Editorial

Consejo de Censura Audiovisual

Si para el primer mandatario informar sobre la violencia puede llegar a ser terrible, obsceno y promotor de más violencia, ¿qué conducta fiscalizadora se puede esperar de sus futuros designados? ¿Qué clase de metralleta le estamos dando por ley al mono?

Con 50 votos a favor, todos de la bancada oficialista, la cámara de Diputados aprobó el artículo 144 de la Rendición de Cuentas, que crea cinco cargos de particular confianza para integrar el polémico Consejo de Comunicación Audiovisual, un órgano creado por ley para controlar a los medios.

Tendrá un presidente que cobrará 141 mil pesos por mes, designado directamente por el Poder Ejecutivo, y otros cuatro integrantes que percibirán 121 mil cada uno, cuya elección intenta ser monopolizada también por el Frente Amplio.

Vale la pena volver sobre las atribuciones que la popularmente conocida como "ley de medios" asigna a estos cargos.

Por un lado, tendrán la potestad de auditar a los canales de televisión y las radios, lo que no agrega nada nuevo, porque si en algo ha sido efectivo este gobierno, fue en instaurar una auditoría permanente de empresas y personas, no solo a través de las inspecciones de las dependencias especializadas, sino por intermedio de la ley eufemísticamente llamada de inclusión financiera, gracias a la cual conoce al detalle de dónde viene y adónde va cada peso que recibimos y gastamos.

El Consejo tiene otra misión que resulta más novedosa, al menos para la tradición de respeto a la libertad de expresión que ha caracterizado la historia independiente del país, con las solas excepciones de los períodos dictatoriales de los años 30 y 70 del siglo pasado.

Resulta que estas cinco personas, una designada por el presidente y las otras cuatro por la bancada oficialista mayoritaria, tendrán a su cargo el control de los contenidos que emiten los medios, pudiendo apercibirlos o sancionarlos en caso de incumplimiento de ciertos parámetros definidos por la misma ley.

El tema podría ser meramente formal y no tan grave. En principio parece razonable que alguien controle, por ejemplo, que no se exhiba pornografía o imágenes truculentas en horarios de protección al menor, o que no se realice publicidad engañosa. El problema está en el inmenso, inconmensurable margen de discrecionalidad a que puede dar lugar la interpretación de los eventuales excesos. Y la verdad es que en eso, últimamente, estamos curados de espanto. Hace escasas semanas, un sindicato de artistas resolvió sancionar a uno de sus afiliados por expresar públicamente una posición discrepante con algunos colegas defensores del gobierno. El sindicato instó a advertir a quienes osaran trabajar con la oveja descarriada, que informaran sobre su decisión, porque se reconoció explícitamente que el subsidio estatal a la creación artística está atado a la pertenencia a esa organización gremial. O sea que los recursos que aportamos todos los uruguayos con nuestros impuestos, cualquiera sea nuestra opción partidaria, terminan siendo distribuidos con criterio sectario por los inquilinos del poder. Resulta inquietante imaginar que cinco personas de esa misma cofradía, con la potestad de decidir qué debemos ver en la tele, usen un criterio semejante. Máxime cuando el presidente Vázquez acaba de declarar algo más que cuestionable, no ya en el calor de una discusión callejera con colonos ofuscados, sino en la calma y solemnidad de un discurso ante la Masonería: "El bombardeo de imágenes, escenas, alusiones e informaciones que recibimos día a día desde los medios de comunicación masiva es terrible, por no decir obsceno, y contribuye a generar inseguridad y, seguramente, más violencia". Si para el primer mandatario informar sobre la violencia puede llegar a ser terrible, obsceno y promotor de más violencia, ¿qué conducta fiscalizadora se puede esperar de sus futuros designados? ¿Qué clase de metralleta le estamos dando por ley al mono?

Uno no puede menos que evocar aquella amable visita policial a una galería de arte, instando a descolgar un cuadro que mostraba a Mujica y Topolansky cual Adán y Eva. Si una obra tan ingenua (y paradójicamente aduladora del poder) pudo ser pasible de semejante censura oficial, ¿cuánto más puede caber al periodista que se anime a mostrar la cara menos grata de esta sociedad fragmentada y autodestructiva?

Y a prepararse con los nuevos popes de la corrección política. Ya nos imaginamos a los canales evitando la exhibición de la película de Tarantino donde aparecía aquella frase de "Prohibida la entrada a perros y mejicanos". Si hasta padecimos a jerarcas municipales hostigando al bolichito que lo escribió con tiza en una pizarra, como un chiste.

En su agónico último año de gestión, el Frente parece haberse perdido en su propio laberinto de intolerancia e improvisación.

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