Aunque pasaron ca-si 15 meses desde que se aprobó la ley que reguló la marihuana, sigue demorada su plena aplicación a la espera de que se resuelvan las interrogantes que plantea su producción, venta y consumo.

Los problemas a resolver no son sencillos como se insinuó en un principio y con ciertas dosis de triunfalismo bajo la anterior administración. Las dudas abarcan asuntos que van desde el autocultivo hasta su venta en las farmacias mientras prosigue una situación de hecho, repleta de zonas grises, en donde las autoridades no saben bien cómo conducirse y en donde se comprueba un flagrante aumento del consumo del cannabis especialmente entre las nuevas generaciones.

El tema está actualmente en la consideración internacional con la imagen de Uruguay como uno de los países líderes, aunque existe la errada creencia de que la ley ya está vigente en nuestro país en donde muchos creen se fuma marihuana casi sin restricciones. Hay cuatro Estados norteamericanos que permiten la venta de marihuana medicinal y con fines recreativos al tiempo que el nuevo gobierno de Canadá analiza su despenalización. La inquietud se extiende a los países de la región que reunidos hace poco en Montevideo, en el marco de Unasur, colocaron entre sus prioridades la búsqueda de soluciones al problema de las drogas y tomaron nota sobre la experiencia uruguaya con relación a la marihuana.

Es que en el mundo crece el interés en el asunto tal como señala una reciente investigación de la revista británica The Economist, partidaria de la liberalización del cannabis, siempre y cuando se resuelvan previamente algunas cosas, entre ellas qué impuestos aplicarle, qué variedades son aceptables, quiénes la venderán y a quiénes. Según esta publicación hay dos grandes razones para actuar con precaución en la materia. Una es que la marihuana puede crear una situación de dependencia en una minoría de consumidores; la otra es que, según las investigaciones clínicas efectuadas hasta la fecha, hay dudas sobre los efectos que el consumo de esa droga puede producir en los consumidores en el largo plazo.

La revista explica que la política impositiva respecto al cannabis puede emplearse como instrumento tanto para desalentar el consumo como para tornarlo más competitivo ante su ven-ta clandestina. Otro tema a cuidar —aconseja The Economist— es qué clase de marihuana se pondrá a disposición del público ya que hay variedades más tóxicas o "concentradas". En cuanto a la venta no se define, pero advierte que la publicidad del producto no debería admitirse en ningún caso. Con respecto a los consumidores, sugiere que se les informe de manera precisa sobre todos los efectos y riesgos del consumo.

Los responsables de este tema en Uruguay deberían tomar nota de tales prevenciones dado que los expertos sostienen que el éxito o el fracaso de toda política liberalizadora del cannabis reside en cómo se definen los principales aspectos de su regulación. Una reciente nota informativa publicada en este diario indicaba que tanto la policía como los farmacéuticos y los funcionarios de organismos estatales albergan dudas de todo calibre, sobre la implantación del nuevo sistema. Mientras esas dudas persistan y haya zonas grises en donde no está claro cómo actuar, no debería habilitarse la producción, la venta y el consumo de marihuana tal como lo prevé la ley 19.172.

En suma, hay demasiados problemas pendientes de solución como para creer que es factible que la ley entre en vigencia en agosto como anunció sin disimular su optimismo, uno de los funcionarios responsables de la introducción de la marihuana legal. Entre esos problemas figura además la falta de coherencia que se anota en las políticas del gobierno respecto a la marihuana en comparación con el tabaco, tal como señaló en Búsqueda, días atrás, el vicepresidente de una multinacional tabacalera de paso por Montevideo. Según él, mientras el Estado uruguayo combate fieramente el cigarrillo aduciendo que la combustión del papel genera sustancias tóxicas dañinas para la salud, no hace lo mismo con la marihuana, pese a que esta plantea idénticos riesgos.

La observación es atinada y tal vez sirva para explicar por qué Tabaré Vázquez, el exitoso propulsor de la campaña antitabaco, no luce muy entusiasmado con la ley del cannabis que le legó su antecesor, José Mujica. Parece difícil que alguien como el actual presidente que predica a ultranza contra el vicio de fumar, aparezca habilitando que se fume marihuana, otra droga al fin.

Editorial