenía una inversión estimada de US$ 118 millones, que hasta ahora se llevan gastados US$ 250 millones y que el actual gerente de la División Portland dijo en la Comisión Investigadora del Senado que se necesitaban US$ 230 millones más para poder poner a punto las dos plantas. Claramente, entonces, el ente ha dispuesto, desde hace mucho tiempo, de los fondos necesarios para instalar la Planta de Tratamiento de Efluentes en La Teja.

¿Por qué no lo han hecho?

Existen muchas respuestas posibles. Una de ellas es que la protección del entorno de la Bahía no es vista como prioritaria. Otra es que el escaso monto de las multas que puede aplicar la Intendencia y que la amenaza de clausura no es creíble. Ancap sabe que tiene una casi total impunidad para contaminar por su carácter de monopolio estatal.

Pero la verdadera explicación sería que la sociedad está dispuesta a tolerar esa conducta.

La Bahía de Montevideo es un bien común de todos los uruguayos.

Ancap contamina ese bien común y, en los hechos, prefiere pagar las multas que le impone la Intendencia a acelerar la instalación de una Planta de Tratamiento de Efluentes que debería existir desde hace décadas.

Como resultado, el ciudadano sufre dos perjuicios: el primero es el deterioro del medio ambiente de la Bahía, el segundo es el costo de aquella multa que Ancap —ente monopólico— traslada a los consumidores.

En síntesis, los dueños de la Bahía de Montevideo subsidian al ente público para que continúe contaminando ese bien común.

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