EDITORIAL

La organización del Congreso de Educación reposa sobre una lógica que pudo ser novedosa en 1917, pero que ya nadie utiliza para resolver los grandes temas de una sociedad. Esto ha conducido al agotamiento definitivo del formato.

Por tercera vez en pocos años, los uruguayos asistiremos desde lejos a la realización de un Congreso Nacional de Educación. Se trata de una liturgia introducida por los gobiernos del Frente Amplio que, en nombre de una participación masiva que nunca ocurre, funciona como una vitrina para que algunas corporaciones y grupos políticos hagan una exhibición de poder.

En los papeles, el Congreso se alimenta de una serie de asambleas territoriales que se hacen en toda la República para recoger el sentir de los ciudadanos. En los hechos, esas asambleas son reuniones frecuentemente pequeñas (el quórum exigido es de 15 personas) y el debate, lejos de ser espontáneo, está fuertemente condicionado por la agenda de los aparatos militantes que se esfuerzan por controlarlas.

El Congreso Nacional de Educación nunca logró tener legitimidad. La primera edición transcurrió en un clima donde campearon la prepotencia y la intolerancia. Tan así es que el entonces director general del Ministerio de Educación, el señor Pablo Álvarez, reconoció que hubo gente que se sintió "apartada". El segundo congreso fue apenas mejor.

Ahora, las autoridades educativas están dedicando una enorme porción de su tiempo y de su energía a la preparación del Tercer Congreso, que se realizará en el mes de diciembre. Y el problema de la falta de representatividad se presenta más grave que nunca.

A mediados del año 2016, los cinco partidos con representación parlamentaria fueron invitados a participar de la Comisión Organizadora del Congreso. Por diferentes razones, el Partido Independiente y Unidad Popular declinaron la invitación. El Partido Nacional aceptó pero acaba de bajarse. Quiere decir que el Congreso solo cuenta hoy con el respaldo de dos partidos políticos: el Frente Amplio y el Partido Colorado.

Pero no solo ocurre que la mayor parte de los partidos le dieron la espalda. También hay problemas por el lado gremial. En el correr del presente año, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y las Asambleas Técnico-Docentes de Primaria abandonaron la Comisión Organizadora. La participación de Fenapes está en duda por una coincidencia de fechas que nadie quiso evitar. Cuanto más nos acercamos a la sesión plenaria final del Congreso, menos organizaciones aparecen apoyándolo. La razón de esta falta de entusiasmo es fácil de entender. El oficialismo insiste en darle al congreso un formato piramidal casi leninista, con asambleas de base que se reúnen y envían delegados a una instancia superior. Pero tampoco llegan a aplicar del todo la lógica del centralismo democrático. El resultado es que la propuesta resulta inaceptable para quienes creemos en la democracia parlamentaria, mientras que la ejecución deja insatisfechos a quienes creen en los soviets como manera de construir poder.

La organización del Congreso de Educación reposa sobre una lógica que pudo ser novedosa en 1917, pero que ya nadie utiliza para resolver los grandes temas de una sociedad. Esto ha conducido al agotamiento definitivo del formato. Formato, dicho sea de paso, que no es exigido por la Ley de Educación, que solo describe al Congreso como un "ámbito nacional de debate" y se limita a exigir "una integración plural y amplia". Todo lo demás es modificable.

Lo asombroso es que el oficialismo tuvo una oportunidad de corregir el rumbo, porque el Partido Nacional presentó un conjunto de propuestas orientadas a renovar el formato. Esas propuestas sugerían incluir voces que hasta ahora no han estado presentes, como la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), las de las universidades públicas y privadas, o las de las organizaciones de la sociedad civil como Eduy21 o la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. También pretendían afirmar el carácter ciudadano, no corporativo, de las decisiones que el país tiene que tomar en materia de enseñanza, para lo que se proponía que la mesa que dirija las sesiones finales del Congreso estuviera siempre presidida por un legislador perteneciente a alguna de las dos comisiones de educación del Parlamento. Pero la Comisión Organizadora se resistió durante casi un año a considerar estas propuestas y, cuando finalmente lo hizo, rechazó la gran mayoría. Todo eso condujo a que el Partido Nacional decidiera retirar a su representante de la Comisión Organizadora, y a que anunciara que no reconocerá la representatividad de esta reunión ni la legitimidad de sus eventuales resoluciones.

Pero esta negativa de la Comisión Organizadora a considerar un formato renovado tuvo además una consecuencia más grave: el Congreso Nacional de Educación volverá a ser una aparatosa liturgia que consumirá recursos, tiempo y energía sin que el país se inmute en lo más mínimo ante lo que se diga o se apruebe en ese ambiente enrarecido.